Por José M. Romero y
María Fabra
El País, 13/02/2015.
La salida a Bolsa de Bankia,
la entidad producto de la fusión de siete cajas, entre ellas Caja Madrid y
Bancaja, provocó un enorme fiasco y se hizo falseando la información sobre su
situación real, según sostiene el juez Fernando Andreu. En su última
resolución, el magistrado fija, contra el criterio de la Fiscalía, una fianza
de 800 millones de euros de forma solidaria a la entidad, a BFA “como
accionista único de Bankia”, y a su antigua cúpula directiva —Rodrigo Rato,
Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas— para
asegurar las responsabilidades que se pudieran acordar en sentencia tras el
proceso abierto por este caso.
Ese falseamiento de la situación
real de Bankia provocó un colosal perjuicio para los 350.000 pequeños
inversores que desembolsaron 1.800 millones de euros en julio de 2011 por la
compra de acciones. Sólo 10 meses después, la entidad tuvo que ser rescatada
con dinero público (más de 22.400 millones de euros) y los accionistas vieron
como el valor de su adquisición (3,75 euros por título) se desplomaba hasta
acercarse a cero.
El magistrado encuentra en la
actuación de la directiva de Bankia suficientes indicios del delito tipificado
en el artículo 282 del Código Penal, que castiga con hasta cuatro años de
cárcel a quienes falsearan la información económica contenida en los folletos
de emisión de instrumentos financieros. Andreu llega a esta conclusión tras el
informe de dos peritos del Banco de España sobre el falseamiento de los datos
de la entidad. La cúpula de Bankia infló artificialmente en 544 millones los
recursos propios y un año más tarde falseó sus cuentas ocultando unas pérdidas
de 2.083 millones, según los peritos.
El magistrado sostiene que los directivos de Bankia aprobaron un
folleto informativo dirigido a los inversores minoristas “cuya veracidad esta
cuestionada con sólidos y fundados indicios” donde se contenía un “relato incompatible
con la verdad”. Andreu calcula la fianza en relación con el daño ocasionado a
los pequeños accionistas pues entiende que los inversores del tramo
institucional, que invirtieron 1.200 millones de euros, conocían “otros
aspectos complementarios tanto de su inversión como de los riesgos, teniendo
conocimientos más amplios de los que tienen los minoristas”. Algunas entidades,
como Mapfre, ya han declarado que si el juez determina que ha habido engaño,
presentarán demandas para recuperar su inversión.
Los 800 millones de la fianza
corresponden a un tercio del perjuicio a los minoristas (600 millones) más un
tercio de dicha cantidad, como marca la Ley. El juez recuerda que esa cifra
podrá aumentar o reducirse en función de la evolución del proceso.
La resolución supone un duro
golpe para Bankia dado que el juez asume las conclusiones de los dos peritos
del Banco de España, aunque la decisión no implica que Bankia tenga que
realizar provisiones específicas en sus cuentas, sino entregar un aval bancario
por la cantidad que le corresponda.
El auto del juez Andreu también
cuestiona de alguna manera el papel desempeñado por el Banco de España, como
supervisor de las cuentas, ya que éstas son la base con la que se redactó el
folleto para la salida a Bolsa. Esta anómala situación afecta mucho más a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque su misión específica es
cerciorarse de la veracidad de los datos comprendidos en el folleto que emitió
Bankia.
Tras conocerse el informe de los peritos del Banco de España y antes de la
resolución del juez Fernando Andreu, el Ministerio de Economía calculó que las
reclamaciones podían llegar a los 600 millones. Pero el nuevo auto judicial
sugiere que el escenario de reclamación abarca a la inversión total de los
inversores minoristas, 1.800 millones. El magistrado aclara que la cantidad
definitiva “es muy difícil de cuantificar porque depende de cuándo compró cada
accionista y cuando vendió sus títulos” o si todavía los mantienen aunque
depreciados. El Gobierno tiene decidido asumir un porcentaje del dinero que
Bankia deberá pagar por las demandas que presenten los accionistas del tramo
minorista.
El juez Fernando Andreu ha fijado
en 800 millones las fianzas solidarias en concepto de responsabilidad civil a
la antigua cúpula de Bankia para asegurar las eventuales responsabilidades que
se puedan acordar como conclusión de la causa en la que se investiga la
fusión y salida a bolsa de la entidad. La fianza se requiere a
Bankia, al Banco Financiero de Ahorros y a Rodrigo Rato, Francisco Verdú, y
José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas.
"Los estados financieros
contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la
entidad", expresa el juez en su auto. Bankia ha anunciado que recurrirá la
fianza, que de momento no le ha pasado factura en la Bolsa: sus acciones
han subido un 5,5% hoy.
El titular
del Juzgado Central de Instrucción número 4 considera que se ha podido cometer
un delito tipificado en el artículo 282 del Código Penal, que
castiga a quienes como administradores de hecho o de derecho de una sociedad
emisora de valores, falsearan la información económica financiera contenida en
los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros, con el
propósito de captar inversores o depositantes.
Según el juez, del informe
pericial obrante en las actuaciones se desprende "con toda
rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de
Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad". Una conclusión que ni
siquiera contradice el informe realizado a instancias de la parte querellada,
tal como sostiene.
Para Andreu hay indicios de la
comisión de este delito, ya que en primer lugar se produjo una falsedad puesto
que los estados financieros de Bankia y el Banco Financiero de Ahorros desde su
constitución no expresaban la imagen fiel de dichas entidades. Se trata de una
falsedad, "al tratarse de un relato incompatible con la verdad".
El juez considera que tampoco fue
veraz la explicación contenida en el folleto informativo dirigido a los inversores
minoristas, "pues las negociaciones con los del tramo institucional tienen
otro recorrido, dado que los mismos conocen otros aspectos complementarios
tanto de su inversión como de los riesgos, teniendo conocimientos más amplios
de los que tienen los minoristas", motivo por el que, sin perjuicio de
salvaguardar los intereses de los inversores institucionales, la estimación que
se hace con carácter provisional es de asegurar las legítimas expectativas de
los citados accionistas minoristas.
De esta forma, se estima
proporcionada, adecuada y justificada a los fines la cantidad de 800 millones,
que sería una tercera parte de la suma invertida por los accionistas
minoritarios (1.800 millones) es decir, serían 600 más un tercio de dicha
cantidad, por lo que la cifra asciende a 800. El juez recuerda que la ley
permitirá ampliar o reducir esa cifra, según la evolución del proceso judicial.
A los cuatro exmiembros del Consejo de Administración se les requiere en tanto
que fueron responsables del acuerdo adoptado en la reunión del consejo de
administración de Bankia de 15 de junio de 2011 que supuso la aprobación de los
Estados financieros que fueron incorporados al folleto informativo de la salida
a bolsa, "cuya veracidad esta cuestionada con sólidos y fundados indicios".
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