Por
21/4/2013.
Me pide el letrado de un
Parlamento autonómico -que no desvelaré por simple prudencia- comparecer ante
la Comisión de Hacienda de dicho Parlamento para exponer mis puntos de vista
sobre la creación de una banca pública autonómica. Sin ser un especialista en
el tema, sí que he reflexionado y publicado mis puntos de vista al respecto y
quizá haya sido por el currículum que los parlamentarios de la Comisión mencionada
hayan visto que algo de interés podría aportar al tema. Es verdad que la
situación de la economía española y el hecho de que el sistema financiero se ha
convertido más en un problema que una solución es por lo que parece un tema de
actualidad permanente. En efecto, la caída del crédito en general y, en
particular, a la pequeña y mediana empresa, es uno de los hechos más graves que
acontecen ahora. Podemos afirmar sin margen de error que el sistema financiero
ha cometido dos errores consecutivos a lo largo de las dos últimas décadas,
como son los de pasar de un crédito excesivo en cuanto al riesgo-país en su
labor crediticia entre los años 1997 y 2007 que ha favorecido enormemente la
especulación en torno al ladrillo –crédito promotor, constructor, inmobiliario,
crédito a particulares, etc.-, a la situación actual, donde el crédito se ha
detenido. Como todo movimiento pendular fue un error el momento álgido y es un
error en la depresión. Ello pone de manifiesto el error del paradigma smithiano
de que buscando el interés particular se consigue el general. Y pensemos que
este es uno de los puntales de la ideología conservadora que gobierna en estos
momentos a Europa y las instituciones de la Unión Europea. No es que, además,
en España se hayan cometido otros errores en este sector como es el de la
expansión -innecesaria desde el punto de vista de los intereses del país- de
agencias y sucursales, primero por parte de los bancos y, luego, de las cajas,
a lo largo de las cuatro últimas décadas. De nuevo la diferencia entre los
intereses de cada entidad individual y los del país. Y los ejemplos se podrían
multiplicar continuamente, con lo cual ese paradigma smithiano podría
darse la vuelta y establecerlo en su contrario. Si a eso le añadimos los
continuos errores de política económica financiera del gobierno de Rajoy (RD
Ley2/2012 de 3 de febrero, todo lo referido a Bankia, lo del banco malo)
y también del anterior gobierno (RD Ley 11/2010 de 9 de abril), no sólo no
parece descabellada una banca pública aunque sea autonómica –al menos, aunque
el ideal sería una banca pública nacional-, sino que parece necesaria y
apremiante. Ya he defendido la necesidad de este tipo de banca en otros
artículos. Es verdad que ya existe una banca jurídicamente pública como es el
Instituto de Crédito Oficial como “Agencia Financiera del Estado y Banco
Público” –según sus estatutos-, pero está claro que no ha servido para
solucionar la caída del crédito. El ICO se convirtió en 1988 en “sociedad
estatal” y asumió la titularidad de los 4 bancos públicos que entonces operaban
en España, además de participar en el accionariado del Banco Exterior de
entonces. No obstante, no importa tanto la naturaleza jurídica-administrativa
de una presunta banca pública sino su comportamiento crediticio y su tamaño. El
del ICO ha sido insatisfactorio el primero y absolutamente insuficiente el
segundo. Veamos qué características debiera tener una banca pública aquí y
ahora:
1) En primer lugar hay que
señalar que partimos del hecho de que tanto en su labor de pasivo de captación
de recursos como en su labor activa de prestamista no va a contar con ninguna
situación de privilegio. Dicho de otra forma, va a tener que operar en el mismo
mercado –tanto de pasivo como de activo- en el que opera el resto de la banca
privada. No sería conveniente para la solvencia y el riesgo-país –o del
riesgo-autonómico- que tuviera alguna situación de privilegio, sobre todo en la
captación de recursos si esto fuera dependiente de los presupuestos, es decir,
de nuestros impuestos. Luego añadiré alguna excepción de captación de recursos
fuera del mercado estrictamente, pero siempre distinta de cualquier presupuesto
público.
2) El segundo aspecto y de forma
no contradictoria con el anterior principio es que el comportamiento crediticio
debiera ser distinto del de la banca privada porque, de lo contrario, no
tendría razón de ser una banca pública que se comportara de forma procíclica y
procrisis, tal como ha hecho el sistema financiero español actual y el del
resto de Europa. Lo esencial, por tanto, de esta banca pública es que debiera
ser una banca compensatoria del comportamiento de bancas y cajas privadas –las
que quedan aún-, es decir, una banca pública tiene sentido si es anticrisis y
anticíclica. Pero es que además su tamaño debe ser el suficiente como para
asegurar un crecimiento suficiente del crédito, en especial a las PYMES. Ya he
mencionado que este es el mayor fallo del actual ICO, su insuficiencia.
3) Para casar los dos anteriores
principios esta banca pública debe ser peculiar, nada parecida a una banca
comercial al uso. Una banca pública debe renunciar a la captación de pasivo
compitiendo con la banca privada, porque ello exigiría una cantidad ingente de
agencias y sucursales que estén cerca del ahorrador, de los trabajadores con
sus nóminas domiciliadas, de los pensionistas que cobran por banco su pensión o
de los comercios que llevan sus ingresos diarios al banco. Una banca pública
debiera obtener en un porcentaje muy alto de sus recursos del interbancario
(del resto del sistema financiero) y de petición de crédito al Banco Central
Europeo como banco prestamista de última instancia. No obstante, no se puede
negar un pasivo de clientela del país porque en su papel de prestamista debe
tener cuentas de pasivo abiertas por las empresas a las que presta. Lo que no
tendría, por tanto, pasivo de particulares, sólo de empresas. El ahorro de
costes con este criterio sería notable, aunque es cierto que una banca pública
con esta renuncia sería vulnerable a los movimientos de tipos de interés del
interbancario. Una manera de solventar el problema sería el aseguramiento por
parte del BCE del crédito a tipos de interés razonables cuando el interbancario
subiera coyunturalmente.
4) El criterio anterior
permitiera a esta banca pública operar y dar crédito a las empresas con muy
pocas sucursales. Con una sucursal cada 200.000 habitantes –aproximadamente- debiera ser suficiente. La ventaja comparativa respecto
a la banca privada sería notable. Obsérvese que para un país como el nuestro de
47.000.000 millones de habitantes con 235 sucursales sería más que suficiente.
Para una autonomía como Madrid, por ejemplo, con 5.000.000 millones de
habitantes, cumpliría su misión con 25 sucursales distribuidas estratégicamente.
Hay que señalar que no se puede comparar en pretensiones con el actual ICO,
porque estamos hablando de una banca pública que debiera asumir la falta de
crédito que, como en los momentos actuales, sufre la empresa española con la
actual banca –y cajas- privadas.
5) Una manera de captar pasivo no
procedente del interbancario de forma voluntaria ni del recurso al BCE podría
venir de algún tipo de regulación del Banco de España –con el permiso del BCE-
de obligar a establecer depósitos remunerados a tipos de mercado en esta
banca pública inversamente proporcionar al crédito concedido por la banca
privada. Dicho de otra forma, la banca privada tendría, como tiene actualmente,
toda la libertad de otorgar crédito, pero los bancos que lo dieran por debajo
de la media y prefirieran devolverlo al BCE cuando procede de este organismo o
que lo invierten en bonos alemanes o de otros Estados, estarían obligados a
depositar parte del pasivo en la banca pública. Lo cual sería un aliciente para
que la propia banca privada cambiara su comportamiento crediticio y hacerlo
cada vez más doméstico.
6) En la otorgación del crédito
tendría siempre y sólo como criterio el análisis del riesgo de la empresa. No
podemos poner como modelo lo que ha hecho la banca privada porque, como ya
hemos señalado, el desatino de ésta ha sido mayúsculo, pero lo ha sido porque
cada banco individualmente no suele ser capaz de valorar la evolución de la
economía en su conjunto ni de valorar el ciclo económico. Sin embargo en este punto
sí ha habido diferencias entre bancos. Los bancos y cajas que menos problemas
han tenido son los que han escapado de la sola tentación del ladrillo y
aquellos –ayudados por su tamaño- que han salido al exterior, invirtiendo, por
ejemplo, en América Latina. Una banca pública puede escapar del falso paradigma
smithiano ya mencionado, valorando a la vez el riesgo empresa por
empresa y el momento general de la economía y su previsible evolución. En
cualquier caso, el comportamiento crediticio ha de ser bifronte: el riesgo de
cada empresa, y el ciclo y la situación de la economía en su conjunto porque,
hay que insistir, una verdadera banca pública ha de tener un comportamiento
compensatorio como prestamista.
7) Un problema para una banca
pública de sólo nivel autonómico es que sus márgenes de actuación bajo estos
criterios se reduce porque se reduce su mercado, sobre todo del lado de las
operaciones de activo. Pensemos, además, que hay autonomías más ahorradoras que
inversoras y otras lo contrario. Dicho de otra forma, a medida que el tamaño de
su mercado se reduce el óptimo como prestamista se reduce, aumentando los
niveles de riesgo.
8) Los servicios bancarios de una
banca pública se reducirían al mínimo. Quedarían apenas los de transferencia,
caja, tarjetas y poco más. Renunciarían por tanto a operaciones de colocación
de títulos, de derivados, de comercio exterior, de inversiones en bolsa, etc.,
y no tendrían comerciales de pasivo por la manera de captar pasivo que ya hemos
comentado.
9) Estos criterios operarían en
un primer momento, pero podrían relajarse posteriormente extendiéndose a
particulares -tanto por el lado de la captación de recursos como el del
préstamo-, pero a sabiendas que ello supondría aumentar los costes
estructurales y reducir el diferencial de interés entre las operaciones de
activo y pasivo, acercándose con ello a la banca privada y perdiendo la razón
de ser de lo público.
La creación de una auténtica
banca pública no está ni estará exenta de dificultades: la mayoría política
conservadora, las acusaciones de dirigismo e intervencionismo, las
comparaciones con supuestas bancas públicas de países de planificación, la
propia banca privada, etc., serán sus enemigos. Pero además existe una
dificultad intrínseca: la necesidad de buscar la lógica de su propia existencia
y pervivencia. Todos los puntos o exigencias anteriores, se encaminan a buscar
esa lógica que, por un lado, surja fruto de la oportunidad y, por otro, se
consolide fruto de la necesidad de su diferencia con el comportamiento de la
banca privada. ¡Coraje y suerte para los que lo intenten! Apoyos también van a
tener al menos por una parte de la sociedad.
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