Por Amanda Mars
Diario El País, 185/2013.
Ninguna palabra es inocente. El
juez Elpidio José Silva utiliza en varias ocasiones, a lo largo del auto que ha
llevado a la cárcel al exbanquero Miguel Blesa, la palabra “aberrante” para referirse
a la gestión del imputado. Aberrante, que aberra, que constituye una
aberración: algo desviado, depravado, ilícito. Se refiere ni más ni menos a la
decisión de la antigua Caja Madrid de comprar en
2008 el City National Bank of Florida, lo que causó un grave
perjuicio a la entidad que, según el magistrado, se veía venir. El juez ve
indicios racionales de responsabilidad criminal de Blesa y la posible comisión
de un delito societario de administración desleal, o de delito de apropiación
indebida, en posible concurso con un delito de falsedad de documento público.
Hace una crítica demoledora del papel de Blesa en la operación y define la caja
como “paradigmática y eminentemente presidencialista”. Pero no cita en absoluto
indicios de desvío de fondos o cobro de comisiones ilegales.
“Aquí la tormenta perfecta no
dependió de constantes climatológicas, sino del propio proceder directo del
imputado Miguel Blesa”, concluye el titular del juzgado de instrucción número 4
de Madrid, en un auto que tiene todas las papeletas para pasar a la historia en
esta crisis bancaria. En la operación concurren “indicios de criminalidad”
procedentes, sobre todo, de la falta de estudios independientes previos sobre
la viabilidad de la adquisición y el hecho de que se sortease la autorización
necesaria de la Comunidad de Madrid al llevar a cabo la compra en dos partes,
que quedaron por debajo del umbral económico que hace obligatorio este visto
bueno.
Pero otros grandes del sector,
como el Santander o el BBVA, han sufrido también pérdidas multimillonarias con
sus inversiones en Estados Unidos, a raíz de la crisis financiera. Nadie fue
capaz de anticipar el huracán financiero internacional. ¿Estaba la operación de
Caja Madrid sentenciada a muerte desde el mismo momento en que se firmó? ¿Era
previsible su fiasco? ¿Lo suficientemente arriesgada como para que no pedir un
informe previo sea indicio de delito? El auto infiere una respuesta afirmativa.
Para el juez, el fracaso de la operación no se debe solo a “ignorancia”, sino
también a la falta de controles adecuados de los riesgos.
El juez recuerda que la Office of
the Comptroller of the Currency (OCC), un departamento indepediente dentro del
Tesoro, ha hecho un diagnóstico negro de la entidad: “déficits muy relevantes
en la supervisión del equipo directivo de la entidad, de cara a la debilidad
económica general, sin que esté implantada estrategia viable de negocio”,
además de un “alto y creciente riesgo estratégico”.
En concreto, con los criterios
del Banco de España, el deterioro del fondo de comercio del City National Bank
of Florida “equivale, prácticamente, a su valor (581 millones de dólares),
frente a su valor en libros (1.121 millones de dólares) y frente a lo abonado
como precio de compra (1.117 millones de dólares)”. En total, las pérdidas
alcanzan 500 millones de euros, una cifra que hoy por hoy podría ser superior.
El magistrado reprocha en el
escrito que “el precio de compra excede respecto del abonado anteriormente por
Banco Popular y Banco Sabadell, en relación con sendos bancos también
domiciliados en Miami”, aunque no hace comparación alguna entre el tamaño o
balance de unas entidades adquiridas y otras. Así que resulta arbitrario
concluir si era justificado o no que Caja Madrid pagase un precio superior por
su banco de Florida basándose en ese argumento.
Para el juez, la posibilidad de
un “delito de administración desleal” se apoya en elementos como “la ausencia
de un análisis mínimamente solvente de la entidad y del riesgo asumible, el
estudio abiertamente insuficiente del nicho de mercado, el pago de un
sobreprecio, y la ausencia de sometimiento a los controles administrativos
preceptivos”.
Se trata, continúa el escrito, de
“un nivel de ignorancia deliberada constitutivo, al menos, de dolo eventual; e
indicador, desde luego, de un dolo directo, cuando se trata de gestiones
abordadas por quienes, de sobra, gozan de experiencia en materia bancaria a
nivel de expertos”, de forma que “no puede basarse en el error en la mera
ignorancia, sino en el incumplimiento de protocolos de eminente relevancia a la
hora de aquilatar el riesgo asumible”. Así que el imputado, según el juez, “ha
podido ocasionar ‘directamente’ daños y perjuicios económicos severos a la
entidad que presidía”.
Y, aunque admite el efecto de la
crisis, remata: “no parece que nos hallemos ante eventos fortuitos o cursos
causales de todo punto inesperables, sino ante una pérdida plenamente
previsible y anticipable, de no ser —en la hipótesis más favorable al imputado
Blesa— por la ausencia total de la mínima diligencia en la gestión y destino
proyectado para los fondos de Caja Madrid, máxime ante una cuantía tan
elevada”.
Elpidio José Silva recalca que
Blesa solo contestó a su abogado, pero se acogió al derecho de no hacerlo a la
acusación o al juez, y no respondió a ninguna pregunta que permita ofrecer “una
explicación razonable” de lo sucedido. El expresidente de Caja Madrid no
justificó “por qué, deliberadamente, se fraccionó la operación put (927
millones) y call (190 millones) para obviar tal control clave de la Comunidad
Autónoma”.
Blesa explicó que pagó más por el
banco que otros porque “era mejor banco, más dimensionado; y, en suma,
rentable”, pero en ese caso, según el juez, no se entiende por qué fraccionó la
operación “ni, menos aún, se entiende por qué en tan poco tiempo sufrió tal
merma de valoración”. Sin embargo, la depreciación sucedió a muchas entidades.
El magistrado también cuestiona
“por qué se adquiere el CNBF [siglas del banco] en momentos en que, en
realidad, resultan indiferentes tales cualidades de optimización bancaria”, o
dicho de otro modo: “en medio de una tempestad, por expresarlo gráficamente, no
existe barco que, a todas luces, tenga que aguantar; ni, ante la presencia de
un tsunami, existe mejor o peor tumbona para pasar la tarde tomando el sol”.
Obvia en este punto el juez que
en 2008 casi nadie preveía el la dureza y duración del descalabro financiero
que se avecinaba: Lehman Brothers gozaba de la máxima nota de solvencia hasta
poco antes de hundirse, en septiembre de ese año. Hay otras afirmaciones poco
sólidas en el escrito, como la comparación con otras entidades financieras, sin
citar, “que se han lanzado al mercado de EE UU a través de una lenta
penetración, cimentando valor reputacional de forma táctica y paulatina, a
través de mercados próximos como, por ejemplo, México”. Los bancos españoles
que han optado por esta estrategia también han sufrido pérdidas cuantiosas.
El juez, al justificar su
decisión de pedir prisión cautelar para Blesa por “innegable riesgo de fuga” o
“destrucción de pruebas”, señala, entre otros elementos, que “no puede
descartarse la posible conexidad” de los posibles delitos en esta operación con
los créditos concedidos al exdueño de Marsans y expresidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, también imputado y en prisión. Para el magistrado, una
actuación y la otra permiten establecer “cierta continuidad” por parte de Blesa
que “permiten concluir que no se trata de un proceder esporádico, aislado de
conductas incriminatorias previas”.
Disponible en:
<
http://economia.elpais.com/economia/2013/05/16/actualidad/1368736366_663153.html>
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