Andalucesdiario.es, 25/02/2015.
La candidata de IULV-CA al
Parlamento por Córdoba en las elecciones del 22 de marzo y exconsejera de
Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha anunciado este miércoles que la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) “está investigando los
incumplimientos de las entidades financieras del Código de Buenas Prácticas
Bancarias”, denunciados por dicho departamento de la Junta cuando estaba
dirigido por IULV-CA, por si fueran constitutivos de delito.
Según ha explicado, la
investigación puede afectar a todas las entidades que operan en Andalucía y
están sujetas al Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria pero de
obligado cumplimiento.
Ante ello, Cortés, que ha
expresado su “total desconfianza” en que los socialistas “den
continuidad” a las políticas contra los desahucios impulsadas por
IULV-CA, ha exigido al PSOE-A “que colabore con estas actuaciones y defienda el
derecho a la vivienda de las familias frente a las agresiones del poder
financiero”.
En esa línea, ha afirmado que
IULV-CA será “garantía del mantenimiento del trabajo de las oficinas del
Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, donde se han detectado los
incumplimientos”. “Frente a la sumisión del bipartidismo a la banca, IU
garantiza la defensa del derecho a la vivienda y de los derechos de los
consumidores”, ha apostillado.
LA DENUNCIA ANTE LA
FISCALÍA
IULV-CA ha recordado que la
Consejería de Fomento presentó ante la Fiscalía del TSJA el 11 de diciembre de
2014, cuando todavía estaba dirigida por Cortés, una denuncia por el
incumplimiento del Código de Buenas Prácticas Bancarias recogido en el Real
Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo de Medidas Urgentes de Protección de Personas
sin Recursos, y su posterior modificación con la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de
Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios,
Reestructuración de Deuda y Alquiler Social.
El escrito presentado se basaba
en el incumplimiento masivo de dicho Código, de adhesión voluntaria pero
cumplimiento obligatorio, detectado por Fomento y Vivienda en las oficinas del
Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, un servicio público y gratuito de
prevención, intermediación y protección ante los desahucios que en sus
dos primeros años de funcionamiento habría logrado evitar más de 6.000
desalojos.
INCUMPLIMIENTOS
Cortés ha explicado que, en
dichas oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, los
trabajadores públicos que las atienden han detectado “incumplimientos y malas
prácticas de todo tipo por parte de las entidades financieras”. Entre ellas, ha
citado “demoras injustificadas en la respuesta a las solicitudes de los
particulares; negativas a recepcionar formalmente la documentación
presentada por los afectados por procesos de desahucio; negativas a facilitar
las copias selladas de los escritos; ausencia de motivación detallada de las
declaraciones de inviabilidad de la reestructuración, dificultando posibles
alegaciones, o exigencia de documentación no preceptiva a los afectados y los
avalistas”.
También, según ha agregado la
exconsejera, se han dado otras “malas prácticas” como la “repercusión
a los particulares de gastos de formalización de las nuevas escrituras;
ofrecimiento de nuevos productos, como seguros, como requisito para acceder a
la reestructuración, o entrega de información confusa sobre las
reestructuraciones, impidiendo a los afectados conocer datos tan importantes como
el importe de la cuota mensual”.
“Los bancos ofrecen poca
información y la que ofrecen suele estar sesgada, cuando no es
directamente engañosa“, ha denunciado Cortés, que ha recordado que los
trabajadores del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda realizan un trabajo
“exhaustivo y sacrificado” para atender a familias “desesperadas y en muchas
ocasiones en situación de desánimo y ansiedad”.
LLAMAMIENTO Y CRÍTICAS AL
PSOE
Por todo ello, ha considerado que
la Consejería de Fomento y Vivienda, ahora dirigida por el PSOE-A, “debe dar
continuidad a la línea de denuncia y exigencia abierta por IU en defensa del
derecho a la vivienda”, ya que eso “no es compatible con decirle a los
bancos a todo que sí, como está acostumbrado el PSOE-A”.
La denuncia fue presentada desde
la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla, que había detectado
incumplimientos de Banco Santader, BBVA, Bankia, CaixaBank, Banco de Galicia,
Banco Pastor, Mare Nostrum, Popular, Sabadell, Caixa Catalunya, Unicaja,
BBK-Cajasur y Citibank, entre otras entidades financieras. Esta denuncia se
sumaba a otra presentada por los mismos motivos por la Delegación Territorial
de Fomento y Vivienda en Córdoba, también cuando estaba dirigida por IU, ante
la Fiscalía Provincial contra BBK-Cajasur, CaixaBank, Bankia y Banco Popular.
“Al ser la investigación abierta
por la Fiscalía del TSJA, la misma afecta a los incumplimientos detectados en
las ocho provincias, que incluyen al conjunto de las entidades financieras que
operan en Andalucía”, ha señalado Cortés.
Ante la denuncia presentada el 11
de diciembre, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón,
ordenó el inicio de las actuaciones de investigación mediante un decreto de
apertura firmado el 13 de enero. “Instamos al PSOE a hacer los deberes
en la Consejería y a facilitar a la Fiscalía el ingente caudal de información
detallada sobre incumplimientos que hay en las oficinas del Programa Andaluz en
Defensa de la Vivienda”, ha manifestado Cortés, que ha señalado que desde su
ruptura unilateral del Gobierno andaluz “el PSOE-A ha vuelto a las andadas,
siendo siempre fuerte con el débil y débil con el fuerte, exactamente lo
contrario de la línea llevada por IU”.
Cortés también ha destacado que “en
sólo un mes el PSOE-A ha dilapidado toda la credibilidad de la política de
vivienda en Andalucía, tan laboriosamente trabajada por IU durante
casi tres años”. “En cuanto se han quedado a solas le han quitado 15,5 millones
a las barriadas vulnerables, con total opacidad y justificándose con mentiras
hasta que finalmente lo admitieron cuando estaban entre la espada y la pared”,
ha ejemplificado.
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