Por Julia Pérez
Público.es, 08/01/2017.
El Gobierno de Mariano Rajoy planea salvar a la banca del
callejón de las cláusulas suelo tras las sentencias del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea que establece que el dinero cobrado de manera indebida debe
devolverse desde que se firmó el contrato hipotecario.
El borrador de decreto ley que maneja el Ministerio de
Economía prevé un protocolo de actuación para resolver las reclamaciones de los
consumidores. Será voluntario para las entidades financieras y no pagarán ni
costas ni intereses si se someten a él.
El Gobierno tiene previsto aprobar este borrador en forma de
decreto ley el próximo Consejo de Ministros, que se celebraría el 13 de enero.
El primer borrador fue tumbado por el PSOE, ya que preveía un código de buenas
prácticas para la banca que se sumaría de manera voluntaria.
Los propios bancos lo rechazaron porque, de aceptar, suponía
que casi todas sus hipotecas con cláusulas suelo eran nulas: este borrador
asume la doctrina del Tribunal Supremo según la cual las entidades financieras
debieron ofrecer al consumidor antes de firmar el contrato información
suficiente, incluso con simulaciones de escenarios relacionados con el
comportamiento previsible del tipo de interés. Nada de esto habían hecho.
El segundo borrador da un paso adelante, pero no suficiente
según los juristas consultados: el "avance" es que prevé un protocolo
de actuación obligatorio para las entidades, a no ser que en el plazo de un mes
rechacen formar parte de dicho Protocolo, según ha sabido Público de fuentes
jurídicas. Este proyecto es negociado por el Gobierno con el PSOE, Ciudadanos y
Coalición Canaria.
El PP negocia el protocolo para la banca con el PSOE,
Ciudadanos y Coalición Canaria. En la imagen, los portavoces del PP en el
Congreso, Rafael Hernando; del PSOE, Antonio Hernando, y el presidente de C's,
Albert Rivera. EFE
El decreto ley en ciernes recoge que tanto el banco como el
consumidor no pagarían costas si se someten al protocolo y acaban en el juzgado
por discrepar de la devolución, explican fuentes conocedoras de las
negociaciones. En la práctica, sin embargo, este artículo se traduce en que será
el banco el que no pague el coste del abogado de la parte contraria, porque los
consumidores no suelen ser condenados en costas en este tipo de pleitos.
El borrador del decreto ley no hace referencia al pago de
los intereses devengados por la devolución del dinero cobrado de manera
fraudulenta. Por ello, deja la puerta abierta a que el banco no pague este
dinero. El decreto, que se aprobará este viernes 13, introduce un mecanismo
para dirimir las discrepancias entre el banco y el consumidor antes de saltar a
la vía judicial: crea una comisión de cinco miembros para resolver la disputa.
Esta comisión "dirimente" estará formada por
representantes del Banco de España, Ministerio de Justicia, asociaciones de
consumidores, notarios y registradores mercantiles. Su decisión será recurrible
a una subcomisión integrada por tres de estos representantes. La vía judicial
no se cierra al someterse a este protocolo, ya que lo prohíbe la ley.
Esta crisis afecta a tres ministerios: Economía, Justicia y
Sanidad, que tiene las competencias de consumo. Pero sólo Economía y Hacienda
dirigen la batuta de estas negociaciones e inclinan su balanza en las
consecuencias macroeconómicas y en el impacto de estas devoluciones para las
entidades financieras, en lugar de en la defensa de los consumidores.
Poca motivación para
pequeñas hipotecas
En cambio, Rafael Catalá, que debiera vigilar por la
aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, lleva un
papel secundario. Y la responsable de los consumidores, la ministra Dolors
Montserrat, está desaparecida, mientras asociaciones de consumidores como Facua
denuncian el secretismo con el que se llevan las negociaciones.
Los bancos se resisten a devolver el dinero de las cláusulas
suelo cobradas de manera indebida y que el Banco de España cifra en 4.200
millones de euros. Las entidades saben que tienen perdidos los casos que se
presenten contra ellas, pero temen las consecuencias de estas pérdidas en sus
balances. Su objetivo es dilatar los casos en el tiempo porque aspiran a
superar las cuentas de 2017.
Fuentes jurídicas consultadas sostienen que la solución
tendría que pasar por la devolución del dinero a los afectados en condiciones
de igualdad. Pero los bancos también se resisten a este desembolso universal,
conscientes de que habrá muchos consumidores que no demandarán por cuantías
pequeñas. Las devoluciones se realizarían en metálico o amortizando la cuantía
en la hipoteca.
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