Por Jerónimo Andreu
Diario El
País, 21/4/2013.
La vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santa María se permitió el 17 de enero un instante
sentimental. Fue durante la presentación del Fondo Social de
Vivienda: 5.891 pisos que por orden del Gobierno los bancos ponen a disposición
de los ciudadanos a los que hayan desahuciado. Sáenz habló de segundas
oportunidades, solidaridad y un país “que quiere que las familias y los más
pequeños se críen en un hogar que les haga sentir la cobertura de un Estado y
de un Gobierno”.
El problema es que el Fondo
Social no ha dado de momento grandes frutos. Y no es la única medida para
paliar los efectos de los desahucios que aún parece más un discurso que una
solución. Entre dudas sobre la capacidad de la Junta de Andalucía para ejecutar
su ambicioso programa de expropiaciones y multas a viviendas desocupadas,
iniciativas como la presentada por el presidente de Madrid, Ignacio González, (pisos públicos
gestionados por Cáritas) plantean lo fina que es la frontera entre
la buena voluntad y la mercadotecnia.
El ministerio de Economía explica
que, desde que hace 15 días echó a andar el proceso para beneficiarse de las
viviendas del Fondo, se han firmado 50 contratos y hay 168 a punto. Según
Economía, es pronto para evaluar el proyecto. Sin embargo, otro dato revela su
escasa relevancia: desde el 17 de enero han llegado 450 solicitudes. Eso, en un
país en el que los registradores calculan que la banca se quedó con 30.034
primeras viviendas por impago en 2012: 115 al día.
Ni los desahuciados ni los
bancos, que han debido invertir en la rehabilitación de las viviendas del
Fondo, están contentos con su pobre marcha. “Los destinatarios aún no conocen
el programa, tampoco las ONG ni los Ayuntamientos que lo impulsan, y los bancos
están poniendo en práctica sus mecanismos”, argumenta un portavoz del
ministerio.
Además de la falta de
información, en la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH) dan más razones sobre el atasco del
plan. En una calurosa oficina de PAH en el barrio madrileño de Lavapiés, María
Cristina Escribano termina de atender a un inmigrante. Seis personas esperan su
turno. Cristina se asoma y grita: “¿Alguien con un lanzamiento pendiente?”. Un
hombre elegantemente vestido levanta la mano. La mujer le hace pasar al
despacho con un compañero y se toma un descanso para explicar las limitaciones
del Fondo: “La principal es que nadie conoce de qué va, y la más grande es que
las condiciones para acogerse son exactamente las mismas que las del decreto
27/2012 del 15 de noviembre”. Ese decreto, que ya en su momento fue muy
criticado por su carácter restrictivo, es el que concede la suspensión del
lanzamiento a las personas con menos recursos y a las puertas del desahucio.
“Son los mismos requisitos: un hijo menor de tres años, familia numerosa, o ser
una mujer maltratada, estar en paro y sin subvención… Entonces, si te puedes
quedar en tu casa dos años, ¿para qué vas a elegir irte y entrar en otro piso
del banco?”. Los interesados en el Fondo se reducen en consecuencia a muy pocos
casos: gente que perdió su casa antes del decreto.
Para que esas 5.891 casas se
ocupen, según Escribano, el Gobierno tendrá que relajar las exigencias. “Es una
chapuza”, cuenta. “Una medida cosmética. Nosotros podemos derivar a muy poca
gente a esos recursos porque nunca cumplen las condiciones”.
Economía responde que estará
dispuesta a abrir la mano si comprueba que “la realidad social lo demanda”.
Mientras tanto, la Comunidad de
Madrid impone su estilo propio. Da fe de ello Julián Espejel, un pensionista de
52 años que el pasado lunes recibió la bendición de los flashes. Este hombre
con una incapacidad permanente y dos hijos fue desahuciado en 2011, y el lunes
el presidente de
Madrid, Ignacio González, le visitó acompañado de un enjambre de
cámaras para
entregarle el primero de los 1.000 pisos sociales en alquiler que el
Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima) ha cedido a Cáritas para su gestión.
González presentó la iniciativa
como la respuesta madrileña a los desahucios. Una conversación con el Ivima
sirve para matizar mucho esta lectura tan redonda. Los pisos de González son
exactamente los mismos que la Comunidad ya proporcionaba en alquiler social. En
el Ivima, con 22.333 dedicadas a esta modalidad, explican que la iniciativa
surgió porque su presupuesto se ha reducido dramáticamente y buscan fuentes
externas de financiación. “Nosotros cedemos a Cáritas las viviendas que se van
quedando vacías y ellos las reparan”, explica un portavoz. Muchos de los 106
pisos que ya ha arreglado Cáritas estaban ocupados ilegalmente.
A medida que el Ivima vaya
recuperando más, los entregará a la ONG.
El instituto explica que no serán
más baratos que la vivienda social que promociona normalmente para población
vulnerable (alrededor de 300 euros). “El objetivo del plan es ahorrar en las
reparaciones y facilitar a los desahuciados casas para las que, de lo
contrario, no tenemos recursos”.
José Carlos García-Donas,
subdirector del programa de Cáritas, añade que su objetivo es ayudar a las
familias y quedar al margen de la política: “No somos una inmobiliaria ni un
privado que gestiona recursos del Ivima”. También asegura que, sin supervisión
de Cáritas, ninguna familia puede acceder a esos apartamentos financiados con
dinero público.
Este detalle es uno de los que
más molesta a PAH, que acusa a Madrid de convertir en caridad algo que debería
ser un servicio público.
La iniciativa que más calurosamente apoya la plataforma es
el decreto ley aprobado el 9 de abril por la Junta de Andalucía. Este proyecto
presenta dos grandes novedades: para fomentar el alquiler, multas de hasta
9.000 euros a entidades bancarias por tener viviendas vacías; y con carácter
excepcional, la expropiación a los bancos del uso de la vivienda durante tres
años cuando esté a punto de ser desalojada una familia en riesgo de exclusión.
Sin embargo, fuentes de la misma
consejería de Vivienda andaluza reconocen que, a pesar de que el objetivo del
plan sea el adecuado, existen dudas sobre la viabilidad de algunos puntos
vitales. Se teme que su redacción y presentación haya sido demasiado
precipitada, con la
consejera, Elena Cortés, demasiado preocupada por el golpe de efecto
que iba a lograr
El censo de viviendas vacías
parece especialmente problemático. Llevar a cabo uno eficaz costará tiempo y
dinero y requerirá un cuerpo de inspectores considerable para revisar los
contadores de luz y agua de millones de pisos vacíos, vigilar plazos... El
sistema de sanciones administrativas también puede resultar de difícil
aplicación si los bancos se lanzan a recurrir las multas, y hay muchísimas
viviendas que continuarán vacías: principalmente las construidas en zonas
costeras y destinadas al alquiler —uso que no será sancionado—, responsables
privilegiadas de aquel lejano boom del ladrillo.
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