Por Julio Rodríguez
Economistas Frente a
la Crisis.com, 06/03/2017.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la creación de una Comisión de Investigación
que analizará lo sucedido en el sistema financiero español, desde la época
previa al “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria, a partir del año 2000, hasta
ahora. La investigación se centraría en
especial en los temas relativos a la crisis de las cajas de ahorros, en el rescate bancario de 2012 y
en la salida a Bolsa de Bankia. El
objetivo de dicha Comisión resulta ambicioso, habrá puntos de difícil
aclaración por las complicaciones de la contabilidad bancaria, y analizará un tenso periodo de la historia económica de España.
La etapa objeto de análisis cubre casi un ciclo completo en
la evolución de la economía española. A una fase de expansión dominada por la
construcción residencial masiva (1997-2007) sucedió un periodo de crisis y recesión que se prolongó hasta 2013. En el primer
trimestre de 2017 todavía no se han alcanzado los niveles de actividad, y mucho
menos los de empleo, de la economía española al inicio de 2008, justo en el
comienzo de la prolongada etapa de recesión que vino después. . Los orígenes de
una recesión tan acusada de la actividad, empleo y mercado de vivienda, se
encuentran en los excesos cometidos en la etapa de expansión en materia de
viviendas construidas y de créditos
concedidos a la promoción inmobiliaria. El aumento anual del crédito hipotecario superó
el 33% en 2005 (Gráfico)
El sistema financiero español, hoy en día adelgazado desde
los niveles alcanzados en 2008, ha sido una fuente de problemas y de malas
noticias para los consumidores españoles en los últimos años. En primer lugar, destaca el aumento de los
desahucios de hogares de sus viviendas
familiares por parte delos bancos, y ello por el impago de los préstamos hipotecarios
utilizados para la compra, asunto que
fue posiblemente uno de los rasgos más desagradables de la crisis.
Así, a partir de los datos publicados por el Banco de España
y por el Consejo Superior del Poder Judicial, se puede estimar en unas
220.000 el número de viviendas
familiares entregadas a los bancos entre
2008 y 2015, como consecuencia de los impagos de préstamos hipotecarios con los
que se adquirió cada vivienda habitual. Se ha puesto de manifiesto que el
sistema legal de ejecución hipotecaria vigente en España resulta duro y
depredatorio para los morosos hipotecarios. Estos últimos no solo pierden la vivienda, sino que siguen después
endeudados con los bancos y sufren el
embargo de buena parte de su remuneración salarial.
En segundo lugar, tras el aumento de la morosidad bancaria y
de las perdidas consiguientes, el sistema financiero emitió masivamente títulos híbridos, participaciones preferentes
y obligaciones subordinadas, de las que
se comercializaron unos 42.000 millones de euros, y que se colocaron
en gran parte entre los propios clientes bancarios. Estos últimos
cambiaron depósitos garantizados por unos títulos irrecuperables que pasaron a
formar parte de los recursos propios de las entidades de crédito, y que además
estaban en primera línea ante los quebrantos que vinieron después.
En España se anticipó el “bail-in” con antelación respecto
del resto de Europa, esto es, el ajuste de las entidades de crédito con
problemas se efectuó en parte a partir
de los accionistas y de los propietarios de deuda subordinada (participaciones
preferentes y obligaciones subordinadas). A estos últimos se les entregaron
acciones a cambio de tales títulos, pero con un importante descuento sobre el
nominal.
En tercer lugar, destacan los excesos de intereses pagados
por los prestatarios hipotecarios a
través de las denominadas “clausulas suelo”. Estas se empezaron a aplicar en
2009. El tipo de interés de los
préstamos a interés variable seguiría la
senda del Euribor a 12 meses, siempre que el tipo resultante no bajase de un
mínimo, que osciló entre el 3,5% y el 5%. Numerosos préstamos pasaron de ser a
tipo variable a convertirse en créditos a interés fijo. Sentencias recientes
del Tribunal de Justica de la Union Europea y del Tribunal Supremo de España, que consagran la plena
retroactividad de la restitución, pueden permitir recuperar buena parte de los excesos de intereses
pagados, pero todavía queda mucho juicio por delante, pues hay bancos que
entienden que la información aportada a
los prestatarios fue suficiente.
Desahucios de viviendas, venta masiva de títulos
irrecuperables entre ahorradores confiados, excesivos intereses pagados por medio de las clausulas suelo. No son estos los únicos
ejemplos de actuaciones del sistema financiero que afectaron negativamente a
los clientes de las entidades de crédito. Destaca en especial la desaparición
de las actuaciones socio-culturales que financiaban las desaparecidas cajas de
ahorros a partir de su Obra Benéfico-Social.
Buena parte de los ajustes se hicieron tras un discurso de
imposible aplicación, como era el que no se iba a emplear dinero público para solucionar
la crisis bancaria, algo nunca sucedido
en ninguna crisis financiera, y que los contribuyentes eran prioritarios frente
a los ahorradores incautos atrapados en las preferentes y en las obligaciones
subordinadas. . Los diputados del Congreso que integren la citada comisión tienen tarea por delante y necesitarán
aclarar las ideas respecto de los objetivos a cubrir.
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