Por Sofía Pérez Mendoza
El diario.es, 06/04/2016.
Hubo
un tiempo no tan lejano en el que se desayunaba, comía y cenaba con imágenes de
desahucios. No se disponía de datos completos ni precisos (como ahora), pero
daba la sensación de que todos o casi todos los días una familia era expulsada
de su casa. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros grupos de
vivienda nacidos al calor de las asambleas de barrio del 15M se encargaron de
poner el problema en la agenda mediática, política y tuitera. También en las
mesas de los bares, en las comidas de domingo o en los centros de trabajo.
Han
pasado tres años de eso. ¿Los bancos negocian más? Sí, pero también hay más
desahucios por impago de alquiler y más desalojos de ocupaciones. El problema,
aseguran los expertos, no ha remitido sino que se ha transformado. En ese
viraje también influyen otras causas, como la aprobación de la Ley de Seguridad
Ciudadana que prevé multas de hasta 30.000 euros para los activistas que
desobedezcan órdenes policiales o resistan pacíficamente ante una orden de
lanzamiento. La nueva situación, reconocen los propios activistas, ha disuadido
las acciones públicas con mayor visibilidad y participación.
La
caída de la atención mediática responde, según las fuentes consultadas, a una
suma de factores. Explicamos por qué en este momento los desahucios ya no
ocupan titulares.
La sopa de cifras
Hoy
por hoy, no hay ningún organismo que contabilice de forma exhaustiva cuántas
unidades familiares han perdido su casa, ya fuera de su propiedad o de
alquiler. "Hay una clara voluntad política de no ofrecer datos
claros", dice Carlos Macías, portavoz de la PAH Barcelona.
Si
tomamos los aportados por el Consejo General del Poder Judicial, la fuente más
antigua y completa, el número de lanzamientos (es decir, procesos que
terminaron con el desahucio) en 2015 apenas ha descendido un 1% respecto al año
anterior. Fueron 67.359, frente a los 68.091 de 2014, y de ellos más de la
mitad (53%) fueron consecuencia del impago del alquiler. El 43,4% tuvo que ver
con las deudas hipotecarias.
Se
quedaron sin casa y solo en el mejor de los escenarios posibles el banco les
perdonó la deuda a cambio del inmueble (dación en pago). En los peores,
siguieron cargando con el adeudo. Hay que puntualizar que estos desalojos no
solo afectan a viviendas habituales; también segundas viviendas, locales
comerciales o garajes. Y el CGPJ no especifica.
El
INE empezó a publicar en 2014 sus propias cifras, preparadas a partir de los
datos del Colegio de Registradores de la Propiedad. Estas cifras solo cuentan
el número de ejecuciones hipotecarias, un proceso judicial previo que no
siempre termina en desahucio. En el último trimestre de 2015 se abrieron 22.540
procedimientos de este tipo, un 16,2% más que los tres meses anteriores pero un
27,8% menos si lo comparamos con el mismo periodo de 2014. De estos procesos,
el 58,6% son sobre vivienda y afectan en más de la mitad de los casos (6.898) a
la residencia habitual.
El
Banco de España solía aportar cifras bien desmenuzadas pero solo relativas a los
inmuebles en propiedad, de los que especifica si eran vivienda habitual o no.
Los últimos datos publicados por esta fuente corresponden al año 2014 y revelan
un aumento del número de desahucios de viviendas del 3,1% respecto a 2013. El
incremento es mayor (el 5,6%) para las primeras viviendas.
Fuentes
consultadas por eldiario.es afirman que es posible que el supervisor bancario
deje de publicar cifras sobre desahucios. "Ya lo hace el INE", se
justifican. Puede ser próximamente, aunque aseguran que existe un compromiso de
terminar con la serie de 2015.
Menos movilización, más burocracia
En
todo este tiempo, las PAH no han dejado de tener actividad. Eso aseguran los
que llevan años en la trinchera. Hay 232 organizaciones dispersas por todo el
territorio y "las asambleas se siguen llenando", asegura Carlos
Macías. Las reuniones se organizan semanalmente y en ellas los afectados y
afectadas exponen sus dudas y se les presta asesoría.
Algunos
habituales en estos encuentros cuentan que, por lo general, las asambleas han
adquirido un tinte más burocrático. "Las reuniones se emplean básicamente para
resolver papeles. Con solo levantar el teléfono paramos los desahucios, pero no
lo que viene después: un proceso
larguísimo que los bancos alargan y alargan y que no se sabe dónde acaba.
Siempre falta algún documento y hay que volver a empezar todo el proceso",
explica Gonzalo, de la PAH Centro (Madrid).
Estas
negociaciones se enmarcan en los papeleos con las entidades para reestructurar
la deuda o pedir la dación en pago, sujetos a unos requisitos que prevé el
Código de Buenas Prácticas Hipotecarias. Este código es una de las tres medidas
antidesahucios, junto a la moratoria de
dos años y el Fondo Social de Vivienda, puestas en marcha por el Gobierno en
2014 y cuyos efectos llegan a un número pequeño de afectados, según los datos.
Del
mismo modo que la presión social hizo su efecto sobre el Ejecutivo, también se
notó en la predisposición de las entidades bancarias a negociar. "En dos
días está resuelto el desahucio. Casi nunca llegamos al punto de tener que ir a
la casa y resistir pasivamente. Tener enfrentamientos no le gusta a
nadie", cuenta Gonzalo. De ahí, dice, que el problema sea menos visible en
los medios. "Ahora hacemos menos acciones públicas, entre otras cosas
porque estamos ahogados por la 'ley mordaza'".
El efecto de la 'ley mordaza'
El
activista se refiere a la Ley de Seguridad Ciudadana que entró en vigor en
junio del año pasado y que prevé
sanciones de entre 601 y 30.000 euros por no obedecer las órdenes de la
policía. Si los activistas hacen resistencia pasiva, podrán recibir multas de
hasta 10.400 euros.
"Calculamos
mucho más porque no podemos jugárnosla. Antes, cuando los bancos nos pedían
papeles imposibles nos plantábamos allí. Ahora hacemos encierros solo cuando
podemos unir varios casos a la vez y coordinándonos con otras PAH. Esta ley ha
cortado muchas de las acciones con más participación y visibilidad",
reconoce Gonzalo. "El ciclo electoral ha sido el otro factor que ha
provocado que la atención mediática se haya evaporado", añade Carlos
Macías.
Gonzalo,
como muchos y muchas de sus compañeros, ha notado que la movilización ha caído.
"Hay menos gente involucrada. Antes llegaban más personas no afectadas
dispuestas a ayudar. El sentimiento de solidaridad era más fuerte. Entendemos
que con el panorama actual todo se vuelve más complejo".
Ocupar, la última salida
Los
problemas no han desaparecido, se han transformado. El volumen inicial de casos
tenía que ver con hipotecas. Luego vinieron los alquileres, con afectados que
ya habían sido desalojados de sus viviendas y tampoco podían cumplir con su
arrendatario. El extremo de la precariedad son las ocupaciones, más o menos la
mitad de los casos que atiende hoy la PAH Centro y que no están contabilizados
en ninguna estadística. "Estos desalojos son muy difíciles de parar, al
segundo intento (y a veces incluso en el primero) se hace el despliegue policial",
afirma Gonzalo.
¿Cuáles
son las soluciones para esas familias que ya vienen con la carga de varios
episodios de expulsión? "Intentar que las administraciones hagan su
trabajo y, en última instancia, intentar realojarlas en alguno de los edificios
vacíos recuperados por la obra social de la plataforma". La PAH ha
realojado de esta manera a 3.500 personas sin alternativa habitacional, según
sus datos.
El
portavoz de la plataforma en Barcelona se queja de que las medidas políticas
aprobadas hasta el momento no han sido suficientes para que la PAH deje de
existir. Si así fuera, significaría que el problema está resulto o que la tabla
salvavidas la tienden otros. "No nos hemos disuelto, y eso solo puede
ocurrir si no hay casos que atender".
Disponible
en:
http://www.eldiario.es/sociedad/pasando-desahucios_0_499750885.html
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