Por Giovanni Vegezzi
El Economista, 04/01/2017.
Las suspicacias en Europa sobre las maniobras de Italia para
rescatar su banca van en auge. El primer aviso directo llegó de Berlín: el
Ministerio de Finanzas alemán declaró la semana pasada en una nota que "el
BCE y la Comisión Europea tienen que verificar y asegurarse de que las
autoridades italianas respeten las reglas europeas". Pero la toma de
posición del Ministerio de Wolfgang Schäuble sólo es la última de una serie de
declaraciones de políticos germanos sobre el rescate del Monte dei Paschi di
Siena (MPS).
Otra muy dura había llegado de Joachim Pfeiffer, portavoz
parlamentario de Economía de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Angela
Merkel: "Las reglas para la liquidación ordenada y la reestructuración de
los bancos en crisis deben ser también respetadas por el Gobierno
italiano".
Mientras tanto, Bruselas calla. La Comisión Europea espera
conocer el plan industrial del banco toscano, previo a la "ampliación de
capital cautelar" que avalará el Estado para pronunciarse sobre el decreto
con el que Roma rescatará a MPS (y espera auxiliar a otras tres entidades:
Veneto Banca, Popolare di Vicenza y Carige).
El BCE, a su vez, ya ha demostrado su escepticismo subiendo
el coste de la intervención o agujero del banco de 5.000 a 8.800 millones de
euros y pidiendo que MPS se prepare para un escenario económico tan crítico
como fue el de Grecia. "Habría sido si no gentil, al menos útil, explicar
los criterios con los que se ha cuantificado la petición de capital
adicional", se quejó el ministro italiano de Economía Pier Carlo Padoan a
Il Sole 24 Ore, tras la decisión del BCE.
Italia se salta las
reglas
Pero, aunque como subraya Padoan, es quizás necesario que el
BCE "cambie sus modos de comunicación", las dudas que el rescate
italiano levanta en Berlín, Fráncfort y Bruselas no son infundadas.
Y es que Italia se está saltando las reglas con tal de
proteger a los inversores particulares. Formalmente, el decreto ley aprobado
por el Gobierno respeta la directiva europea sobre reestructuración y
resolución bancarias y el llamado burden sharing. Pero prevé también una
escapatoria para que los particulares no carguen con el peso del saneamiento
del banco, canjeando su deuda subordinada con bonos ordinarios de MPS. Y un
problema aún más grande es que para rescatar a su sector financiero, Italia no
ha querido pedir un préstamo a sus socios europeos, sino que votó en el
Parlamento una asignación de 20.000 millones que aumentará su ya abultada deuda
pública.
La situación tiene dos salidas, ambas muy problemáticas para
Roma: burlarse también de las normas presupuestarias europeas que, tras años de
derogaciones, le imponen reducir la deuda o volver a empezar con los recortes,
tras las lágrimas, sudor y sangre sufridos con los planes de austeridad en 2011
y 2013.
De hecho, mientras el Ejecutivo transalpino se había
comprometido a reducir la relación entre deuda y PIB un 3,5% cada año, la
agencia de rating Standard & Poor's cree que el rescate aumentará ese
indicador un 1,2%.
Ajustes o impuestos
Así que, para respetar los compromisos europeos en 2017,
Italia debería aprobar recortes o subidas de impuestos por el 4,7% del PIB, es
decir casi 70.000 millones de euros: una misión imposible, ya que mientras el
déficit sigue creciendo (los presupuestos para 2017 prevén una relación entre
déficit y PIB del 2,3%, frente al 1,8% convenido con Bruselas) el PIB no
despega. Italia crecerá un 0,9% en 2016, tasa que, aún siendo mejor a la
prevista, continúa demasiado baja para sostener el peso de una deuda pública
que supera los 2 billones de euros.
El nuevo Gobierno de Paolo Gentiloni (que es una fotocopia
del Ejecutivo saliente de Matteo Renzi, ya que el nuevo primer ministro y
antiguo titular de Exteriores confirmó a la mayoría de los ministros salientes,
incluido Padoan) ya está trabajando para cuadrar las cuentas, a la espera de
que en primavera la Comisión Europea se pronuncie sobre la última ley
presupuestaria.
El problema es que Italia introdujo en los anteriores
Presupuestos una "cláusula de salvaguardia" de 19.500 millones de
euros para 2018. Esta cláusula - pensada para ganar tiempo y aplazar de año en
año la solución al problema presupuestario - obliga a una subida del IVA si no
obtiene los ingresos previstos a través de otras medidas.
El importe es precisamente lo que Roma ha utilizado para el
rescate a la banca e Italia y, tras el rescate, podría verse obligada a cumplir
con la cláusula y a subir el IVA. Sólo hace falta ver si Gentiloni se empeñará
en un doble pulso con Europa sobre el rescate y el cumplimiento de los
compromisos presupuestarios o invertirá el rumbo de la política económica
acabando con los estímulos fiscales de Renzi e imponiendo una subida de
impuestos.
En ambos casos es una decisión muy difícil para una economía
tan frágil: Italia, de cara a las previstas elecciones anticipadas, tiene todo
que perder, tanto de un largo pulso con Bruselas que podría elevar la
incertidumbre política y económica, como de nuevos recortes que afecten al
consumo y que acaben con la tímida recuperación.
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