Por Carlos
Javier Bugallo Salomón
Discurso leído en el acto de
presentación de la Plataforma Valenciana por la Nacionalización de las Cajas
de Ahorro y por una Banca Pública.
Voy a iniciar esta presentación
hablando, en primer lugar, de cuáles son las razones que nos han movido a crear
esta Plataforma, y en segundo lugar, de cuáles son los objetivos que nos
proponemos alcanzar con ella.
Empecemos hablando de los Bancos.
Un elemento característico de la banca privada es su comportamiento económico
cíclico, que conduce a una política de la concesión de créditos disfuncional.
Esto quiere decir que en las épocas de expansión se diseñan estrategias por
ganar cuota de mercado con niveles de exigencia débiles, y, en períodos
recesivos otorgar el crédito a pocos y muy selectos prestatarios. Con este
comportamiento, los bancos actúan como elementos amplificadores de las crisis.
Esto se ha podido comprobar
nuevamente con la crisis financiera actual, que representa un fracaso
sistemático de la banca privada, que ha dado por resultado desastrosas
inversiones y la escasez crónica del crédito. También se ha puesto de relieve
la opacidad de su administración y el carácter negligente de la misma, pues han
actuado torpemente en la recolección de información y en la administración del
riesgo, así como en la mediación de bienes vitales para las familias.
Por desgracia el comportamiento
de las cajas de ahorro no ha sido mejor. Ello se ha debido, como era de
esperar, por el proceso de liberalización del sector promovido por la reforma
de Fuentes Quintana en 1977, que equiparó a estas instituciones con el resto de
las entidades de crédito, forzándolas a competir desaforadamente para ganar
cuota de mercado interior y hacer frente a la competencia interna, así como
también la externa que se avecinaba con la inclusión de España en la Unión
Europea. El ejemplo que se impusieron a sí mismas las cajas fue el de los
bancos privados, como revela el nombre de una de ellas: Bancaja; y con ello, la
alocada captación de pasivos para financiar inversiones cada vez más
arriesgadas y especulativas.
Otro elemento agravante de la
crisis de las Cajas de Ahorro ha venido determinado por el impúdico asalto a
que fueron sometidas por parte de los partidos políticos en el Gobierno. No
sólo se aseguraron a través de los respectivos Estatutos de Autonomía el
control de los Consejos de Administración, sino también de las Comisiones de
Control, las que precisamente tenían que vigilar por la legalidad y la
rentabilidad de las operaciones realizadas por las cajas. El resultado ha sido
la más desvergonzada política de inversiones clientelar que pueda imaginarse.
Hay que decirlo alto y claro: el
colapso de las cajas de ahorro españolas no se debe a la tan traída
‘politización’ de las mismas, sino simplemente a una pésima política: aquella
basada en el más crudo liberalismo económico aunado a un control político
clientelar de las instituciones económicas.
Por todo ello se hace necesario
un cambio profundo en el sistema bancario, que incluya la conversión de las
instituciones de crédito en quiebra en Bancos Públicos dirigidos de forma
transparente, profesional y democrática. Los Bancos Públicos podrían afrontar
más fácilmente los problemas de liquidez y solvencia, y podrían también jugar
un papel permanente en la provisión estable de flujos de crédito público a las
familias así como a las pequeñas y medianas empresas. También podrían proveer
crédito a largo plazo para redirigir la economía actual hacia nuevas
actividades productoras de bienes y servicios.
La Banca Pública que reclamamos debe cumplir estos
objetivos de carácter general así como estos otros que demanda la situación
actual:
- Fin a la política de desahucios de las familias que acrediten la imposibilidad de pagar su primera vivienda, y puesta a disposición de las administraciones públicas del stock de casas de las Cajas para contribuir a crear un parque público de vivienda en régimen de alquiler, a precios asequibles, a fin de que se cumpla el derecho constitucional a una vivienda.
- Ninguna destrucción de puestos de trabajo en las Cajas, las fundaciones y la Obra Social.
- Devolver sus ahorros a las personas estafadas con preferentes y subordinadas.
Con estas propuestas no estamos
pidiendo nada que no sea factible. Tanto Bankia, Catalunya Banc, como
Novagalicia Banco son actualmente entidades financieras intervenidas por el
Gobierno y que han sido rescatadas con dinero público: son de la sociedad y
ella debe controlarlas y dirigirlas. El Gobierno no debe privatizarlas y
regalarlas a sus amigos de las finanzas privadas, como ha hecho con la Caja de
Ahorros del Mediterráneo y el Banco de Valencia.
Pero para que esto último no
vuelva a ocurrir tendremos que dar una dura batalla a un Gobierno que, por una
parte, se muestra servil frente a la propiedad privada de los más opulentos,
mientras que por otra parte dilapida y regala la propiedad pública. Para
unirnos todos en esta tarea os convocamos a todos y a todas a participar en un
proyecto, el de la Banca Pública, que tiene mucho futuro por delante.
Xirivella, 23 de mayo de 2013.
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