Por
Yago Álvarez
El Salmón Contracorriente, 05/04/2016.
Los
peritos del Banco de España encargados del caso Bankia, Antonio Busquets y
Víctor Sánchez Nogueras, han entregado al juez Fernando Andreu un informe en el
que elevan la cifra del coste del rescate a Bankia que ha defendido en todo
momento el Gobierno y el Banco de España de 23.000 a 46.000 millones de euros.
Por otro lado, un informe realizado por la Plataforma de la Auditoría Ciudadana
de la Deuda y el concejal de Economía y de Hacienda del ayuntamiento de Madrid
Carlos Sánchez Mato cifran las ayudas recibidas por Bankia en 147.000 millones
de euros.
Bankia
protagonizó el mayor rescate bancario acometido por el Gobierno de España. El
banco que resultó de la fusión de varias cajas de ahorro, entre las que se
encontraban Bancaja y Caja Madrid, necesitó una inyección directa de capital de
22.424 millones de euros, de los cuales 17.959 se correspondían a inyección
directa de capital y 4.465 millones de euros se canjearon por participaciones
preferentes convertibles.
Esta
cifra de casi 23.000 millones de euros ha sido la que tanto el gobierno como el
Banco de España han usado hasta el momento a la hora de hablar sobre el coste
que ha supuesto para el contribuyente el rescate bancario y para valorar las
ayudas realizadas por parte de las administraciones públicas a dicho banco.
Este
nuevo informe, firmado por los peritos del Banco de España encargados de
analizar el caso Bankia, ha roto con ese discurso incluyendo las ayudas de la
SAREB, también conocido como el “banco malo”, como ayudas públicas a la entidad
que presidía Rodrigo Rato. A finales de 2012, la SAREB compró activos a Bankia
y BFA, su empresa matriz, valorados por otros 22.317 millones, por los que
entregó al banco bonos emitidos por la SAREB y avalados por el Estado. Los
peritos elevarían así la cantidad del rescate de 23.000 a 46.000 millones de
euros, duplicando la cantidad defendida siempre por el Gobierno y el Banco de
España.
El
argumento defendido por los técnicos del Banco de España se basa en considerar
también como ayudas públicas esta compra por parte de la SAREB, ya que el banco
malo fue concebido para liberar a la banca de activos y así sanear sus
balances. El banco malo está en manos del Gobierno en un 45% y el 55% restante
en posesión de inversores privados. Con esta fórmula el Gobierno evita tratar
la SAREB como una empresa pública, elude introducir las deudas de esta en la
contabilidad del Estado y escurre el bulto a la hora de contabilizar esta
compra de activos por parte del banco malo como ayudas provenientes del sector
público, al contrario de lo que dicen ahora los dos peritos del Banco de
España.
Créditos fiscales,
avales, préstamos y adquisición de activos financieros
La
técnica adoptada por Gobierno y por el Banco de España de usar la cifra de los
23.000 millones de euros como las únicas ayudas por parte de las
administraciones públicas no deja sólo las compras de la SAREB fuera del
cómputo. La Plataforma de la Auditoría de la Deuda (PACD) elaboró un informe en
el que valoraban otras ayudas a la banca que no han sido valoradas por las
administraciones públicas y que aumentarían esa cantidad hasta los 147.000
millones de euros.
El Fondo para la Adquisición de Activos
Financieros (FAAF)
Los
activos inmobiliarios no fueron lo único que el Estado adquirió a los bancos
privados. El FAAF es una organismo creado para adquirir activos financieros de
“máxima calidad” con la finalidad de “apoyar la oferta de crédito a la
actividad productiva de empresas y a los particulares” comprando esos activos e
inyectando capital a los bancos para que así pueda fluir el crédito. Este
organismo adquirió activos financieros, que dudosamente se podrían clasificar
de “máxima calidad”, por valor de 21.041 millones de euros, de los cuales se
usaron 3.322 millones de euros para comprar activos financieros a Bankia. Ni el
gobierno ni los peritos del Banco de España incluyen esta compra de activos
como una ayuda pública a la banca privada, a pesar de que se trata de una
operación muy similar a la realizada por la SAREB.
Los créditos fiscales
Los
créditos fiscales y los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en
inglés) son deudas que Hacienda tiene con los bancos debidas a sus pérdidas. A
las entidades bancarias se les ha permitido usar esta “deuda” futura como si
fuera un activo presente. De este modo han podido usarlo para sanear sus
balances, usarlas como aval o incluso venderlas a terceras partes como si se
trataran de activos presentes y reales.
Los
créditos fiscales concedidos a Bankia durante su rescate fueron de 6.957
millones de euros y tampoco han sido contabilizados nunca como una ayuda del
sector público por el Gobierno o el Banco de España.
Elaborado
por Carlos Sánchez Mato a partir de datos de Banco de España, FROB, Tesoro y
FAAF
Préstamos baratos del Banco Central Europeo
El
BCE elaboró un plan para reactivar la economía que trataba de volver a hacer
fluir el crédito a PYMES y familias mediante el préstamo de una gran cantidad
de dinero a los bancos privados a intereses cercanos al cero. La máxima
autoridad en materia monetaria de Europa prestó un billón de euros a tipos de
interés del 0’25% y 0’15%. La banca española acudió a esos préstamos para
recibir más de 350.000 millones de euros a intereses muy bajos que utilizó para
comprar gran parte de la deuda pública que España emitió para poder paliar la
crisis, que el rescate a esa misma banca había causado.
En
el caso de Bankia, la entidad recibió 58.022 millones de euros a intereses
prácticamente nulos que pudo usar para comprar y especular con deuda pública o
para prestar a las administraciones públicas locales mediante el plan de pago a
proveedores sin necesidad de prestar a familias y empresas.
Avales del estado a los depósitos bancarios
Una
de las primeras medidas tomadas por el gobierno socialista de José Luís
Rodríguez Zapatero al estallar la crisis financiera fue elevar por ley el aval
que protege los depósitos bancarios de los clientes de 20.000 a 100.000 euros
por persona y entidad. Esta medida, mostrada como una protección a los
clientes, elevó la cantidad comprometida para avalar dichos depósitos por parte
del Estado en 795.135 millones de euros.
De
este incremento, 34.768 millones fueron a los depósitos de los clientes de
Bankia, lo que la convirtió en un banco “demasiado grande para caer” y
justificó su posterior rescate. Estos avales nunca han sido considerados como
parte del rescate ni de las ayudas públicas recibidas por parte del Banco de
España, al contrario de lo que defienden desde la PACD. “Tanto en el caso de
los avales bancarios como en los préstamos del BCE son recursos al que el
conjunto de la ciudadanía no tiene acceso. Las entidades financieras reciben un
trato de favor por parte de las instituciones publicas supranacionales y
nacionales” , explica Guiomar Morales, de la PACD. “Ademas, en el caso de los
avales, implica un claro ahorro para las entidades financieras, ya que si
hubieran tenido que recurrir al mercado, el coste derivado de contratar dichos
avales hubiera sido muy superior”, comenta la activista, “ni que decir tiene,
el crédito a intereses prácticamente cero procedente del BCE, el cual podría
haber usado ese dinero para financiar directamente a los estados”, concluye
Morales.
Rodrigo Rato,
Deloitte y la CNMV
Según
informa el diario El Mundo, el cual ha tenido acceso al informe, los dos
peritos critican duramente el comportamiento del presidente de la entidad
durante su salida a bolsa calificándola de una “farsa de Rodrigo Rato y su
equipo con la colaboración de la auditoría Deloitte” que provocó un rescate
público más caro de lo que defiende el Gobierno.
El
informe señala que la salida a bolsa del grupo se realizó cuando BFA estaba en
quiebra siendo ocultado a los inversores con el visto bueno de la CNMV. ’Los
administradores de BFA y Bankia [encabezados por Rodrigo Rato] prefirieron
diferir el reconocimiento de las pérdidas evidenciadas, lo cual fue lesivo para
los intereses de los inversores e incluso, como finalmente sucedió, para los
intereses del Estado que unos pocos meses después tuvo que rescatar y sanear el
grupo BFA’, concluyen los dos peritos.
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