Por Antón Losada
El diario.es, 15/02/2015.
Todavía a más velocidad que aquella ya supersónica que permitió aprobar la
"ley mordaza" y sustituyó al poder judicial por la discrecionalidad
gubernativa que ampara imponer multas de entre 600 y 30.000 euros por protestar
contra un desahucio, la mayoría popular ha retirado unA propuesta que pretendía
proscribir esa estafa legal llamada "cláusulas suelo".
Según informa la Cadena Ser, el
texto, presentado por un "error administrativo", proponía modificar
la ley de 2013 que mejoraba muy levemente la protección a los deudores
hipotecarios. El "error administrativo" popular reconocía
la desprotección de los afectados y la posición dominante de las entidades
financieras que les permite una relación asimétrica y obligar al consumidor a
"adherirse al contrato, aun cuando alguna de sus cláusulas pueda ser
abusiva".
El "error
administrativo" popular derogaba las cláusulas desde ya, aunque sin
carácter retroactivo, dejando en el limbo la cuestión de la devolución del
dinero cobrado de manera manifiestamente abusiva e inmoral por la banca.
La propuesta se registró el 3 de
febrero y se retiró la día siguiente. Más de cuatro millones de familias
deberán seguir abonando sus cláusulas suelo a voluntad de su banco y los costes
de acudir a la Justicia para que les sean anuladas.
Nada ilustra mejor la armoniosa
cooperación entre banca y gobierno que las políticas de vivienda. Nada
ejemplifica con tanta exactitud cómo se ha ido transformando nuestro régimen
democrático en un régimen cada vez más plutocrático, en manos de los propietarios
de la riqueza y manejado por plutócratas que trabajan alternativamente en lo
público y lo privado sin otra prioridad que servir a esos propietarios.
Primero se financió el negocio
hipotecario de la banca exprimiendo a su favor la política fiscal. Ahora España
se ha convertido en el país de los 100 desahucios diarios. La UE ha dictaminado
repetidamente que nuestra ley hipotecaria contraviene la regulación comunitaria
porque deja indefenso al deudor frente a un omnipotente acreedor. Ni el
gobierno de Zapatero, ni el gobierno de Rajoy se han planteado nunca acabar con
esa ilegalidad de dudosa constitucionalidad.
La única razón capaz de explicar
semejante unanimidad reside en que, si se reformase la ley hipotecaria, la
banca debería anotar como hipotecas dudosas créditos que ahora cuantifica en
sus balances como seguros.
A pesar de haber dedicado más de
225.000 millones a previsiones y coberturas de riesgo entre 2008 y 2013, pese a
las cuantiosas ayudas públicas indirectas recibidas, los cinco grandes de la
banca deben purgar aún más de 100.000 millones de euros en créditos
inmobiliarios. De esos 100.000 millones el 55% se considera dudoso o en riesgo
de impago. La mal llamada banca "privada" española sólo tiene
cubierta la cuarta parte.
Si la legislación hipotecaria se
reformase como manda Europa para equilibrar la relación entre banca y clientes
hipotecados, el castillo que guarda la aparente solvencia de la banca
"privada" española se parecería demasiado a uno hecho con naipes. Más
vale rezar para que nos pille confesados.
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