Por César Urrutia
El Mundo,
03/12/2016.
El sector bancario español deberá asumir al menos durante
dos años más la competencia directa y creciente de las entidades donde el
Estado mantiene participaciones relevantes, fundamentalmente BMN y Bankia. El
Gobierno indicó ayer que, pese a las advertencias de la Comisión Europea sobre
la falta de avances en este proceso, retrasa la fecha tope de privatización
desde finales de 2017 a finales de 2019.
La participación pública en estos dos bancos, sobre todo el
segundo, es algo que el resto del sector bancario considera una «anormalidad»
del mercado español que debe corregirse cuanto antes. Aunque la participación
estatal se gestiona a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB), la estrategia comercial de los bancos es independiente y, en el caso de
Bankia, bien valorada.
Con todo, a medida que esta entidad avanza en su plan de
saneamiento de activos y hace más competitivo su plan de negocio con medidas
como la supresión de comisiones a los clientes, el malestar crece. Los bancos
reconocen en cualquier caso que la prioridad del Gobierno debe ser la
recuperación de los recursos públicos invertidos en el rescate de estas
entidades.
Banco Mare Nostrum (BMN) -resultado de la fusión de Caja
Murcia, CaixaPenedés, Caja Granada y la mallorquina Sa Nostra recibió ayudas de
1.645 millones de euros. Bankia por su parte recibió 22.400 millones de euros,
aunque para estimar el coste actual habría que tener en cuenta factores como la
amortización de preferentes, los dividendos pagados al Frob y los ingresos de
1.600 millones de euros por la venta en 2014 de un paquete del 7,5% de la
entidad.
La vía para recuperar todo este capital pasa por la
privatización de la participación del Estado, que asciende al 64% y, aunque fue
el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, quien promovió la fecha de
2017 para ejecutar la operación. Los tiempos han cambiado. Ayer, en el Consejo
de Ministros, el responsable de Economía argumentó que «no tiene sentido» estar
«constreñidos» por los plazos anteriores.
La medida ahora corregida fue impulsada por el propio
Gobierno en 2012 cuando, quizás, se pensaba que cinco años sería un plazo
suficiente para revalorizar las entidades quebradas. La realidad es que aunque
Bankia ganó 1.039 millones de euros el año pasado, su cotización actual (0,83
euros por acción) está penalizada por las dudas del mercado sobre la capacidad
del sector para ser rentable y deja muy lejos la posibilidad de que la
privatización compense el esfuerzo de los contribuyentes.
La ampliación del plazo permitirá a Guindos y al Frob
gestionar la posible absorción de BMN por Bankia el próximo año, un proyecto
que Jaime Ponce, presidente del fondo ha encargado a la firma Analistas
Financieros Internacionales (AFI). Algunas entidades como Bankinter han
manifestado su opinión contraria a una fusión entre los dos bancos públicos sin
una subasta previa de BMN en el mercado.
Entre las posibilidades que podrían barajarse figura también
la venta de paquetes de la participación del Estado en Bankia, cuyo valor total
en Bolsa asciende a día de hoy a 9.800 millones de euros.
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