Por José Precedo
El diario.es, 16/09/2016.
En medio de la campaña electoral gallega, el Tribunal
Supremo condenó esta semana a cuatro directivos de Novacaixagalicia, una
sociedad efímera que nació de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova antes de
ser vendida por el FROB, a dos años de cárcel por administración desleal y
apropiación indebida o cooperación necesaria para llevarla a cabo. Al no tener
antecedentes penales y ser una condena por debajo de los dos años y un mes, los
directivos no ingresarán en prisión. El fallo ratifica las penas que la
Audiencia Nacional impuso en 2015 tras juzgar las indemnizaciones (18,9
millones en total) que esos mismos ejecutivos se autoadjudicaron en 2010 desde
los despachos más altos de la entidad.
Mucho más que un castigo a cuatro gerifaltes codiciosos, el
Supremo ha juzgado toda una era político-económica de excesos que se dio de
bruces con la mayor crisis financiera mundial desde el crash del 29.
Ninguno de los cuatro ejecutivos condenados entrará en
prisión pero el fallo, que ni siquiera ha merecido demasiado espacio en las
portadas, estampa el lamparón definitivo en los historiales de una élite
financiera a la que nadie tosió en Galicia durante décadas. En la sentencia,
escrita en 200 páginas, figura el nombre de Julio Fernández Gayoso. El
sempiterno hombre fuerte de Caixanova, la caja del sur de Galicia que creció a
fuerza de absorber entidades más pequeñas, el meritorio que entró en Caixavigo
con 16 años apadrinado por un alcalde franquista y que luego se mantuvo 47 años
en el poder, está condenado como el cooperador necesario que ayudó desde la
cima de Novacaixagalicia en los trámites para abonar a cuatro ejecutivos un
finiquito de 18,9 millones de euros. Todo se cargó a las cuentas de un banco
valorado entonces en 181 millones. En castellano raso: más del 10% de los
activos se dedicaron a pagar los despidos de cuatro dirigentes de su cúpula.
Al elegido de Gayoso, José Luis Pego, un asesor de prensa
que heredó todo el poder en Caixanova, el Supremo lo castiga con otros dos años
de cárcel por fijarse una indemnización de 7,7 millones, que salía de
multiplicar su salario fijo (627.000 euros) por los 12 años que le quedaban
para jubilarse cuando entró con plenos poderes en Novacaixagalicia dentro de
una operación apadrinada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
La publicitadísima fusión de Caixa Galicia y Caixanova tenía como objetivo
poner a salvo el poder financiero gallego. El final es conocido: un rescate con
dinero público de 9.000 millones de euros que acabó en la venta de la entidad
resultante a un grupo venezolano por 1.003 millones. El nuevo banco privado
sigue funcionando ahora con el nombre comercial de Abanca. En el tránsito 1.850
personas perdieron su empleo a través de un Ere.
Los ejecutivos de aquel experimento llamado Novacaixagalicia
que pronto fue liquidado por el FROB Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez
también han sido condenados a dos años de prisión y al pago de una multa de
diez meses con una cuota diaria de 250 euros. Entre los cuatro directivos
deberán devolver 14 millones de euros de sus despidos. La honra la habían
perdido mucho antes, cuando empezaron los murmullos a su paso en los
restaurantes de postín y sus caras
recorrieron Galicia de norte a sur en las pancartas que los preferentistas
desplegaron para denunciar la estafa sufrida por 40.000 pequeños ahorradores. Algunos
eran analfabetos y firmaron los contratos con sus huellas dactilares.
El Supremo ha respondido al recurso de casación presentado
por las defensas que las gestiones para aprobar esas indemnizaciones
millonarias en el consejo de Novacaixagalicia fueron "inequívocos actos
apropiatorios con fines de lucro personal". E incluso considera suave la
condena de la Audiencia Nacional dictada en 2015 por la Audiencia Nacional.
Pero no toca las penas porque el Supremo no puede agravar en la respuesta a un
recurso de casación de las defensas unas condenas que considera
"desproporcionada por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de
las conductas".
A salvo de sentencias judiciales quedan otros privilegios
como los planes de pensiones también millonarios establecidos en las antiguas
cajas de ahorros. El propio Pego acumula un fondo de 10,8 millones. A Javier
García de Paredes, director adjunto de Novacaixagalicia y absuelto en el caso
de las indemnizaciones le corresponden 5,1 millones. Gregorio Gorriarán tiene
9,2 millones y Óscar Rodríguez, 8,1.
Fin de la omertá de
los banqueros
El fallo del Supremo representa el punto final a una larga
época de omertá. A muchos años en los que todos miraron a otro lado: los
consejos de administración de las dos entidades financieras –formados por
personajes de paja que se limitaban a respaldar a quienes los colocaron en
ellos y a presumir de obra social –, el poder político, los sindicatos y por
supuesto los medios de comunicación, beneficiarios directos de esa orgía
crediticia que hizo correr el dinero de los ahorradores gallegos hacia manos
amigas, ya fuesen inversiones en ladrillo en Levante o suntuosas bodegas. Nadie
se atrevió a husmear nunca en los negocios de los hombres del dinero.
Porque Gayoso no estuvo solo en los días de vino y rosas. En
la caja rival, la entidad del norte, se sentaba su antagonista, José Luis
Méndez, todopoderoso director general de Caixa Galicia durante 29 años. Gayoso
y Méndez. Méndez y Gayoso. Dos figuras intocables para periodistas y políticos
que solo tuvieron problemas en los juzgados cuando sus castillos en el aire ya
se habían desmoronado, con los balances de las cajas prácticamente quebrados.
Si Méndez se libró del pleito de las indemnizaciones que sí
juzgó a su enemigo íntimo, Gayoso, fue porque pactó su salida a tiempo, en
2010, cuando el Banco de España, tras ver los números de Caixa Galicia y su
exposición al ladrillo en aventuras de promotores valencianos, consideró al
banquero incompatible con cualquier plan de futuro. Cobró por irse 18 millones
de euros, exactamente la cantidad que exigió para apartarse del proceso de
fusión.
Pero eso fue en 2010 cuando las luces ya se habían apagado.
Tres años antes, en el verano de 2007 se vio capaz incluso de comprarse una
isla, la de Sálvora, en plena ría de Arousa. La intrahistoria de la operación
refleja bien el poder omnímodo que atesoraban en aquel momento los señores de
las cajas. Méndez dio una rueda de prensa para anunciar su adquisición por 8,5
millones de euros que Caixa Galicia iba a pagar a una familia de nobles.
La venta de Sálvora suscitó una tenue oposición en un sector
del BNG, que gobernaba Galicia en coalición con el socialista Emilio Pérez
Touriño. Uno de los diputados
nacionalistas, Bieito Lobeira, integrante de una facción marxista-leninista,
presentó una pregunta parlamentaria para cuestionar que una caja se dedicase a
comprar islas en un parque natural. El líder del BNG y vicepresidente de la
Xunta entonces, Anxo Quintana, obligó al que era portavoz del grupo
parlamentario, Carlos Aymerich a retirar la iniciativa. Por si quedaban dudas
acerca del cambio de planes, Méndez exhibió en los despachos de los medios de
comunicación una carta del BNG pidiéndole disculpas. Meses después, el
Ministerio de Medio Ambiente ejerció el derecho de tanteo y se quedó con Sálvora
para protegerla junto a otros dos islotes. El episodio dejó una copla para la
historia. Tras presentarse ante los medios exultante para anunciar la compra de
Sálvora, Méndez se permitió canturrear en el ambiente habitual de fanfarria con
los periodistas afines una canción tradicional sobre la isla con la letra
cambiada: " Ay, Sálvora, ay San Vicente, hai cousas en Galicia que solo as
fai Méndez".
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