Por Andreu Missé
El diario.es,
02/03/2017.
En los últimos meses se han sucedido varias resoluciones
judiciales del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) de Luxemburgo que suponen un serio varapalo a los abusos bancarios. La
última resolución del Tribunal Supremo, del pasado 15 de febrero, acordó la
retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo. El alto tribunal se
vio obligado adaptar su jurisprudencia a la sentencia del TJUE del pasado
diciembre.
La aplicación de esta doctrina ha supuesto que el BBVA, uno
de los bancos con más afectados, deberá devolver todos los intereses excesivos
que había cobrado indebidamente. Hasta ahora, la única entidad que se ha visto
liberada ha sido la Caja Rural de Teruel, al comprobarse que sus cláusulas
suelo no eran abusivas, por ser transparentes debido a que eran comprensibles
por sus usuarios.
Estas sentencias han sido una importante conquista de los
ciudadanos después de una larga batalla jurídica que empezó en 2010. La
decisión podría afectar a más de un millón de familias. Hay millares de
procedimientos en los juzgados y otras tantas demandas pendientes de
presentarse.
El contencioso, sin embargo, no está resuelto aún. Hay
bancos que se resisten todavía a aceptar la nueva realidad. El Real Decreto del
Gobierno del pasado enero ha sido un último balón de oxígeno del Ejecutivo a la
banca, a la que ha concedido cuatro meses más para tratar de arreglar sus
cuentas con los clientes.
Frente a los bancos obstinados en no reconocer sus
obligaciones que establecen los jueces, alguna entidad como Bankia ha decidido
poner fin a los litigios sin más dilaciones y devolver los intereses excesivos
que había cobrado indebidamente a sus clientes. Es un gesto que sin duda se traducirá
en la mejora de su reputación entre su clientela y la de la competencia.
Algunos analistas han querido devaluar esta decisión con el argumento de que al
tratarse de una banca pública es una decisión sin mérito porque paga con el
dinero público. Es una acusación de frágil fundamentación. Ciertamente, Bankia
es una entidad controlada mayoritariamente por el Estado, de lo que se deduce
una mayor responsabilidad social, pero este es precisamente uno de los aspectos
positivos de contar con una parte del sistema financiero que sea público,
porque puede servir de referente de buenas prácticas para las demás entidades
financieras.
Por otra parte, la participación del Estado en Bankia es del
65%. Esta entidad tiene centenares de miles de accionistas, muchos de los
cuales son también depositantes y tenedores de hipotecas que comprenden mejor
que nadie la decisión de su presidente, José Ignacio Goirigolzarri. Un
ejecutivo que, sin embargo, no cesa de manifestar su deseo de acelerar el
proceso privatizador de la entidad.
La decisión de Bankia de devolver el dinero a decenas de
miles de hipotecados ha puesto al descubierto que todos los "trastornos
económicos" que habían alegado el Gobierno y el Banco de España ante los
tribunales para que los bancos no se vieran obligados a devolver el dinero
cobrado indebidamente, carecían de todo fundamento.
Otra decisión quizá de mucho mayor calado ha sido la
cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo al TJUE el pasado 8 de
febrero. Según el magistrado José María Fernández Seijo, pionero en la defensa
de los derechos de los hipotecados, la decisión de los jueces de Luxemburgo
podría suponer la paralización de todos los procesos de desahucio.
'Mea culpa'
Estas decisiones judiciales sólo son la punta de lanza de la
avalancha de procesos en marcha por las cláusulas y prácticas abusivas que
durante los últimos años se han colado en las hipotecas. En este sentido, es
significativo el mea culpa entonado nada menos que por el consejero del Banco
de España Guillem López Casasnovas. El catedrático de Economía ha detallado en
un sorprendente artículo en La
Vanguardia una larga lista de malas prácticas: "Hemos visto
participaciones preferentes, subordinadas y acciones vendidas en la red de
oficinas; cláusulas tierra escondidas o mal explicadas; swaps [permuta de intereses] vendidos a
personas inadecuadas; productos estructurados incomprensibles; bonos de alto
riesgo mal explicados o colocados a quien no correspondía; participaciones en
fondos no bien estudiados como para poder ser ofrecidos a la clientela (por
ejemplo, Fondo Madoff); gastos notariales y otros costes siempre a cargo del
consumidor; comisiones por descubierto abusivas; cargos por administración de
depósitos poco claros; comisiones excesivas en fondos de inversión sencillos;
emisión de tarjetas de crédito sin que nadie las solicitara; hipotecas con
préstamos sobre el valor de las garantías ( loan to value) superior al 80% y al
100% sin explicar la inexistencia de la dación en pago y sin referencia al
riesgo de la bajada del precio de los inmuebles; hipotecas multidivisa sin
explicar los riesgos; obligación de contratar seguros de vida con la
aseguradora del banco al contratar la hipoteca; cuentas vinculadas a cambios
anuales de comunicación sin exigir conformidad de los receptores".
Esta larga lista de atropellos merece toda la credibilidad
por venir de un consejero del supervisor
que reconoce que "falta autocrítica de las instituciones responsables
sobre qué ha fallado, por qué el Banco de España no hemos sido más proactivos y
la Comisión de Valores ha hecho poco por explicar lo que se ha hecho bien y lo
que no (señalando si hace falta a los que lo han hecho mal)".
La realidad es que la situación de la banca es bastante más
grave. En España llevamos más de veinticuatro años de retraso en el
reconocimiento de los derechos de los consumidores. Lo que están resolviendo
hoy los tribunales se fundamenta en una directiva europea de 1993.
Pero también desde el punto de vista financiero es
insostenible una banca en la que toda su actividad contractual sea objeto de
demandas y que una parte importante de sus beneficios proceda de prácticas
abusivas. La banca tiene muchas tareas urgentes por delante.
Disponible en.
No hay comentarios:
Publicar un comentario