Por Andrés Muñiz
Diario Público.es,
18712/2013.
"Despropósito
incomprensible". "Intento de desactivar la investigación". "Decisión
inaudita". Los querellantes en el caso de las preferentes de Caja
Madrid han recibido con indignación la decisión de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional que restringe la causa a siete directivos, incluido Miguel
Blesa, por la planificación de las emisiones, pero deja fuera la
comercialización individualizada del producto e impide el reconocimiento de
perjudicados en la vía penal.
La Sección Tercera de la Sala,
formada por los jueces Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Antonio Díaz
Delgado, deja fuera de su competencia la posibilidad de investigar en esta
causa a los directores de sucursal y resto de empleados que vendieron las
preferentes, al estimar que "no es concebible que existiese una ideación
que partiendo de los empleados (...) decidieran por sí mismos comercializar los
productos de dicha entidad, y más de forma fraudulenta".
En ese sentido, indican que si
existiese "algún caso aislado de algún empleado de dicha entidad que se
extralimitó, dicho perjudicado podrá ejercitar las acciones personales e
individuales que correspondan" ante los juzgados ordinarios provinciales.
Según explica el abogado de Unión
Progreso y Democracia (UPyD), Andrés Herzog, uno de los autores de las
querellas, es evidente que "un plan de este tipo no lo inventan
los empleados y se ponen de acuerdo entre ellos, sino que son las
cúpulas directivas las que lo hacen y lo implementan a través de la red
comercial. En muchos casos los empleados son meros sujetos instrumentales de
los delitos, pero eso no hace desaparecer la estafa".
En cuanto a la limitación de la
investigación a "las cúpulas directivas" pero no, curiosamente, la
estafa o el engaño provocado a los inversores, sino otra cosa: "La
ideación y planificación llevada a cabo por estos miembros de esos órganos
directivos de las entidades de las que formaban parte para capitalizarlas con
la venta de acciones preferentes", para Herzog lo grave no es que los
bancos y cajas se capitalizaran, sino que lo hiciesen mediante engaño, "lo
cual al parecer no hay que investigar".
Este letrado agrega que
restringir la investigación a si las preferentes se emitieron en un contexto de
ocultación de la verdadera situación financiera, es "un concepto muy
vago que va a dar muchos problemas interpretativos y que puede
servir de excusa para reducir al máximo la investigación".
El despacho catalán Jausas, autor
de otra de las querellas, subraya, en cuanto a la comercialización de
participaciones preferentes, que "la Audiencia Nacional deja sin analizar
las consecuencias penales de que los directivos de Caja Madrid no informaran a
los adquirentes de la rebaja en el rating de la entidad en plena emisión".
"Es inaudito --sostiene el
letrado Jausas Jordi Ruiz de Villa-- que la Sala no se pronuncie sobre un hecho
tan importante como que los clientes firmaron la orden irrevocable de compra en
la creencia de que se trataba de un producto de bajo riesgo (rating Aa3 de
Moody's) pero no se les informó de que la propia Moody's había rebajado la
calificación crediticia a bono basura (Ba2) justo antes de que se cerrara la
emisión".
"Es como si se
vendiera un coche y antes de la entrega se supiera que los frenos no funcionan
y no se advirtiera al cliente", añade el letrado, que subraya que además
la Audiencia Nacional tampoco analiza el hecho que la CNMV conoció esa falta
de información e incumplió su deber legal de obligar a la caja a que informara
a sus clientes.
La Audiencia Nacional tampoco
acepta investigar los denominados "cases de operaciones" (compra y
venta de participaciones preferentes entre clientes del banco), al asegurar que
puede darse la paradoja de que el comprador que puede salir en un momento dado
perjudicado, al vender puede ser beneficiado.
"No constando que exista un
plan preconcebido para beneficiar de forma individual a unos clientes en
perjuicio de otros, el perjudicado económicamente por tal forma de hacer, debe
para su resarcimiento acudir a la vía civil contra la entidad
emisora/comercializadora de dichos productos", dice uno de los autos de la
Sala.
Este nuevo balón fuera de los
magistrados ha indignado especialmente al abogado Juan Ignacio Moreno
Yagüe, de la plataforma 15MpaRato, al entender que el informe de la
CNMV al respecto era claro al calificar de "malas prácticas" dichos
cases. Asimismo, se escandaliza de determinados pasajes de las resoluciones,
como el que dice que "es harto difícil construir una conducta engañosa,
como pretende la querella, cuando el supuesto plan concebido no es sino el
sistema bajo el que opera el sistema financiero".
Moreno Yagúe considera que los
magistrados de la Sala han pretendido desactivar la causa, pero se esforzará
porque no lo consigan. El caso pasa de nuevo ahora al instructor, el juez
Fernando Andreu, a quien 15MpaRato pedirá, entre otras diligencias, que
requiera a Bankia los correos electrónicos de Miguel Blesa --incautados en su
día por orden del juez Elpidio José Silva-- donde se refiere a su control
personal del proceso de emisión de preferentes, y ofrece datos concretos del
comportamiento al respecto de la red de sucursales, los sindicatos, el Banco de
España o la CNMV.
En palabras del abogado Herzog,
el auto es un "despropósito, carente del más mínimo rigor o
fundamento y destinado únicamente a evitar que las preferentes se
conviertan en una macro-causa".
Sin embargo, los querellantes
ven, como lado positivo de la decisión de la Sala, que haya mantenido la
imputación de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, y de otros seis
exdirectivos de la entidad, que son el expresidente de la CEOE Gerardo
Díaz Ferrán, el exsecretario de Estado de Comercio José Manuel
Fernández Norniella (PP); el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús
Pedroche (PP); el exalcalde socialista de Móstoles José María Arteta; el
exdirigente de CCOO Rodolfo Benito; y el representante de UGT Gonzalo Martín
Pascual.
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