Plataforma para una Banca Pública
Madrid, 17 de abril de 2 013
Recientemente se ha conocido el
enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y el Banco de España acerca de
la solución a la problemática de las entidades nacionalizadas, cuyo balance
global a 30 de noviembre de 2012 alcanzaba los 415.000 millones de euros. Desde
el ministerio que preside Luis de Guindos se pretende coordinar la gestión de
las mismas para mejorar su eficiencia, si bien el fin último es obtener un
precio más elevado cuando llegue el momento de privatizarlas. Por su parte, el
subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, niega que la posibilidad de
una intervención pública permanente de la gestión de las entidades sea la mejor
forma de alinear su operativa con los intereses sociales.
En opinión de la Plataforma por
la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por la Banca Pública, el
espectáculo que Gobierno y Banco de España están ofreciendo es lamentable. El
ministro de Economía y Competitividad está reconociendo la existencia de una
banca pública pero no actúa con presteza para dotarla de un plan creíble y
adecuado a las necesidades de la sociedad. Entretanto, el funcionamiento de las
entidades nacionalizadas no sólo no es el que se puede esperar de una
institución de este tipo, sino que, por el contrario, es el más alejado posible
a un modelo que se alinee con los intereses sociales. Solo hay ver cómo se
enfrentan los gestores de las entidades nacionalizadas al escándalo de las
participaciones preferentes, los desahucios y las reducciones de plantilla.
Desde la Plataforma seguimos
exigiendo una banca pública, construida a partir de las Cajas de Ahorro
nacionalizadas, que atienda a los intereses de la mayoría de la ciudadanía y la
conversión de todas las ayudas públicas otorgadas en acciones en poder del
Estado.
Pero mientras ese objetivo
fundamental se alcanza, hay un problema acuciante: que los ciudadanos puedan
controlar esta macro entidad que se está gestando para evitar que se
reproduzcan, en cuanto las circunstancias económicas mínimamente lo permitan,
los mismos comportamientos que en parte han llevado a la quiebra a las
entidades nacionalizadas. Nos referimos a la financiación de macro proyectos no
rentables y a los apoyos crediticios a amigos y correligionarios. Esto solo
puede evitarse con transparencia pública de la gestión,
publicando los estados financieros auditados de las entidades nacionalizadas.
Sin embargo, a excepción del Banco Financiero y de Ahorros, el resto de
entidades bajo control público no ha hecho públicos sus balances
correspondientes al pasado ejercicio. Tampoco han publicado sus estados
financieros de 2012 el Fondo de Garantía de Depósitos y el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, lo que contribuye a la opacidad en un
momento clave en el proceso de reestructuración del sector. El retraso a la
hora de la presentación de cuentas impide el imprescindible control
de la actuación de los gestores de estas entidades por parte del Parlamento.
La Comisión de Economía y
Hacienda del Congreso debe recibir, periódicamente y por escrito, información
suficiente sobre la gestión de las entidades nacionalizadas y examinarla con la
asistencia de cuantos expertos en la materia precisen, de manera que no sean
meros espectadores de las manifestaciones de los comparecientes como viene
ocurriendo hasta ahora.
El Parlamento no puede seguir sin
realizar un adecuado control efectivo de la gestión de las entidades
nacionalizadas. La transparencia es el único camino para evitar que sea
señalado por la ciudadanía por prácticas no ajustadas a la ley. Acometer esta
tarea es una tarea prioritaria para recuperar la confianza en las
instituciones.
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