Por Esteban Cano
Diario 16, 04/08/2017
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El Santander necesitaba ayuda urgente. El descenso de sus
beneficios era patente, tal y como demostraban sus cuentas, por más maquillaje
contable que le quisieran poner. La situación económica en España puede estar
mejorando a nivel macroeconómico, pero no en lo referente a aquello que da
beneficio a un banco comercial, es decir, al consumo interno que es lo que
genera demanda de crédito. En Latinoamérica han vivido desde la mitad de la
primera década del 2000 hasta los primeros años de la actual en una burbuja
financiera que va desinflándose poco a poco y eso ha hecho resentirse a la
unidad de negocio que supone un tercio del Grupo Santander. Finalmente, el
Brexit está dejando muy tocado los resultados puesto que una parte de los
beneficios van destinados al ROE en España y las consecuencias que está
teniendo en la economía británica la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea
son, quizá, más graves de lo que pudiera pensarse. Ya hay bancos que han
implementado planes para salir del Reino Unido incluso antes de que se cierren
las negociaciones de salida con la UE, cosa que el Santander no puede hacer
porque la entidad cántabra, a diferencia de otros grandes bancos
internacionales, no está sólo presente en la City, sino que está dentro del
sistema bancario británico y su salida supondría pérdidas mil millonarias.
Ante esta situación, se pusieron en marcha todos los
resortes económicos, gubernamentales y europeos para salvar al Santander. Eran
muchos los favores a devolver como para dejarle caer. Fue anunciarse el Brexit
e iniciarse con una operación en la que están directa o indirectamente
implicadas gobiernos, autoridades europeas, banca de inversión internacional y
bancos custodios que son los máximos accionistas del Santander y, que, además,
controlan los mercados.
Para que todo se resolviera en un plazo muy corto de tiempo
había que generar un escenario de pánico en los mercados porque ese era el
único flanco por el que poder atacar al Popular ya que, a nivel patrimonial, no
tenían nada que hacer. Tenían que ser los mercados. Para que nadie interviniera
tenían la connivencia de Luis de Guindos y de todas las autoridades
supervisoras que dependen del Ministerio de Economía. Sin esa complicidad
hubiera sido impensable que ni el Banco de España ni la Comisión Nacional del
Mercado de Valores intervinieran para frenar las operaciones en corto que se
estaban aplicando contra el Popular, operaciones que fueron frenadas en otros
casos y que tuvieron como resultado la no intervención de otras entidades. Sin
la complicidad de Luis de Guindos no hubiera sido posible que el Popular
hubiera sido ofrecido a Bankia y que estas conversaciones fueran filtradas para
que toda la prensa se enterara de que la entidad dirigida por José Ignacio
Goirigolzarri era la principal candidata del ministro para hacerse con el
Popular. Como la operación tenía tantos puntos oscuros el presidente de Bankia
se negó u opuso mucha resistencia, pero, evidentemente, todo eso se tenía que
saber porque era la cortina de humo para que el Santander no apareciera ni en
los papeles ni en los digitales. La complicidad de Luis de Guindos se comprueba
con la no intervención del Banco de España cuando Emilio Saracho provisionó
productos sanos, algo que es ilegal, con la finalidad de reducir la liquidez
del Popular cuando la acción ya estaba por debajo de 0,45 euros y un día antes
de la intervención. Pero hubo complicidades también en las autoridades
europeas. No es normal que Elke Konig saliera en un portal televisivo afirmando
que el Popular estaba en serias dificultades lo que aceleró el ritmo de bajada
del precio de la acción por el pánico que generó. Tampoco es muy normal que el
inseparable compañero de De Guindos, Antonio Carrascosa, tomara parte y
decidiera con el informe secreto de Deloitte intervenir a la sexta entidad. La
complicidad de las autoridades europeas se comprueba con la opacidad con que se
llevó todo el proceso de intervención y de entrega del Popular al Santander. Se
dice que hubo una subasta, pero no se ha hecho público si hubo más de un
candidato en la puja. No hay actas de dicha subasta. Nada. Todo oscuro, todo
opaco, todo contrario a la propia legislación por la que se rigen los órganos
regulatorios europeos.
Esta complicidad de las autoridades gubernamentales y
europeas con una operación que estaba destinada a rescatar a una entidad too
big to fail y la puesta a su disposición de organismos públicos es un modo de
corrupción por la que tendría que entrar a investigar de oficio la Fiscalía
Anticorrupción y la Audiencia Nacional. ¿O es que dentro de la operación
también estaba incluida la inacción del tercer poder? ¿Tanta influencia tiene
el Santander como para evitar que se investigue la operación que ha dejado en
la ruina a más de 300.000 familias? La Justicia está para defender los
intereses de los ciudadanos, independientemente de su estatus social. Sorprende
que ningún fiscal o que ningún juez haya determinado que habría que investigar
todos los movimientos realizados contra el Popular desde, al menos, mayo de
2016, fecha en la que se sabía que se iba a convocar un referéndum para la
salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Los abusos de la banca contra los ciudadanos están
suponiendo un filón de oro para ciertos despachos de abogados de este país.
Cláusulas suelo, preferentes, salida a bolsa de Bankia, gastos de hipoteca, son
sólo algunos de los ejemplos en los que bufetes como Arriaga Asociados, Rosales
o Martínez Echevarría están siempre en la actualidad. ¿Cuándo se ha visto que
un despacho de abogados pueda permitirse contratar a una estrella del fútbol o
de la comunicación para sus campañas publicitarias? En Estados Unidos es más
habitual ver a los letrados anunciándose en la televisión por la cultura
norteamericana de poner demandas por cualquier cosa. Sin embargo, el éxito de
estos bufetes, sin desmerecer el trabajo de sus profesionales, no está en la
cantidad de casos que ganan sino en la legislación que las autoridades
judiciales españolas y europeas han generado en los últimos años. Cada cliente
que cogen es, prácticamente, un caso ganado que conlleva su correspondiente
comisión.
En el caso del Banco Popular, en el que por una decisión
política adoptada por una institución europea se dejó en la ruina a más de
300.000 pequeños accionistas, los despachos de abogados han encontrado el nuevo
filón. Todos los bufetes se pusieron en marcha, incluso meses antes de la
intervención, para captar a las víctimas de uno de los movimientos más
corruptos de la historia de este país.
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