Por Nacho Cardero
El Confidencial, 16/01/2017.
Lo que se percibe estos días en las sedes palaciegas de la
banca es un ambiente de funeral. Lejos de los cánticos festivos de primeros de
año, por eso de que este ejercicio iba a ser el del despegue gracias a unas
menores provisiones y a una nueva etapa de subida de tipos, lo que han empezado
a entonar las entidades son melodías fúnebres y coplas manriqueñas.
A la 'bola' de cláusulas suelo que les viene encima, hay que
sumar el previsible aluvión de demandas por gastos hipotecarios, préstamos
multidivisas, daciones de pago* y un largo etcétera del que se conoce su
principio pero se ignoran su final y el impacto que va a tener en sus cuentas
de resultados.
Solo en los gastos hipotecarios que han sido abonados por el
prestatario, y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo señala que deberían
haber sido pagados por el prestador**, la banca se enfrenta a una factura de
18.000 millones de euros, cifra que sale de las más de seis millones de
hipotecas vivas afectadas multiplicadas por una media de gastos por préstamo de
3.000 euros, según cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU), similares a los que manejan notarios y registradores.
No se trata únicamente de un coste económico sino sobre todo
de un coste de imagen que arrastran desde el inicio de la gran crisis, allá por
el año 2008, y que todavía no han logrado sacudirse. Cuando creían ver la luz
al final del túnel, de nuevo otro revolcón.
Esta demonización de la banca no son unas líneas sacadas del
programa de Pablo Iglesias, quien no tiene reparos en abogar por un “control
democrático del sector financiero por medio de una regulación fuerte frente al
abuso y la especulación”, sino que ha permeado el conjunto de la sociedad,
incluidos los poderes que la dirigen: el ejecutivo, que trata de dar con un
marco extrajudicial para solventar la patata caliente de las cláusulas suelo;
el legislativo, que tiene ante sí el reto de abordar una peliaguda reforma
hipotecaria, y el judicial, bajo la amenaza del colapso por la avalancha de
demandas en ciernes.
Los representantes de la banca han levantado un muro de las
lamentaciones en el que, además de darse cabezazos contra la pared y confesar
su mala praxis durante años por mor de un sistema que colocaba cláusulas
leoninas a sus clientes como el crupier reparte cartas en un casino, también
denuncian el escarnio al que están siendo sometidos ante la opinión pública, al
convertirse en objeto de chanzas y vejaciones en auditorios en los que antes
eran respetados con modos solemnes y que incluso ellos mismos financiaban.
Como señalaba José Ignacio Goirigolzarri, presidente de
Bankia, en el Foro de El Confidencial y Pimco de la pasada semana en el Hotel
Palace de Madrid: “Tenemos un problema de reputación y tenemos que explicar
bien a la sociedad cuál es nuestra función y que es necesario que ganemos
dinero”.
Semejante quilombo es el que ha movido a Moncloa a aplazar
el real decreto con la solución extrajudicial para la devolución de las
cláusulas suelo. “Hemos querido vender la piel del oso antes de cazarlo”,
reconocen en el Ejecutivo. No se aprobó el pasado Consejo de Ministros y
tampoco es seguro que vaya a ir este próximo viernes. Una vez lanzada la
iniciativa, en el Gobierno se han dado cuenta de que se han subido a un
polvorín y que, si no atan los detalles, el remedio puede resultar peor que la
enfermedad.
Aparte de la necesidad de solicitar el visto bueno previo
del Banco Central Europeo y de consensuar el grueso del contenido con el PSOE,
argumentos a vuelapluma argüidos para justificar el aplazamiento, lo que de
verdad ha pesado en el retraso es la colusión de intereses en colectivos
sensibles y sectores clave del país. A saber: los afectados por las cláusulas
suelo, cerca de 1,5 millones de consumidores***; los tribunales y en especial
el Supremo, tocado en su honorabilidad tras la reciente resolución del Tribunal
de la Unión Europea que le enmendaba la plana; las entidades financieras que
han sido previamente condenadas y que en algún caso van a arrojar pérdidas mil
millonarias y, por último, los bancos que todavía no han sufrido ningún
varapalo judicial y que se preguntan por qué ellos, arrastrados por la ola de
la ejemplaridad pública, tienen que devolver nada a nadie.
Esto explica por qué el neonato real decreto está siendo
cuestionado antes incluso de ver la luz y conocerse los detalles. Las
experiencias pasadas en relación con las participaciones preferentes, las
obligaciones subordinadas y las acciones de Bankia, entre otras, no invitan al
optimismo en cuanto a la eficacia y garantías de estos procedimientos
extrajudiciales exprés.
Los bufetes especializados en este tipo de litigios a los
que se dirigen los consumidores, caso de Arriaga, Durán & Durán Abogados,
Martínez Echevarría o Rosales 20, que en esta ocasión tienen intención de hacer
causa común y aunar fuerzas ante el intento del Ejecutivo de orillarles en la
resolución del conflicto de las cláusulas suelo, pretenden dinamitar el marco
extrajudicial que piensa poner en marcha el Gobierno alegando tres cuestiones:
Primero, los bancos ya han manifestado de forma expresa que
no piensan pagar lo indebidamente cobrado, esto es, que no van a cumplir
voluntariamente lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Más a más, reiteran su predisposición a dar la batalla judicial para evitar
extender un cheque millonario por las cláusulas suelo.
Segundo, no es legal obligar a la banca a pagar lo
indebidamente cobrado. Esta potestad la tienen reservada los órganos judiciales
o arbitrales previo sometimiento voluntario de las partes, no el Ejecutivo.
Y tercero, si el Gobierno obliga a los bancos a someterse a
un procedimiento extrajudicial, debería aclarar quién va a decidir esta controversia,
si la propia entidad o un tercero pagado por esta. Se trata de una materia
espinosa que cuestiona la neutralidad del proceso, pues en el caso de las
preferentes eran despachos profesionales contratados por los bancos quienes
decidían sobre las devoluciones del dinero a los clientes.
Al fin y a la postre, lo que subyace en este carajal
hipotecario es el inicio de una nueva etapa en la que, tras el escenario
desolador dejado por la gran crisis entre las clases medias, la batalla entre
David y Goliat se antoja más igualada que nunca. David ni es tan frágil ni tan
pequeño como algunos presuponían y Goliat carece de la fuerza y la influencia
de antaño en las esferas políticas. En resumidas cuentas, la banca ya no es lo
que era.
Notas:
* En sentencia del 7 de diciembre de 2016, el juzgado de lo
Mercantil número 10 de Barcelona anulaba la cláusula que obliga al titular del
crédito a continuar con el pago de la deuda una vez que se ha entregado la
vivienda.
** La banca ha anunciado su intención de pelear
judicialmente estos gastos, ya que entiende que el interesado no es la entidad
sino el cliente. El TS, en cambio, señala que la cláusula hace recaer
injustamente todos los gastos sobre el hipotecante: “A pesar de que la
aplicación de la normativa permitiría una distribución equitativa, pues si bien
el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio puede conceptuarse
como el principal frente a la constitución de la hipoteca, no puede perderse de
vista que la garantía se adopta en beneficio del prestamista”.
*** En su resolución, el TSJE no dice que los bancos tengan
la obligación de devolver todas las cantidades obtenidas por cláusulas suelo
sino solo en aquellos casos en los que hayan sido declaradas nulas por el
Supremo.
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