Por José Manuel Naredo
Nuestro país tuvo una potente
banca pública de la que hoy no queda vestigio. Murió tras el tozudo empeño
privatizador desarrollado durante los gobiernos socialistas presididos por
Felipe González y los posteriores gobiernos del PP.
Ahora se sufren las consecuencias
de haber saldado tan alegremente un instrumento cuya utilidad evidencian las
tribulaciones del actual Gobierno en sus fallidos intentos de promover el
crédito.
La banca pública existía desde
antiguo en nuestro país y tenía un peso importante. En la década de los ochenta
otorgaba más del 20% de los créditos, mientras que el resto correspondía a la
banca privada y a las cajas de ahorros. A principios de los noventa la banca
pública concedía todavía el 15% de los créditos cuando el Gobierno del PSOE
decidió unificarla en el grupo llamado Argentaria para facilitar su
privatización en bloque. Tras la pérdida de las elecciones por el PSOE, este
proceso se remató durante el Gobierno del PP con la integración de Argentaria
en el grupo privado BBV –dando lugar al actual BBVA–,con lo que el Estado se
desprendió finalmente de su participación minoritaria. La estrategia
privatizadora alcanzó extremos surrealistas en su afán de liquidar cualquier
traza de banca pública, como fue la segregación de las sucursales que tenía la
antigua Caja Postal en las estafetas de Correos, para ofrecérselas al Deutsche
Bank, cuya presencia aparece hoy insólitamente vinculada a las 2.000 oficinas
de Correos que pueblan la geografía nacional.
Los bancos públicos habían
surgido para asegurar que los antiguos servicios de crédito del Estado pudieran
ejercer directamente sus funciones de intermediación financiera sin depender de
las entidades privadas, como sigue ocurriendo en la mayoría de los países. Pero
en España, tras haber desmantelado la banca pública, el Estado perdió esas
funciones, por lo que el propio Instituto de Crédito Oficial (ICO) tuvo que
recurrir a la banca privada para colocar sus préstamos. Resulta penoso observar
cómo la banca privada no sólo ha hecho caso omiso de las reiteradas demandas
del presidente Rodríguez Zapatero de “arrimar el hombro” en la concesión de
créditos, sino que ha exigido al Estado mayores comisiones y garantías para conceder
los préstamos del ICO, a la vez que hacía gala de sus millonarios beneficios.
Es decir, que la banca privada, además de negarse a modificar los criterios en
la concesión de créditos, saca la máxima tajada posible por el mero hecho de
tramitar los del ICO, dejando por completo fuera de lugar las ingenuas
sugerencias del presidente Zapatero.
El desmantelamiento de la banca
pública entra en franca contradicción con las funciones que ahora se plantea el
Estado con motivo de la crisis. Tras tanto adelgazar al Estado y engordar los
negocios privados, el volumen y los riesgos de estos crecen a un ritmo muy
superior al de los recursos públicos. Por ejemplo, si en 1995 el importe de los
créditos doblaba al de los ingresos fiscales del Estado, en 2007 lo quintuplica,
con lo que son cada vez más limitados los recursos públicos en comparación con
los privados. Durante la crisis bancaria vivida entre 1977 y 1985, el
saneamiento de las entidades financieras españolas exigió al Estado ayudas
billonarias en pesetas y la crisis actual va camino de exigirlas en euros. En
este caso, sería razonable aprovechar, al menos, tan enorme esfuerzo para
reestablecer la propiedad y el control del Estado en el sistema bancario y
paliar así los excesos privatizadores del pasado.
Disponible en:
<http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article2646>
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