Por Vicenç Navarro
Público.es, 23/07/2014.
He indicado en artículos
anteriores (ver mi artículo ‘Capital-Trabajo: el origen de la crisis actual’, ‘Le Monde
Diplomatique’, julio de 2013) que el incremento de las desigualdades ha sido
una de las principales causas de las crisis financiera y económica actuales.
Las políticas neoliberales llevadas a cabo por los gobiernos Thatcher y Reagan
primero, y extendidas más tarde a otros países, causaron una gran concentración
de las rentas derivadas de la propiedad del capital a costa de un descenso muy
marcado de las rentas del trabajo. Esto último determinó una disminución de la
demanda y del crecimiento económico, con lo cual disminuyó el porcentaje de
personas trabajando, a la vez que creció el desempleo. No es casualidad que los
países más desiguales en Europa, como España y Grecia, estén también entre los
que están en una situación económica peor.
De esta explicación de las causas
de las crisis debería derivarse que la reducción de las desigualdades tendría
que estar en el centro de las políticas económicas y sociales de los gobiernos
de los países en crisis. Y una de las medidas más eficaces para reducir las
desigualdades es llevar a cabo políticas de pleno empleo. No es tampoco
casualidad que los países europeos con menos desigualdades (como los países
escandinavos) tengan también menos desempleo, un mayor porcentaje de población
empleada y que estén entre los que tienen un mayor crecimiento económico. La
explicación de ello es que el pleno empleo aumenta las rentas del trabajo,
disminuyendo proporcionalmente las rentas del capital, con lo cual disminuyen
las desigualdades. Y puesto que el crecimiento de las rentas del trabajo
estimula más la demanda y el crecimiento económico que el crecimiento de las
rentas del capital, las políticas orientadas a incrementar las primeras ayudan
al país a salir de la recesión, ese agujero que está dañando enormemente la
calidad de vida de las clases populares.
La causa de que la creación de
empleo origine este círculo virtuoso se debe a que el pleno empleo empodera al
mundo del trabajo, permitiendo que aumente su seguridad y su nivel de
exigencias. A menor desempleo, mayor es el nivel salarial. En EEUU, por
ejemplo, una disminución de la tasa de desempleo de un 1% se traduce en un
incremento de los salarios de los trabajadores de menor renta (las dos decilas
inferiores) de un 12,4%.
Cómo conseguir el pleno empleo
Una de las medidas más eficaces
para alcanzar el pleno empleo son las inversiones públicas en infraestructura
social y física del país. Así, si en España, en lugar de tener a una persona
adulta de cada diez trabajando en los servicios públicos del Estado del
Bienestar (como educación, sanidad, escuelas de infancia, servicios
asistenciales y otros) tuviéramos una de cada cuatro (como ocurre en Suecia),
se crearían seis millones de puestos de trabajo, con lo cual se eliminaría el
paro. Otra área en la que hay una gran necesidad es en la inversión en temas de
mantenimiento y ahorro de energía, como en los sistemas de distribución
eléctrica y en intervenciones encaminadas a la descontaminación. Todo ello
crearía empleo, a la vez que se ahorrarían recursos. La administración Obama
creó en el año 2009, con su estímulo de gasto, de 2 a 3 millones de puestos de
trabajo en algunos de esos servicios, que mejoraron la situación económica del
país (aunque el estímulo no fue suficiente, pues se necesitaban de 10 a 12
millones).
Otra medida es la subida de los
salarios, siendo esta una de las mejores medidas para hacer crecer la demanda y
estimular la producción de empleo. Para que ello ocurra es necesario que no
haya desempleo, pues de haberlo, los trabajadores no se atreverán a ser
exigentes y perderán capacidad de influencia. Igualmente eficaz para estimular
el pleno empleo y con ello la demanda es la reducción del tiempo de trabajo por
trabajador. Esta es una de las causas del bajo desempleo en Alemania, el compartir
las horas de trabajo. Así, si los nuevos puestos de trabajo (que resultarían de
tener a uno de cada cuatro españoles trabajando en los servicios públicos del
Estado del Bienestar) tuvieran jornadas de ocho horas en cuatro días en lugar
de cinco, el número de estos nuevos puestos de trabajo sería de 9 en lugar de 6
millones.
También se ha propuesto como una
medida incentivadora del crecimiento de la demanda la reducción de impuestos,
la medida preferida por los políticos conservadores y liberales, como el actual
gobierno Rajoy, cuya eficacia depende primordialmente del tipo de impuestos que
se reduzcan y a qué grupo social dicha reducción afecte. Cuando las rebajas de
impuestos afectan primordialmente a las rentas superiores y a las rentas del
capital, tal como ha ocurrido en las rebajas de impuestos del gobierno español,
tal medida no es una medida muy efectiva, pues, por regla general, los grupos
sociales que se benefician con esas reducciones de impuestos son los grupos más
pudientes, los cuales dedican el dinero extra que consiguen menos al consumo de
lo que lo harían otros sectores de la población, menos afectados por dichas
reducciones de impuestos.
La garantía de crédito
La capacidad de endeudarse en
términos razonables juega también un papel determinante en el estímulo de la
demanda. El comportamiento especulativo de la banca es uno de los mayores
obstáculos para la garantía del crédito, función que tradicionalmente había
realizado la banca pero que, como consecuencia de su desregulación, ha dejado de
hacer, habiendo perdido su razón social de ser. De ahí la importancia de
establecer instituciones públicas que garanticen el crédito, gravando a la vez
las actividades especulativas del sector financiero. Así pues, la continuidad
del actual sistema financiero, cuyo objetivo principal es incrementar sus
rentas a base de especulación, no sirve al propósito de facilitar el crédito,
la demanda y la producción de empleo. Las políticas del gobierno Rajoy (y del
gobierno anterior) en cuanto a mantener el sistema financiero actual son un
obstáculo para alcanzar políticas de pleno empleo.
Estas medidas, detalladas en este
artículo, jugarían un papel importante en la disminución de las desigualdades y
en la recuperación económica, pero ninguna de ellas está siendo considerada por
el gobierno español (excepto la reducción de impuestos).
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