Por Eduardo Bayona
Contexto.es,
21/01/2017.
La banca confía en el tripartito informal PP-PSOE-C’s. Y lo
demuestra con hechos, según certifica el Tribunal de Cuentas (TCu) en el
reciente informe en el que fiscaliza la campaña electoral del 20 de diciembre
de 2015: concedieron a los tres primeros casi 27 millones de euros en créditos
con los que cubrieron casi dos tercios de su presupuesto.
PP, PSOE y C’s recibieron con esos 27 millones de euros en
créditos casi el 80% de la financiación que sumó en esas elecciones todo el
espectro político, aunque el grado de confianza fue dispar. Los conservadores
recibieron la mayor cifra --10,7 millones--, aunque esta solo supuso el 49,5%
de su presupuesto, mientras los socialistas, entonces liderados por Pedro
Sánchez, obtuvieron 8,6, con los que cubrieron el 60,3% de sus previsiones. Sin
embargo, llama la atención el peso de la financiación bancaria en las cuentas
electorales de Ciudadanos: 7,6 millones que cubrieron el 99% de sus 7,7 de
gasto. No está mal para un debutante.
El dictamen también revela que la banca no desconfía de los
presuntos separatistas catalanes: otorgaron a ERC y Democràcia i Llibertat
sendos paquetes de préstamos por algo más de un millón de euros con los que la
primera formación cubrió dos tercios de su intendencia y la segunda, casi la mitad,
lo que denota el escaso temor que, lo mismo que sus eventuales riesgos de
insolvencia en caso de que España fuera a romperse, ambos provocan a los
señores del dinero.
En cualquier caso, el informe del Tribunal de Cuentas
certifica por enésima vez que las campañas electorales constituyen una
actividad fuertemente subvencionada: los partidos aportaron directamente tan
solo 7,39 millones de los más de 55 que se gastaron –un euro de cada siete-
mientras Papá Estado adelantaba 16,38 –más del doble-- a cuenta de las futuras
ayudas en función del resultado y la banca financiaba, con 33,92, casi dos
tercios del presupuesto.
Los partidos políticos declararon gastos electorales por
valor de 55,74 millones de euros, casi dos tercios de los cuales fueron
movilizados por PP --20,16, sumadas sus coaliciones-- y PSOE --14,25--. Sus
inversiones quedan muy alejadas de las que realizaron las cuatro formaciones
que les siguen en representatividad: Podemos y su galaxia --4,02--, Ciudadanos
--7,72--, ERC --1,51-- y Democràcia y Llibertat --2,25--.
¿A cuánto sale el
escaño?
No obstante, la valoración de los ingresos tiene trampa. Las
aportaciones privadas que los partidos dedicaron a la campaña ascendieron solo
a 47.360 euros: 30.360 de C’s, 11.550 de UP, 3.964 de Nós, 1.090 de
Podemos-Alto Aragón en Común y 400 de DL. Sin embargo, el TCu no tiene constancia
de qué cantidades recibieron –esas formaciones y el resto-- en esas fechas, lo
que le lleva a proponer una reforma de la Ley de Financiación de Partidos: que
las entregas de dinero que les llegan entre la convocatoria de unas elecciones
y su celebración “se entendieran efectuadas, en todo caso, para financiar el
proceso”. También propone regular el chequeo de los microcréditos, que
supusieron el grueso de los ingresos de Podemos.
La comparación de los rendimientos que obtuvieron los
partidos ofrece resultados llamativos. Al bipartidismo le sale el escaño a unos
160.000 euros --163.000 en el caso del PP y 158.000 en el del PSOE--, coste que
casi triplica el de Podemos y las confluencias --58.000-- y que se queda muy
por debajo del que le resulta a Ciudadanos, al que cada acta le costó 193.000.
Aunque a ninguno de ellos le sale tan caro como a Democrácia i Llibertat,
formación cuyos costes se disparan hasta los 281.000 euros.
ERC optimiza la inversión un poco peor que los dos
principales partidos, ya que le cada miembro del grupo parlamentario le sale
por algo más de 167.000-, mientras que el castigo de la Ley Electoral a IU
–Unidad Popular, el pasado invierno-, que solo tradujo en dos escaños los
923.105 votos con los que estuvo cerca de duplicar los apoyos de ERC y DL,
dispara los costes de cada acta de manera desmesurada por encima del millón de
euros.
Gastos sin justificar
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el
20-D plantea implícitamente algunas preguntas inesperadas. Una de ellas es la
que lleva a plantearse qué servicios
puede prestar una inmobiliaria, que a su vez es filial de una empresa dedicada
a la gestión y el saneamiento de agua, a un partido político durante una
campaña electoral. El órgano de fiscalización se ha quedado con las ganas de
saberlo.
A ese perfil empresarial responde Asesoramiento Eficaz
Técnico, una firma madrileña que, según consta en el Registro Mercantil, se
dedica a la compra, venta y alquiler de fincas rústicas y urbanas y cuyo
accionariado controla otra firma que opera en el campo de la gestión de redes
de suministro de agua y tratamiento de residuos. “No puede ser, nosotros no tenemos
nada que ver con esa empresa y no hemos hecho ningún trabajo relacionado con
ninguna campaña electoral”, señala una empleada del accionista mayoritario
-único- tras dejar claro que, pese a las repetidas llamadas de CTXT, su jefe no
va a hacer un hueco en su agenda para tratar el tema.
Según el informe de que ha realizado el Tribunal de Cuentas
(TCu), Asesoramiento Eficaz Técnico SAU ha eludido justificar a qué productos y
servicios corresponden los 382.236 euros que le facturó esa campaña al PP,
según la información facilitada por esta formación.
Los proveedores de los conservadores han sido, con creces,
los que más complicado se lo han puesto al Tribunal de Cuentas (TCu) en su
tarea de fiscalizar las cuentas de los
partidos y coaliciones que concurrieron a las elecciones generales del 20 de
diciembre de 2017: más de la mitad de las empresas -25 de 45- que incumplieron
la obligación de justificarle los productos y servicios por valor de 3.699.460
euros que estos dicen haber recibido de ellas habían trabajado para el PP, cuyo
gasto pendiente de chequeo suma facturas por 2.843.271 euros, señala el
tribunal en su dictamen.
El 73% de las
empresas y el 81% del dinero
Los proveedores del PP suman el 55,5% de las sociedades que
no han informado al TCu y el 76,8% de los gastos no justificados ante el
organismo fiscalizador, tasas que ascienden al 73,3% y al 81,8% si se le añaden
las facturas por 184. 267 de ocho proveedores de las coaliciones con el Foro
Asturiano y el Partido Aragonés de las que el tribunal asegura no tener
justificación.
Algunas de ellas aseguran haberlo hecho después, caso de la
empresa de paquetería MRW (Urbequipo), que sumaba facturas por valor de 521.579
euros por los servicios de mensajería efectuados durante la campaña. “Está
justificado, se lo puedo asegurar”, señalan en la empresa. Sí presentaron la
información antes de que el TCu cerrara su informe, varias más, entre las que
no se encuentran la firma madrileña de mensajería Cibeles Mailing -665.118
euros- ni la barcelonesa de artes gráficas Sundisa -531.162-.
“Hemos trabajado para varios partidos, pero no me consta que
nos hayan pedido nada” desde el Tribunal de Cuentas, señala uno de los
responsables de Cibeles Mailing, empresa que ensobró buena parte de los sobres
que los ciudadanos recibieron en sus casas con las papeletas de las formaciones
de su circunscripción en vísperas del 20-D. “Hay una forma muy sencilla de
certificar nuestro trabajo”, añade, perplejo por la aparición de la empresa en
el informe, la misma fuente. Se refiere a que Correos certifica uno por uno las
cartas que ellos preparan para aplicarles el franqueo. Sundisa, por su parte,
no ha respondido todavía a las preguntas de CTXT.
El listado de empresas que trabajaron para el PP y que no
han cumplido con el TCu incluye al menos una de carácter público como
Promálaga, la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales del
Ayuntamiento de Málaga, que tiene pendientes de justificar una facturación de
14.724 euros. No es la única del ramo que incumple sus obligaciones con el
órgano de fiscalización: le ocurre lo mismo a Fira Internacional de Barcelona
con los 23.172 que declara haberle pagado Esquerra Republicana.
El listado de partidos cuyos proveedores incumplen la
obligación de informar al TCu incluye, aunque con cifras muy inferiores a las
de los conservadores, a Democràcia i Llibertat –la última versión de Convergència--
con 415.066 euros de cinco empresas, Geroa Bai con 122.913 de una productora
audiovisual y el PSC con 78.200 de tres sociedades, mientras PSOE y Podemos
aportan sendos incumplimientos con un suministro por 17.685 y 14.822 euros; el
primero de ellos en su coalición con Nueva Canarias.
¿Es la tradición del
autocar un gasto electoral?
En cuanto a los gastos, el envío de propaganda electoral se
llevó, con 19,15 millones de euros, algo más de la tercera parte del gasto de
los partidos, que dedicaron otros 36,21 a “operaciones electorales ordinarias”.
Aunque no todos los partidos comparten los criterios del TCu en ese apartado.
Concretamente, en el caso de PP y PSOE, en cuanto a la tradicional movilización
de militantes y simpatizantes en autocares para animar los mítines de los
principales candidatos.
El Tribunal de Cuentas considera que la contratación de los
transportes no es un gasto de carácter electoral imputable a la campaña y, por
lo tanto, susceptible de ser financiado mediante subvenciones. El PSOE, que en
diciembre se gastó 226.148 euros en 24 movilizaciones para actos de campaña,
muestra su perplejidad por el cambio de criterio del TCu, que en junio había
dado por buenas tres facturas de autocares de Alicante y Asturias que sumaban
66.693 euros. Al PP le ocurre algo similar con tres facturas que suman 39.752
euros por “alquiler de autobuses para el desplazamiento de asistentes a actos
electorales.
“Produce una sensación de incertidumbre e inseguridad”,
señala el administrador de los socialistas, “apreciar que en una cuestión tan
sensible como el gasto electoral, las circunstancias son cambiantes, atendiendo
simplemente a razones, cree esta parte, de oportunidad”. “No entiende esta
parte cómo encontrándose los gastos acometidos en concepto de alquiler y
servicios de autocares íntimamente vinculados a la campaña electoral (…) no se
consideran gastos electorales a efectos subvencionables”, añade, en lo que
supone una declaración tan cultural como administrativa.
Ese posicionamiento coincide con el del PP, cuya
administradora se refiere al gasto en acarreo de militantes como algo “habitual
y necesario para el desarrollo de tales actos electorales, ya que en mítines de
gran asistencia, por razones de seguridad y organización es necesario ayudar al
desplazamiento de los asistentes”. Desde esa premisa, resulta tan lógico como
paradójico abogar por que esos viajes se paguen a escote entre todos: votantes,
no votantes y votantes de otros partidos.
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