Editorial de El País,
23/0772014.
Catalunya Banc, la caja en
quiebra vendida al BBVA por 1.187 millones, puede considerarse ya como lo
peor de lo peor de la crisis bancaria española, provocada por la pésima
gestión financiera de las entidades afectadas durante el boom de la
construcción. Los disparates cometidos por los directivos de la entidad
—exposición al ladrillo, activos tóxicos, rigor inexistente en la concesión de
préstamos—, más la poca fortuna del último equipo de dirección a la hora de
mejorar los balances, le han costado al contribuyente casi 12.000 millones.
Probablemente sea el rescate más caro, puesto que de Bankia podrá recuperarse
un porcentaje mayor del total aportado. La factura global de la crisis bancaria
incluye inyecciones de dinero público de más de 61.000 millones, de los cuales
se han recuperado 1.760 millones hasta junio, según el Banco de España. El
balance es provisional; queda por decidir el coste del Banco Mare Nostrum. Pero
ya se puede concluir que los ciudadanos han pagado el hundimiento de las cajas
de ahorros.
Por lo tanto, una primera
conclusión es que, aunque no fuese su responsabilidad directa, el Gobierno no
estuvo muy acertado al pronosticar que la crisis bancaria no tendría coste para
los ciudadanos. A diferencia de los rescates en otros países, donde los Estados
han conseguido recuperar el dinero adelantado —a veces incluso con beneficio—,
en España las ayudas públicas se han perdido en su mayor parte. Solo con mucho
optimismo podría decirse que la reestructuración bancaria ha sido un éxito.
Los contribuyentes perciben
además que los causantes directos de la quiebra —en Catalunya Banc y en otros
casos— se han retirado a su vida privada sin que medien investigaciones de
fondo sobre las prácticas que condujeron al desastre ni un examen judicial que
determine sus responsabilidades. Pocas lecciones pueden sacarse de la crisis,
salvo la desaparición cataclísmica de un tercio del sistema, lo que se ha
cargado plenamente sobre las espaldas de los ciudadanos sin compartirlo al
menos en parte con los principales responsables.
La venta de Catalunya Banc
plantea más interrogantes. Algunas son de orden estrictamente operativo. Por
ejemplo, es muy probable que el comprador inicie un ajuste drástico en oficinas
y empleo de la entidad adquirida para rentabilizar el coste de la operación. La
entidad catalana apenas genera resultados típicos y la calidad de sus activos
todavía es mediocre. La incorporación de la cartera de clientes no parece
justificar el precio pagado.
Por otra parte, la práctica
desaparición de las cajas de ahorros españolas supone un desafío para el
regulador bancario (Banco de España). La autoridad regulatoria está obligada a
una vigilancia más estricta de las reglas de competencia en el mercado bancario.
No es lo mismo gestionar la competencia donde operan 40 entidades que donde
actúan tres o cuatro. Los efectos sobre la calidad del servicio bancario
prestado a los usuarios, los precios, comisiones y retribuciones de los
depósitos deben seguirse con atención.
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario