Por Eduardo Garzón
El pasado viernes 29 de
noviembre, el gobierno aprobó un Real Decreto mediante el cual se autoriza y detalla una
nueva ayuda pública a los bancos españoles por valor de 30.000 millones de
euros. Esta ayuda consiste en que el Estado se compromete a respaldar
con dinero público una buena parte de los activos tóxicos que tienen los bancos
en su propiedad.
Pero, ¿qué son exactamente estos
activos tóxicos? Diciéndolo llanamente: se trata de bonos-descuento que
pueden usar los bancos en el futuro para no pagar impuestos. Estos bonos-descuento son
creados por el Estado y entregados a los bancos cuando se presenta alguna de
las siguientes situaciones:
1) El banco presenta pérdidas.
Por ejemplo, si un banco obtiene beneficios de 100 euros, tiene que pagar 30
euros a Hacienda en concepto de impuesto de sociedades (porque su tipo
impositivo es del 30%). En cambio, si el banco registra pérdidas de 100 euros,
no pagará impuestos y el Estado le entregará un bono-descuento por
valor de 30 euros. Imaginemos ahora que al año siguiente el banco obtiene
beneficios de 100 euros. Sabemos que tendría que pagar 30 euros en concepto de
impuesto de sociedades, pero si tiene un bono-descuento de
30 euros entonces puede utilizarlo como pago y así librarse de entregar dinero
a Hacienda.
2) El banco guarda parte de
sus beneficios y los deja inmovilizados. Por ejemplo, el banco
puede apartar una porción de los beneficios y destinarlos a un plan de pensión
privado. Como este dinero proviene de los beneficios, tiene que pagar impuestos
por él. Pero como en realidad el banco no puede beneficiarse de ese dinero
porque está reservado para los propietarios del fondo de pensión, entonces el
Estado le entrega un bono-comodín para que en el futuro el
banco no pague esos impuestos que ahora está pagando injustamente. Otro
ejemplo, el banco puede apartar una parte de los beneficios y dejarlos
inmovilizados con la intención de utilizar ese dinero en caso de que lo
necesite en una situación de urgencia (son las llamadas “provisiones”). De
nuevo, el banco pagará impuestos por beneficios aunque no saque tajada de ellos
y el Estado le entregará bonos-descuento para compensar ese
contratiempo.
Hasta el momento, estos activos
tóxicos no presentaban ningún problema. Las legislaciones española e
internacional reconocían plenamente esta herramienta sin ningún problema. Lo
que ocurre ahora es que a partir del 1 de enero de 2014 los mercados
financieros (atendiendo a las normas bancarias internacionales recientemente
acordadas) considerarán esos bonos-descuento como activos de
mala calidad, y no de buena calidad como hasta entonces había sucedido. La
razón es que en caso de que los bancos sufran algún contratiempo y necesiten
utilizar dinero para solucionarlo, estos bonos-descuento no son
nada útiles ya que son simplemente títulos (papelitos que sólo sirven para no
pagar impuestos futuros) y no dinero contante y sonante. Y puesto que los
inversores penalizarán a aquellos bancos que no posean una cantidad determinada
de activos de buena calidad, el hecho de que ahora de buenas a primeras no
puedan contar con los bonos-descuento entre esos activos de alto
rango supone un revés bastante importante para estas entidades bancarias. Por
lo tanto, los bancos necesitan aumentar la calidad de estos activos como sea
antes de que acabe el año.
Pero, ¿cómo se puede aumentar la
calidad de los activos tóxicos? Básicamente existen tres formas: 1) respaldar
con beneficios esos activos tóxicos, lo que quiere decir que los bancos
apartarían parte de sus beneficios (dinero contante y sonante) para fortalecer
esos bonos-descuento, 2) pedir dinero (capital) en el mercado de
capitales, y 3) que el Estado garantice con dinero público la solidez de los
activos tóxicos.
Como se puede intuir, la tercera
posibilidad es la que recoge el citado Real Decreto. El gobierno ha decidido
que se reserve dinero público para aumentar la calidad de los activos tóxicos
que poseen los bancos españoles. Sin embargo, el Estado sólo
garantizará los activos tóxicos originados mediante la segunda situación
comentada arriba. Los activos tóxicos que se hayan generado como
consecuencia de que los bancos hayan registrado pérdidas (la primera situación)
no van a ser respaldados con dinero público.
Por eso, aunque la cantidad total
de activos tóxicos en manos de bancos españoles alcanza aproximadamente los
50.000 millones de euros, el Estado sólo respaldará 30.000 millones (los que
han sido originados como consecuencia de haber inmovilizado una parte de los
beneficios: planes de pensiones, provisiones, etc). El resto tendrán que ser
garantizados mediante las primeras dos opciones planteadas: recurrir a beneficios
o recurrir a capital en el mercado accionario.
De esta forma, esos 30.000
millones de euros provenientes del Tesoro Público no serán entregados
inmediatamente a la banca. De momento, sólo están reservados para aumentar la
calidad de los activos fiscales (por lo tanto, y de momento, el déficit estatal
no aumentará). Ahora bien, si los bancos presentan en el futuro pérdidas o se
declaran insolventes, entonces el Estado se verá obligado a entregar a la banca
parte del dinero (o todo) que por ahora tiene reservado: 30.000 millones de
euros. En ese caso, el déficit del Estado aumentaría en esa cantidad (el total
equivale a un 3% del PIB).
Pero aquí no acaba la gracia. La
Troika (el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario
Internacional) ha dejado claro que esta ayuda no puede afectar sólo a la
banca, porque supondría favorecer a un sector empresarial frente a otros. Por
lo tanto, el Estado debe garantizar con dinero público no sólo los activos
tóxicos de los bancos sino también los del resto de empresas privadas. Esto
quiere decir que todos los “bonos-descuento” que el Estado ha entregado a
empresas no financieras (sobre todo, grandes empresas como Telefónica o Endesa)
por haber inmovilizado parte de sus beneficios (pagos por prejubilaciones,
planes de pensiones para sus empleados, provisiones por morosidad, etc) serán
respaldados con dinero del contribuyente. Si estas empresas presentan pérdidas
o quiebran, el Estado les entregará dinero público.
En definitiva, nos encontramos
con una nueva cuantiosa ayuda a la banca que se extenderá por ley a las empresas
no financieras (y entre ellas, especialmente a las grandes empresas) y que sin
ninguna duda mermará todavía más las arcas del Estado.
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