Por Eugenio Ribón
Seisdedos
Público.es,
21/01/2017.
No es extraño que en el Real Decreto-ley 1/2017 publicado
hoy en BOE, no haya una sola referencia al art. 51 de la Constitución que
impone a los poderes públicos la obligación de garantizar la defensa de los
consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Y no es
extraño, porque la norma no protege a los consumidores, sino a la banca. El
Gobierno, con la complicidad de quienes silentes en la Cámara lo consienten,
actúa de amanuense de las entidades financieras transcribiendo en el Boletín
Oficial del Estado el dictado de la banca. Fiel a sus intereses, sumiso a sus
órdenes, indiferente ante el sufrimiento que ha supuesto para muchas familias
la pérdida de sus hogares por quienes, en contra de la buena fe, minaron de
condiciones abusivas sus contratos y se llevaron sus esperanzas.
Con la complacencia de nuestra clase política se ha
expoliado a nuestra sociedad. A nuestros mayores, aquéllos que no disfrutaron
de un capricho para otorgarnos las posibilidades que ellos no tuvieron, se les
robó sus ahorros con la colocación masiva de preferentes, obligaciones
subordinadas y otros productos complejos de altísimo riesgo que nunca pidieron.
A nuestros jóvenes, se les condenó a penas de 40 años de hipoteca, con una
artificiosa inflamación de la valoración de sus hogares y mediante la imposición
de contratos próximos al vasallaje medieval en lugar del estado social en que
debíamos vivir. A la clase media se le esquilmó, a través de la manipulación de
cuentas, auspiciadas por quien fuera el mismísimo Ministro de Economía y
Director Gerente del Fondo Monetario Internacional con aquélla salida a bolsa
de Bankia, que nada valía.
Con el Real Decreto-ley hoy publicado, no se protege a los
consumidores, se les engaña nuevamente. El mismo Gobierno que durante años
consintió la aplicación de la cláusula suelo y que durante el proceso ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea se alineó con la banca en contra de
los usuarios defendiendo que no se devolviera las cantidades indebidamente
percibidas, vuelve a dar la espalda al ciudadano.
En primer lugar el Real Decreto-ley maltrata y olvida una
vez más a los pequeños autónomos y modestos empresarios (el 99,2% de nuestro
tejido empresarial) a quienes también se engañó con la cláusula suelo. En
segundo término restringe el concepto normativo de consumidor expulsando a
Comunidades de Propietarios y Organizaciones sin ánimo de lucro. En tercer
término, cuando ya existe una sentencia firme del TJUE que les obliga a la
devolución íntegra de cantidades, concede a la banca un nuevo plazo de 4 meses
para responder (muy superior al que tuvieron gran parte de los desahuciados que
perdieron sus hogares y a los que las entidades no dieron esa tregua). En
cuarto lugar, en caso de formalización de escritura pública e inscripción
registral tras el acuerdo extrajudicial no impone al banco tampoco la asunción
de dichos costes. Como quinta perla, deja en manos de las entidades que de
manera enmascarada impusieron esta opaca condición, el cálculo de las
cantidades que hubieren percibido. Como sexta joya, les dispensa de soportar
los gastos judiciales que pudieran ocasionarse (un privilegio que ni siquiera
tienen instituciones como Cruz Roja o las asociaciones de utilidad pública
siendo diferente la exoneración de costas procesales al beneficio de abogados o
procurador gratuito que reconoce la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita). Y
finalmente, no establece sanción alguna, para quienes han esquilmado el fruto
de nuestros ahorros.
Retorcer la legalidad y el pronunciamiento del TJUE en perjuicio
de los miles de consumidores afectados y en beneficio de la banca supone
despreciar miserablemente las penurias que han padecido y padecen tantas
familias. No puede premiarse a las entidades que impusieron una cláusula
abusiva que ha sido calificada como “engañosa” y “enmascarada” sin la asunción
del coste económico por su conducta abusiva y hacer recaer dicha carga en el
consumidor cliente, castigando a la parte contratante que ha sido inocente, y
cuya buena fe ha sido sorprendida por aquélla entidad. No puede protegerse a
las entidades financieras que han empleado cláusulas suelo de manera poco
transparente.
Los tres Magos del Congreso entregan hoy su tributo a sus
dioses: oro, incienso y mirra para la banca en forma de Real Decreto-ley.
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