Por Rafael Simancas
Blog de Rafael Simancas, 12/02/2017.
Los sindicatos y otras plataformas sociales están
promoviendo en estos días una iniciativa con el propósito de impedir que el
Gobierno venda las participaciones públicas en Bankia y BMN. Se trata de
consolidar a partir de estas dos entidades una Banca Pública al modo en que ya
existe en otros países europeos, como Alemania, Francia o Italia.
La posibilidad de contar con una Banca Pública en nuestro
país constituye un tema controvertido de debate, con demasiados prejuicios.
Algunos de los contrarios a tal medida aducen que lo público suele ser garantía
de ineficacia y despilfarro, cuando no de corrupción. Y ponen como ejemplo lo
sucedido con determinadas cajas de ahorro.
En sentido contrario, algunos de los partidarios más
entusiastas identifican todo lo público con el bien común, al tiempo que tachan
cualquier negocio financiero privado como sospechoso de especulación. Y ponen
como ejemplo a Lehman Brothers, Goldman Sachs, las “subprime”, las preferentes
y un largo etc.
El tema es lo suficientemente relevante como para respaldar
cualquier decisión tanto con fundamentos ideológicos como con datos objetivos.
La opción de la Banca Pública en España puede defenderse desde una convicción
firme en el positivo papel del sector público para el bien colectivo y, al
mismo tiempo, desde un conjunto de razones de índole económica y política que
así lo aconsejan para el desarrollo de nuestro país.
El servicio bancario y financiero se ha convertido en un
servicio de importancia crucial para el funcionamiento de la sociedad, en lo
público y en lo privado, para las empresas, para las instituciones y para las
personas: asegurar el ahorro, gestionar pagos y cobros, ayudar a la adquisición
de viviendas, facilitar inversiones estratégicas, construir infraestructuras
públicas, apoyar a las empresas, financiar iniciativas de interés social,
promover políticas económicas contracíclicas…
Contar con una Banca Pública bien dotada puede ayudar al
mejor cumplimiento de estas funciones, especialmente allí donde el sector
privado no puede, no quiere o no le interesa llegar.
Por otra parte, el sector financiero español ha recibido
fondos públicos en cantidades muy relevantes para su sostenimiento, con gran
sacrificio de la sociedad española. Entre las ayudas del FROB para
recapitalizar entidades financieras, los esquemas de protección de activos
(EPA), inyecciones a la SAREB y demás, el erario público español ha invertido
más de 60.000 millones de euros desde el inicio de la crisis. Parece razonable
detenerse a pensar si merece la pena mantener ahí una posición pública
influyente, aunque solo sea para prevenir una recaída en la crisis que tanto
daño nos ha hecho.
Además, la opción de una Banca Pública no es precisamente
una opción extravagante en nuestro entorno europeo. Hasta 221 entidades
bancarias y 81 agencias financieras cuentan hoy con participación pública en el
conjunto de la Unión Europea. El 24% del negocio bancario alemán está en manos
del Estado, fundamentalmente a través de los länder (sus Comunidades
Autónomas). En Francia y en Italia existe una Banca Pública muy potente,
vinculada generalmente a los servicios postales y a la economía regional. No es
cierto, por tanto, que la opción de la Banca Pública vaya contra las reglas o
las costumbres comunitarias.
Un argumento más: no se trata de nacionalizar ninguna
entidad privada, sino de mantener la participación mayoritaria que el Estado ya
tiene en Bankia y BMN (más del 65%). El Gobierno tiene autorización legal para
vender hasta 2019, o incluso más allá de este plazo. Lo que se pide,
simplemente, es que no se venda, y que se haga uso de esta participación para
configurar una Banca Pública que ejerza como tal.
Habrá quienes pongan el grito en el cielo y acusen a los
defensores de esta opción de querer reproducir los desastres y abusos sucedidos
en algunas cajas de ahorro. Y se les podrá contestar que los desastres y abusos
no fueron exclusivos de las cajas públicas, que también hubo desastres y abusos
en la banca privada y que, en definitiva, no es el carácter público o privado
el que determina una gestión mala o corrupta. Hay gestores malos y buenos,
corruptos y honestos, tanto en lo público como en lo privado. Apostemos por los
segundos, en todos los sitios.
La Banca Pública española debiera garantizar una gestión
profesional y transparente, asegurando un servicio bancario eficiente a todos
los ciudadanos, recuperando la función social del crédito, y colaborando con el
Estado en la consecución de objetivos estratégicos de interés general.
Desde luego, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) debiera
participar de esta Banca Pública. Pero podemos ir más allá. ¿Por qué no
aprovechar la magnífica red de oficinas del servicio público de Correos para
dotar con una red eficaz de oficinas comerciales a esta Banca de todos? Ya se
hizo con la extinta Caja Postal de Ahorros y se sigue haciendo en Francia e
Italia. Recordemos que durante los cinco últimos años se han cerrado más del
30% de las oficinas bancarias en España, con una caída del 27% en sus empleos.
Además, resulta un contrasentido que Correos contrate su participación en el
negocio bancario con entidades financieras alemanas cuando el Estado español
cuenta con un negocio bancario propio…
Banca Pública. Claro que sí.
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