Por Andreu Missé
El diario.es, 07/09/2016.
Introducción del libro
'La gran estafa de las preferentes', de Andreu Missé, director de la revista
'Alternativas Económicas'
Este no es un libro contra la banca. La economía de este
país, atascada por una crisis sin fin, precisa más que nunca una banca
eficiente, una banca al servicio de los ciudadanos y de las empresas, con
supervisores e instituciones públicas que protejan sus derechos.
Este es un libro contra las malas prácticas bancarias,
contra los abusos, los engaños y la desigualdad en la información que reciben
los clientes, que han permitido atropellos como el vivido por un millón de
personas (856.388 de los principales bancos) que colocaron sus ahorros en un
producto financiero desconocido llamado "participaciones
preferentes". En la mayoría de casos, los ahorradores fueron engañados al
ocultárseles los riesgos del producto, lo cual les causó graves pérdidas
económicas y, en bastantes casos, daños irreparables para su salud.
Mi propósito inicial era centrar el trabajo en indagar en
las causas y consecuencias que generaron este gran fraude. Sin embargo, la
investigación de estas malas prácticas ha constituido un laboratorio
excepcional para comprender la profundidad de los efectos de la crisis financiera,
económica y social sobre los ciudadanos más vulnerables. Es la mirada de los
más perjudicados la que he elegido como punto de observación. De alguna manera,
este libro quisiera ser la crónica de los perdedores de la crisis.
El trabajo deja al descubierto las estrechas vinculaciones
entre los abusos soportados por los clientes bancarios y las contradicciones
del actual sistema financiero. Es un modelo caracterizado por las distorsiones
provocadas por la existencia de los paraísos fiscales, la debilidad del poder
de los gobiernos ante los gigantescos conglomerados bancarios y la ineficiencia
de la regulación para proteger a los ahorradores. Además, en España hay el
agravante de que la legislación se ha
incumplido de manera sistemática.
Nacidas en paraísos
fiscales
En el recorrido por esta crisis han aparecido numerosas
sorpresas que han puesto de relieve lo poco que hemos sabido y sabemos de los
bancos y de sus connivencias con el poder político. La primera gran novedad,
por ejemplo, fue comprobar la relevancia que ha supuesto el que las preferentes
nacieran en un paraíso fiscal. Esta circunstancia permaneció oculta durante
muchísimos años para la mayor parte de la gente. Las primeras operaciones de
participaciones preferentes se remontan a hace casi veinte años (1998), y se
realizaron a través de las Islas Caimán, uno de los principales paraísos
fiscales del mundo. Casi nadie había oído hablar de preferentes y mucho menos
entendía su significado. Normal. Las participaciones preferentes no fueron legalizadas
en este país hasta 2003. No obstante, entre 1998 y 2003, en pleno reinado del
Partido Popular, se emitieron en España 18.693 millones de euros en este
producto, gracias a las oportunas autorizaciones del Banco de España, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía.
En 2001, el fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez
Villarejo puso al descubierto este colosal fraude, que pudo alcanzar hasta los
6.000 millones de euros durante los seis años que funcionó la operativa en las
Islas Caimán. Pero la solución adoptada por el Gobierno en 2003, respaldada por
el Congreso de los Diputados, fue una bendición para la banca: legalización de
las participaciones preferentes y amnistía fiscal para los bancos y cajas de
ahorros que se habían beneficiado con su comercialización.
Con la llegada de la crisis, iniciada en 2007 y agravada en
2008, los bancos y, sobre todo, las cajas precisaron más capital para taponar
sus crecientes pérdidas. En esta coyuntura, la actuación del Banco de España
fue determinante para que las entidades financieras acudieran a colocar
masivamente las participaciones preferentes entre sus clientes para
capitalizarse. Esta decisión resultó ser abiertamente contradictoria con la que
el supervisor había mantenido en 2002, cuando advirtió de los peligros de
comercializar las preferentes entre la llamada clientela minorista por su menor
preparación para comprender los riesgos.
Lo cierto es que los bancos y las cajas colocaron más de
14.000 millones de euros en participaciones preferentes entre su clientela más
confiada sólo entre octubre de 2008 y septiembre de 2009. Esta colocación a los
pequeños ahorradores tuvo el agravante de que se realizó después que los
inversores institucionales hubieran abandonado ese mercado, conocedores del
elevado riesgo de estos productos. Para las autoridades, la prioridad fue
asegurar la solvencia de bancos y cajas. Por ello, adaptaron la regulación para
que las preferentes sirvieran para reforzar su recapitalización. El resultado
fue que los tenedores de preferentes fueron los primeros que apechugaron con
las pérdidas. Fueron los primeros en rescatar a bancos y cajas cuando en 2011
vieron que no podían disponer de sus ahorros que después fueron convertidos
forzosamente en acciones, tras sufrir fuertes pérdidas.
Uno de los puntos centrales de esta historia ha sido poner
al descubierto que las duras quitas aplicadas a los ahorradores españoles
carecían del soporte de la legislación europea vigente en el momento en que se
aplicaron. Se trataba además de unos recortes masivos a ahorradores en unas
cuantías que no han tenido parangón en Europa.
El Gobierno justificó siempre las quitas como una exigencia
de la legislación comunitaria. La secuencia de los hechos demuestra que sucedió
todo lo contrario. Los sacrificios aplicados en España sirvieron de referencia
para elaborar posteriormente la legislación europea sobre esta materia. Es
decir, a los ahorradores españoles se les aplicaron quitas sin el respaldo
legal europeo que las autorizara de forma específica. España fue en 2012 el
conejillo de Indias de la normativa que en los años sucesivos se aprobaría en
Europa; primero, una comunicación de la Comisión Europea en julio de 2013 y
después, en mayo de 2014, una directiva aprobada por el Consejo y el Parlamento
de la UE que, además, en los aspectos relativos a la contribución de los
inversores al saneamiento bancario, no entró en vigor hasta enero de 2016.
Es cierto que el Eurogrupo, la institución con menos
legitimidad democrática de la Unión Europea, controlado por Alemania, exigió
con extrema dureza a España aplicar un sacrificio sin precedentes a los
tenedores de preferentes y subordinadas. Pero estas exigencias carecían de base
legal. El Gobierno español pudo haberse resistido mucho más, pero cedió y pactó
con el Eurogrupo un acuerdo que quedó reflejado en el Memorando de
Entendimiento (MoU) de julio de 2012. El
MoU fue la base para infligir las pérdidas que se aplicaron a los ahorradores
atrapados en estos productos, que en algunos casos alcanzaron el 70%. El
Gobierno se negó a que este memorando fuera discutido en el Parlamento español,
a diferencia de lo ocurrido en Alemania, Holanda y Finlandia.
La dureza de los recortes contravenía, además, las
recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), que había propuesto que sólo se aplicaran “pequeños
recortes”. La propia Comisión Europea reconoció en 2016 que a este país se le
aplicó “un régimen jurídico que todavía no había entrado en vigor” y que en
relación con los sacrificios de los afectados “España había ido más allá de la
práctica común hasta aquel momento”.
Rescate financiero
Por otra parte, la contribución forzosa de los tenedores de
preferentes y subordinadas en la capitalización de las entidades financieras
fue decisiva para que el Gobierno pudiera reducir la cuantía de la petición del
rescate desde 60.000 a 41.300 millones de euros. El Ejecutivo de Mariano Rajoy
se resistió desde un principio a pedir el rescate para los bancos españoles por
una cuestión de imagen política. El propio presidente había negado incluso que
el rescate se fuera a producir en algún momento. El Eurogrupo había ofrecido
inicialmente hasta 100.000 millones de euros pensando sobre todo en facilitar
toda la financiación necesaria a las entidades españolas para que pudieran devolver
completamente los créditos otorgados, principalmente, por los bancos alemanes y
franceses.
La aceptación por el Gobierno de unas quitas tan elevadas
tampoco fue neutral. El Ejecutivo y los directivos bancarios quizá expresaron
mucho pesar por la medida, pero todo el dinero que perdieron los preferentistas
no lo tuvieron que devolver las cajas a los afectados. A las entidades les
preocupaba bastante menos el desgaste en imagen. Por otra parte, es difícil de
justificar que mientras que la banca extranjera recuperó toda su inversión, los
pequeños ahorradores sufrieron unas pérdidas tremendas.
España siguió un camino completamente distinto al de Estados
Unidos, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Alemania y Francia. En estos países,
cuando estalló la crisis los gobiernos decidieron rápidamente emplear todo el
dinero público que fuera necesario para salvar a sus bancos sin castigar a los
ahorradores.
En nuestro país la decisión de cargar sobre las espaldas de
los ahorradores fue especialmente grave porque en 2013 cuando se concretaron
las medidas que impusieron las quitas ya se sabía que los preferentistas habían
sido personas engañadas. Las autoridades conocían que las preferentes se
colocaron en muchos casos a ancianos, personas sin conocimientos no ya financieros,
sino que en muchos casos carecían de la educación más básica. Los atrapados
fueron la generación de los años del trabajo duro de la posguerra, que lograron
pequeños ahorros con grandes sacrificios. Estas fueron las víctimas sobre cuyas
espaldas se cargó el primer rescate a la banca.
En este sentido fue especialmente censurable la negativa del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a diferenciar entre
inversores institucionales y ahorradores cuando acordó aplicar las quitas a los
tenedores de estos productos. Hay que decirlo con claridad: las autoridades
sabían muy bien las irregularidades en la comercialización de preferentes, como
lo revelan los documentos oficiales.
La desinformación de los clientes bancarios se sitúa en el
punto neurálgico de este conflicto. Existe un desequilibrio desproporcionado
entre la información que manejan los bancos y la que reciben los ciudadanos. Es
lo que los estudiosos llaman “asimetría de la información”. Es la enorme
desigualdad existente entre los conocimientos que manejan los poderes
financieros y los usuarios de los servicios bancarios. Esta desigualdad ha
permitido múltiples abusos como han sido las cláusulas suelo, los swaps o
permutas financieras, los intereses de demora desmedidos y los especialmente
graves desahucios domiciliarios. La letra pequeña de los contratos ha sido un
instrumento que ha jugado siempre en contra de los ciudadanos corrientes.
Hay múltiples muestras de los efectos de esta asimetría en
la información. Por ejemplo, cuando los bancos tuvieron conocimiento de que
bajarían los tipos de interés corrieron a poner cláusulas suelo en las
hipotecas para protegerse de este fenómeno, que conocían por informes
oficiales, pero que eran completamente desconocidos por los ciudadanos.
El calvario de los
afectados
Por el contenido del fraude, el número de afectados y, sobre
todo, por la vulnerabilidad de los mismos, la estafa de las participaciones
preferentes ha sido la más grave y perjudicial que se ha producido en este
país. Cientos de miles de familias se han visto afectadas con mayor o menor
intensidad. Muchas han pasado por un verdadero calvario hasta poder recuperar
sus ahorros después de varios años de movilizaciones, protestas y demandas
judiciales. Varias decenas de miles de perjudicados han perdido
irremediablemente una parte significativa de sus ahorros y otros tantos están
todavía pendientes de las sentencias judiciales en el ámbito civil que
continuarán dictándose durante 2017 y 2018.
A esta desigualdad en la información ha contribuido en buena
parte la falta de diligencia de las autoridades, que no advirtieron con todos
los medios a su alcance sobre los posibles riesgos de estos productos. Cuando
en otoño de 2011, por ejemplo, se cerró el mercado de las preferentes y los ahorradores
no pudieron recuperar su dinero, las autoridades mantuvieron un silencio
inexcusable. Los afectados tuvieron que descubrir que sus ahorros habían
quedado bloqueados por su propia experiencia o por los avisos de otros
afectados y de las asociaciones de consumidores.
Lo ocurrido con esta crisis no ha sido un fenómeno neutral.
La indefensión de los clientes se da después de los años de la burbuja
crediticia. Entre 1996 y 2010, bancos y cajas cosecharon la friolera de 169.281
millones de euros de beneficios. Con el
estallido de la crisis, las entidades financieras, sobre todo las cajas,
recibieron 94.755 millones de euros en ayudas directas de capital. Bancos y
cajas percibieron, por otra parte, financiación privilegiada del Banco Central
Europeo (BCE) a menos del 1%, que en el caso de los españoles llegó a alcanzar
los 378.000 millones de euros, además de un trato fiscal excepcionalmente
favorable. En medio de un zarzal de relaciones financieras internacionales
complejísimas, los tenedores de participaciones preferentes y otros productos
similares se vieron forzados a recapitalizar a la banca con sus preferentes y
subordinadas aportando casi 15.000 millones de euros.
Las malas prácticas bancarias no han sido un fenómeno
exclusivo de España, pero ha existido una diferencia muy notable con relación a
otros países. Mientras que en Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, los
desmanes han sido severamente castigados por los supervisores con multas
ejemplares, en este país las sanciones han sido ínfimas. Los diez principales
bancos estadounidenses y europeos han recibido multas que en conjunto superaron
los 150.000 millones de dólares, entre 2009 y 2015.
En España, en 2014 y 2015, las sanciones totales impuestas
por la CNMV fueron inferiores a 23 millones de euros para el conjunto de la
banca en cada uno de estos años, a pesar de que las infracciones cometidas
fueron calificadas de “muy graves”. Se trata de un castigo ridículo si se tiene
en cuenta que el volumen total de participaciones preferentes y obligaciones
subordinadas comercializadas entre pequeños ahorradores hasta 2013 ascendió a
42.582 millones de euros.
El poder de la banca
La realidad es que los bancos españoles, especialmente los
más grandes, gozan de un poder extraordinario que les ha permitido siempre
mirar por encima del hombro a los supervisores. Hay muchas pruebas de ello. En
2015, los bancos sólo rectificaron en un 40% de los casos en que el Banco de
España se pronunció a favor de los clientes que habían presentado quejas al
supervisor. En el caso de la CNMV, en 2014, las entidades financieras sólo
rectificaron en un 7% de los casos en que el supervisor dio la razón a los
reclamantes. No es de extrañar, por lo tanto, que la banca española sea la peor
valorada del mundo por sus clientes a excepción de Irlanda.
Uno de los aspectos más lamentables para los ahorradores
españoles ha sido el desdén de los bancos a la legislación europea, diseñada
expresamente para proteger a los inversores. Esta normativa, aprobada en 2004 y
vigente en España desde 2007, ha sido infringida sistemáticamente por las
entidades financieras. En febrero de 2012, el Grupo de Izquierda Plural
presentó una proposición no de ley en la que exigía que los bancos cumpliesen
las leyes vigentes. Parece que había que insistir en que las leyes se hacían
también para la banca.
Esta historia tiene un aspecto especialmente sangrante
cuando se considera que fueron precisamente las cajas de ahorros las que
cometieron las mayores tropelías. Excepto dos contadas excepciones, Caixa de
Ontinyent y Caixa de Pollensa, las cajas de principios del siglo XXI ya no
tenían nada que ver con el origen y la trayectoria social de estas
instituciones centenarias.
La dirección de determinadas cajas fue tomada por unos
ejecutivos cuya prioridad fue la obtención de beneficios. Para ello
emprendieron las inversiones más temerarias, especialmente en el sector
inmobiliario, con operaciones altamente especulativas basadas en la adquisición
de suelo. La paradoja es que las cajas, que habían tenido unas raíces más
sociales por su origen fundacional, se convirtieron en las instituciones más
opacas, con un poder cada vez más absoluto en manos de unas cúpulas directivas
que ni siquiera estaban sometidas al contrapoder de una junta de accionistas.
Las asambleas de las cajas, controladas absolutamente por la dirección, eran
reuniones a las que los medios de comunicación tenían prohibido el acceso.
Las transformaciones experimentadas por Caja Madrid, la Caja
de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Caixa Catalunya, Caixa Laietana y las cajas
gallegas, sólo por citar los casos más significativos, fueron muy
representativas. Caja Madrid, bajo la presidencia de Miguel Blesa, desarrolló
una gestión especialmente agresiva al realizar la operación más elevada que le
permitió captar 3.000 millones de euros en participaciones preferentes en 2009
para recapitalizarse. Todo esto se producía cuando los directivos ya sabían que
la entidad estaba sufriendo un grave deterioro económico. Muchos de sus
clientes, además, volvieron a ser engañados dos años más tarde con la salida a
Bolsa de Bankia, que resultó más ruinosa aún. En total, hubo más de medio
millón de perjudicados.
Las malas prácticas están muy bien documentadas. Existen
abundantes circulares, correos internos, argumentarios de estas entidades que
reflejan la feroz presión a la que sometieron a los empleados para colocar las
preferentes a sus confiados clientes. Los bancos y las cajas tenían que recabar
capital a cualquier precio, y para ello les valían las preferentes. Se trataba
de cubrir las pérdidas de sus insensatas inversiones y el estrafalario tren de
vida de sus ejecutivos, con sus elevados sueldos y pensiones. La celebración de
los consejos de administración en lugares tan exóticos como India, Shanghai o
Ibiza en el caso de la CAM o en Dubai en el de Laietana son bien ilustrativas
de un mundo que no tenía nada que ver con una caja nacida para “combatir la
miseria pública y fomentar la previsión”.
Entre la diversidad de malas prácticas efectuadas por varias
entidades sobresale la manipulación del precio de las preferentes. Aunque estos
productos financieros dejaron de emitirse prácticamente en 2009, los bancos y
las cajas los continuaron comercializando en los años siguientes a través de un
mercado interno, con lo cual mantenían la liquidez inmediata que habían
prometido. El problema es que seguían vendiendo estos productos al 100% de su
valor nominal cuando su precio real era muy inferior. En ocasiones, sólo
representaba el 25% de su valor real. El engaño se convirtió en estafa en
bastantes casos.
Las protestas dan sus
frutos
Esta crónica dedica una parte relevante a mostrar como las
masivas protestas de los afectados fueron fundamentales para recuperar los
ahorros. Cuando en otoño de 2011 se produjo el bloqueo de las preferentes
(corralito), la noticia se propagó poco a poco por todo el país y a principios
de 2012 estalló una oleada de manifestaciones y encierros en ayuntamientos que
en algunos casos se prolongaron durante seis meses.
De manera totalmente improvisada surgieron líderes
accidentales que organizaron a los afectados y multiplicaron sus acciones. Las
protestas de los afectados por preferentes, junto a las realizadas por las
Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), han constituido un nuevo tipo
de movilizaciones que no se registraban en este país desde hacía años. Estas
acciones sintonizaban fuertemente con las nuevas sensibilidades políticas
nacidas a raíz del 15M.
La extensión de estas protestas forzó a los gobiernos de
Galicia y Catalunya y al Ejecutivo de Madrid a buscar algún tipo de solución
para rebajar la explosiva tensión social. La respuesta fue establecer un
sistema de arbitraje para facilitar la devolución del dinero a los casos más
sangrantes. Aunque el arbitraje estuvo manejado y realizado a gusto de los
bancos, a través de los consultores que habían contratado, permitió a casi
300.000 afectados recuperar su dinero.
Por otra parte, una de las consecuencias más notables de
estas movilizaciones fue que visibilizaron el tipo de víctimas atrapadas y
propiciaron una gran concienciación de jueces y magistrados. La presencia de
ancianos, enfermos de Alzheimer, analfabetos y personas vulnerables en los
tribunales significó en bastantes casos un gran revulsivo para determinados
fiscales y jueces. Las reticencias históricas de los jueces a condenar a la
banca cambiaron progresivamente ante la gravedad de los abusos descubiertos.
Primero fueron los juzgados de Primera Instancia, después las audiencias
provinciales y finalmente el Tribunal Supremo los que adoptaron una nueva
posición ante los hechos.
En el campo civil, los jueces han acabado poniéndose de
parte de las víctimas de manera muy mayoritaria, obligando a las entidades
financieras a compensar a los afectados. Bankia, por ejemplo, ha tenido que
dedicar ya más de 4.000 millones de euros a satisfacer las demandas de
preferentistas y accionistas. Por la salida a Bolsa de esta entidad se llegaron
a presentar más 103.994 demandas y reclamaciones extrajudiciales. Se han
dictado decenas de miles de sentencias a favor de los clientes. Nunca había
ocurrido una cosa parecida en este país.
Dos sentencias del Tribunal Supremo obligando a Bankia a
devolver el dinero a los casi 350.000 inversores descolocó a analistas, expertos
y al propio Gobierno. A principios de 2015, el ministro de Economía, Luis de
Guindos, había anunciado que el importe máximo que tendría que asumir Bankia
por las reclamaciones judiciales sería de 600 millones. Tras las sentencias del
Alto Tribunal, la entidad optó por reintegrar el dinero directamente a los
afectados. En mayo de 2016 ya había devuelto más de 1.200 millones de euros y
continuaban las devoluciones.
Esta historia ha puesto de relieve que muchas de las
irregularidades tienen todas características de delitos, según se desprende de
las querellas admitidas a trámite por los jueces. Desde junio de 2012, se han
presentado varias querellas criminales contra los responsables de las entidades
financieras y en ocasiones contra los supervisores, que en este último caso no
han sido admitidas. Destacan las querellas formuladas por UPyD y 15MpaRato. Los
delitos de las acusaciones son bien significativos de la gravedad de los
hechos: estafa, estafa de inversores, falsificación de cuentas, administración fraudulenta
y maquinación para alterar el precio de las cosas, entre otros. El asunto principal está en manos del juez
Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, que ha realizado una investigación
asombrosa. Con independencia del resultado final, las indagaciones ordenadas
por este magistrado han proporcionado ya documentos clave que han sido
determinantes en las sentencias favorables a los afectados en los procesos
civiles.
Entre estas pruebas destacan los extensos informes
elaborados por los inspectores del Banco de España Antonio Busquets y Víctor
Sánchez, que han proporcionado elementos decisivos para comprender las malas
prácticas en el funcionamiento de Caja Madrid y Bankia. Los informes tienen
especial valor por haberse producido en un clima de fuertes presiones,
incluidas las de su propia institución.
Al cierre de este trabajo, el procedimiento penal sigue
abierto. Muchos perjudicados se sentirán muy defraudados si la única
compensación es la recuperación de sus ahorros tras varios años de litigio. Los
afectados exigen un castigo a los responsables de las entidades financieras que
les engañaron. La angustia de las víctimas ha sido reconocida en varias
sentencias que han condenado a los bancos por daños morales. Muchas personas
han enfermado y algunos han perdido la vida a consecuencia de los sufrimientos
padecidos.
Esta historia aún no ha terminado. Muchos afectados siguen
expresando sus protestas por lo ocurrido. Esta crisis ha elevado
considerablemente la conciencia de los derechos de los usuarios en asuntos
económicos básicos como son los ahorros. Los ciudadanos están cada día más
atentos a las decisiones de los políticos, las autoridades y los tribunales.
Este es quizá uno de los pocos aspectos positivos de esta tremenda historia.
(Nota de Carlos J. Bugallo: Excelente, excelente).
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