Por Eduardo Bayona
Público.es,
20/01/2017.
El Gobierno español ha movilizado más de 350.000 millones de
euros en ocho años para mantener a flote un sistema bancario que obtiene unos
beneficios anuales de más de 11.000 mientras acumula demandas y reclamaciones
de sus clientes por valor de más de 50.000 en asuntos como –entre otros- las
preferentes, la subordinadas, las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios.
Hace unas semanas, el Tribunal de Cuentas cifró el coste que
el proceso de rescate o reestructuración del sistema bancario ha tenido para
las arcas públicas españolas entre 2009 y 2015 en 60.718 millones de euros. Esa
cifra es el dinero que el Estado no va a recuperar, muy interior a los otros 122.122
millones de “recursos comprometidos en el proceso de reestructuración” por las
entidades fiscalizadas y más distante todavía del monto global de los fondos
públicos movilizados desde el inicio de la crisis.
“Se han comprometido más de 200.000 millones de euros, de
los que esos casi 61.000 se consideran pérdidas seguras, dinero que no se va a
recuperar”, explica el economista Eduardo Garzón, de IU, para quien
“cuantificar el coste real del rescate resulta difícil”. Entre otras
cuestiones, porque los activos tóxicos –edificios y suelo- traspasados por las
entidades quebradas al banco malo están anotados en su balance con unas
valoraciones teóricas que “seguramente tenderían a la baja si salieran al
mercado, lo que obligaría a asumir pérdidas en esas mismas cuentas”.
Esos más de 60.000 millones de euros sitúan a la banca
española como la cuarta que más fondos ha recibido de manera directa desde el
inicio de la crisis en Europa. La superan el Reino Unido, con algo más de
100.000, y Alemania a Irlanda, con un volumen similar de ayudas. La cuantía del
socorro español supera en un 50% al recibido por el sector bancario en Grecia
–unos 40.000- y quintuplica el de Portugal –algo más de 12.000-. Frob, Banco de
España y Fondo de Garantía sin el banco malo
El informe del TCu incluyó al Fondo de Garantía de
Depósitos, el Banco de España y el Frob (Fondo para la Reestructuración y
Ordenación del sistema bancario), pero no a la Sareb (Sociedad de Gestión de
Activos procedentes del proceso de Reestructuración Bancaria) o banco malo, que
asumió los activos tóxicos de la mayoría de los bancos y cajas tambaleantes.
El dictamen estima en 193.022 millones los fondos
movilizados por el Frob -76.820-, el Fondo de Garantía -35.499- y el Banco de
España -9.801-, una factura que, además de los 83.683 millones inyectados en
las entidades mediante aportaciones de capital -46.021- y esquemas de
protección de activos -2.194 fueron para dotar de liquidez a la Sareb-, incluye
apuntes como 10 millones en honorarios de representantes, cinco en asesorías
para ventas y casi cuatro en “otros gastos” entre los que hay más
asesoramientos.
A esos 193.022 millones de la primera legislatura de Mariano
Rajoy hay que sumarles otras cifras entre las que destacan los 85.965 millones
en avales concedidos a la banca para que acudiera a los mercados de liquidez
–quedan por recuperar 1.059-, los 43.476 de deuda viva del banco malo que
también cuentan con el aval del Estado, los 42.170 en “aportaciones públicas a
su fondo patrimonial” que ha recibido el Frob desde su creación -27.170 han
sido capitalizados- y, con el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, los
19.300 del FAAF (Fondo para la Adquisición de Activos Financieros) del que se
beneficiaron 54 entidades ya en 2008.
Las causas, sus consecuencias
sociales y la idoneidad del método
“No es solo importante el dinero que el Gobierno ha gastado
en el rescate, sino el que ha comprometido, que no ha ido a otras actuaciones”
ni ha permitido paliar los recortes en servicios públicos, señala Garzón,
quien, por otra parte, comprende que el ejecutivo no dejara caer al sistema
bancario por los efectos que eso habría tenido en la economía española, aunque
no comparte el método. “Entiendo las ayudas a la banca, pero no que los
beneficios que obtienen tras esas ayudas sean privados”, indica.
Esquerra Republicana (ERC), por su parte, pone el acento,
además de en el coste –“la reestructuración sigue requiriendo una fuerte
dotación de recurso públicos”, señala la diputara Ester Capella- en las
posibles responsabilidades de los gestores de los bancos y cajas y en las
consecuencias sociales de “la posible vulneración de los derechos de los
consumidores” antes y durante el rescate, aspectos sobre los que proponen que
indague una comisión de investigación del Congreso.
“Se ha puesto en evidencia que las entidades financieras han
utilizado malas prácticas” con las preferentes, las subordinadas, las cláusulas
suelo, otras cláusulas abusivas o las elevadas comisiones, recuerda. Sin
embargo, anota, “los efectos sobre la población siguen sin cuantificar ¿Quién
cuantifica los desastres causados por la banca?”.
Los nacionalistas, que se muestran preocupados por el
descrédito y el deterioro de la reputación de la banca y que consideran
“necesaria una reflexión global del sector para impulsar la ética” en él,
recuerdan que las prácticas de buena parte de las entidades financieras han
generado “un grave problema social que afecta a miles de personas” y que se
manifiesta en fenómenos como el sobreendeudamiento y los desahucios.
“Es imprescindible profundizar sobre las consecuencias
sociales del proceso, y la prenda que han tenido que pagar los consumidores
debido a las malas prácticas y los abusos bancarios”, sostiene la diputada
Esther Capella.
¿Más pérdidas por las
futuras ventas?
Así, y al margen de otras operaciones de avalamiento de
deuda, los fondos públicos movilizados por el Gobierno central desde 2008 para
mantener a flote el sistema bancario español ascienden a 383.933 millones de
euros, una factura que supera un tercio del valor del PIB anual y que todavía
puede verse incrementada por dos vías.
Una son las previsibles depreciaciones de los activos de la
Sareb y del Frob. El valor de los primeros se ha reducido en 3.000 millones
desde 2012. Las anotaciones de los del segundo suman 16.597 millones, el grueso
de ellos -11.187- en acciones de Bankia y Mare Nostrum, dos de las
participaciones en entidades para cuya venta el Gobierno se ha marcado
diciembre de 2019 como límite, aunque la fecha es ampliable.
La otra se va materializando a través de actuaciones de
escasa relevancia mediática, caso de la aportación de 5.291 millones al Frob
europeo que el Gobierno aprobó en diciembre y de los efectos que las
modificaciones tributarias puedan tener en los 24.000 millones de DTA (Activos
Fiscales Diferidos) que las entidades financieras españolas tienen anotados
para irlos descontando en sus liquidaciones del Impuesto de Sociedades.
Algunas fuentes, como Attac, cifran la factura del rescate
de la banca española en el entorno del billón de euros, ya que consideran ayuda
pública toda inyección de dinero público en el sector, incluidas las del Banco
Central Europeo. “Es una interpretación laxa –señala Garzón-, aunque en mi
opinión sí se trata de ayudas públicas. Es algo a lo que no puede acceder
cualquier empresa”.
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