Por Andrés Muñiz
Diario Público.es,
28/5/2013.
"Pasividad" con las
víctimas de las participaciones preferentes y diligencia en la respuesta
jurídico-penal a los 'escraches' de los indignados contra los políticos. Es la
actitud del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, según denuncia la
Unión Progresista de Fiscales, que considera que se han reunido evidencias de "una
posible estafa a gran escala", urdida por las más altas instancias de
los bancos contra los pequeños ahorradores.
En su XXVIII Congreso, celebrado
el fin de semana en San Sebastián, la asociación de fiscales progresistas UPF
alumbró unas conclusiones en las que califica de "preocupante la pasividad
que está mostrando la Fiscalía General ante un problema de gran impacto social
y posible trascendencia penal como es el de las participaciones
preferentes".
Apunta directamente a "las
más altas instancias de las instituciones financieras" como el origen de
las instrucciones para las emisiones de estos productos bancarios, que han
atrapado a miles de pequeños ahorradores que si las autoridades o la justicia
no lo remedian llevan camino de perder la totalidad, o casi, de lo que
invirtieron.
Para la UPF, en la Fiscalía
General que dirige Torres-Dulce "se constata la ausencia de un
planteamiento estratégico global para poder articular una respuesta
jurídico-penal eficaz y uniforme en todo el territorio español".
Y añaden: "Tal pasividad en
el tema de las participaciones preferentes resulta especialmente grave y
chocante si se la compara, por ejemplo, con la reciente iniciativa de la
Fiscalía General encaminada a la toma de conocimiento, estudio y valoración
jurídico-penal de los llamados 'escraches'".
La Fiscalía Anticorrupción fue
requerida hace 20 días por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
para que se pronuncie sobre si procede admitir a trámite o no las querellas
formuladas por diferentes colectivos, desde UPyD hasta 15MpaRato, por la
emisión de las preferentes de Bankia, por delitos de estafa y otros.
Algunas de las demandas se
dirigen solamente contra quienes firmaron los folletos de estos productos,
mientras que el partido de Rosa Díez quiere que se impute además al
expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, el exgobernador del Banco de España
Miguel Angel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura. Los primeros, frente a UPyD, creen
que la vía de acusar a los autoers de los folletos sería más rápido y eficaz
para conseguir que los preferentistas recuperen sus ahorros.
Fuentes de las acusaciones en el
'caso Bankia' son pesimistas sobre la posibilidad de que la Fiscalía apoye la
admisión de sus querellas, pese a que consideran que los recientes informes de
la CNMV y del Banco de España revelan indicios de claros delitos de estafa y
maquinación para alterar el precio de las cosas en la actuación de Bankia. Sin
embargo, creen que el juez sí abrirá la investigación.
Por su parte, la asociación
progresista Jueces para la Democracia, que también celebró congreso este
fin de semana --en Pamplona--, incluyó entre sus conclusiones que "no
existe voluntad política de dispensar protección a pequeños ahorradores ante
prácticas absolutamente condenables de entidades financieras".
JpD considera que se están
incumpliendo "reglas básicas de información y lealtad contractual"
en productos financieros de riesgo que han provocado la pérdida de todos o una
parte considerable de sus ahorros a personas que invirtieron en participaciones
preferentes y obligaciones subordinadas.
La asociación progresista de
jueces carga contra el arbitraje fomentado por el Gobierno para
solucionar el problema de las preferentes, ya que "sigue favoreciendo
exclusivamente al sistema financiero conculcando los derechos de los
ciudadanos".
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