Por Miguel Ángel
Llamas
Infolibre.es,
02/03/2017.
El título de este artículo no alude a la famosa obra de
Jacinto Benavente: es más literal que literario. El fraude bancario que ha
abierto un nuevo y enésimo frente judicial a la banca consiste en crear
intereses de la nada. O, mejor dicho, en crear intereses con base en cláusulas
abusivas incluidas en préstamos hipotecarios que comienzan a ser anuladas por
los juzgados. Varias entidades financieras, algunas con carácter generalizado,
modificaron la duración del año en la fórmula aritmética para incrementar
artificialmente el importe de las cuotas. Dividiendo por 360 (el denominado año
comercial) en lugar de por 365, la banca obtiene de sus clientes centenares de
millones de euros.
El fraude del método 365/360, del que informó este periódico
el lunes, se une a una innumerable lista de abusos bancarios cometidos en la
comercialización de préstamos hipotecarios: cláusula suelo, IRPH, intereses
moratorios, vencimiento anticipado, cláusula de gastos... La acumulación de
tantas cláusulas y prácticas abusivas responde a un modelo jurídico-político de
contratación diseñado para maximizar los beneficios privados de la burbuja
hipotecaria-inmobiliaria.
Pero, ¿cómo es posible que no hayan funcionado los controles
preventivos y que incluso a día de hoy no existan respuestas institucionales
eficaces para proteger los derechos de los consumidores? No parece existir en
España una cultura jurídica de protección de los consumidores. Salvo valiosas
excepciones, jueces, notarios y registradores de la propiedad no han cumplido
sus funciones de control de cláusulas abusivas. Un ejemplo puede ser revelador.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impone a los jueces
la obligación de controlar las cláusulas abusivas, pero en España rara vez un
juez ha actuado de oficio.
La mentalidad de los principales operadores jurídicos sigue
marcada por la igualdad contractual y la justicia rogada, esto es, obvia la
asimetría de poder inherente a la contratación con consumidores. La cuestión de
la cultura jurídica exige poner encima de la mesa el debate sobre la
democratización del acceso a las profesiones jurídicas y el replanteamiento de
la formación de los juristas. No es casual que en nuestro país una disciplina
como la sociología jurídica, que permite comprender el Derecho en sus
relaciones con la sociedad, no haya tenido apenas recorrido académico. Los
juristas no pueden ignorar por más tiempo que lo jurídico es trasunto de los
intereses creados.
Por otro lado, la autonomía institucional del Banco de
España ha supuesto un fracaso en la protección de la clientela bancaria. La
pasividad del Banco de España con los fraudes bancarios parece guardar conexión
con el fenómeno muy estudiado de la captura del regulador, en este caso por las
entidades financieras, lo que debería hacernos reflexionar sobre la necesidad
de democratizar integralmente nuestra institucionalidad para que responda al
interés general. Aunque lo cierto es que las Administraciones Públicas
competentes en materia de consumo tampoco han estado a la altura.
La proliferación e impunidad de los abusos bancarios debe
enmarcarse en una dinámica más amplia de promiscuidad entre los poderes
públicos y los poderes privados. Esta connivencia resulta evidente en el
funcionamiento de las antiguas cajas de ahorro, pero también puede advertirse
en el conjunto del sistema bancario y económico. La pasividad de los poderes
públicos con los fraudes bancarios es el resultado de un entramado
político-económico que genera incentivos perversos. Algunos de estos
dispositivos –legales o no– de corrupción sistémica son la financiación
bancaria de los partidos políticos, las puertas giratorias, la participación
bancaria en la compra y venta de deuda pública (algunos bancos son legalmente
creadores de mercado), la creciente presencia de los entidades financieras en
las políticas públicas y, no menos importante, la participación accionarial de
la banca en los grandes medios de comunicación.
Permítaseme ahora el recurso literario: los fraudes
bancarios son consecuencia de los intereses creados en la farsa democrática,
una jocosa comedia para los banqueros y un drama cotidiano para millones de
personas.
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