Por Mercedes
Serraller
Expansión,
24/08/2017.
El Ejecutivo comunitario alega que ha tomado esta decisión
para proteger al banco comprador y al sistema financiero de la UE.
La Comisión Europea deniega a los inversores de Popular la
información que le han pedido sobre la resolución del banco. En un documento al
que ha tenido acceso EXPANSIÓN, Bruselas rechaza proporcionar los textos que
los afectados le solicitan para "no dañar los intereses comerciales de
Santander" y "proteger las estabilidad financiera de la
eurozona".
Se trata del informe de Deloitte, del informe completo del
Banco Central Europeo (BCE), de la resolución de la Junta Única de Resolución
(JUR) y de un informe sobre los activos de Popular de la JUR.
Esta denegación de la Comisión Europea a la petición que le
ha planteado el despacho B. Cremades y Asociados se suma a las negativas de la
Junta de Resolución (JUR) y del BCE, en las que precisamente se escuda
Bruselas.
"La publicación de estos documentos podría socavar los
intereses comerciales de Santander y de sus accionistas. Los datos financieros
antes mencionados, en particular, la información sobre la posición de Popular
en el mercado, además de información sobre sus activos y responsabilidades,
constituyen información financiera sensible de Santander como comprador de
Popular. La revelación de esta información, en este momento, podría socavar la
protección de los legítimos intereses comerciales de Santander en lo relativo a
su posición competitiva en el mercado bancario", dice la Dirección general
para la Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capitales
de la Unión Europea. El documento lo firma su director general, Olivier
Guersent.
Además Bruselas añade: "Hacer públicos en este momento
estos textos completos podría menoscabar la protección del interés público en
lo relativo a la política financiera y económica de la Unión [...]. En
particular, los documentos concernidos contienen datos financieros muy
sensibles que incumben al sector bancario de la Unión, y cuya revelación podría
causar reacciones adversas en el mercado, poniendo en riesgo la estabilidad
financiera en la Unión. Hacerlos públicos podría causar efectos indirectos que
podrían afectar a la posición financiera de otras instituciones de crédito en
la Unión".
En el plazo de 15 días hábiles, B. Cremades y Asociados va a
pedir una reconsideración de la decisión de la Comisión Europea. En el caso de
que ésta no lo haga, recurrirán la decisión ante el Tribunal de Justicia de la
UE (TJUE).
Paralelamente, en el recurso que este bufete presentó el 7
de agosto ante el TJUE contra la resolución de la JUR, pidió copia del
expediente administrativo.
En dicho recurso, se solicita la nulidad de la decisión y,
en "consecuencia, que se devuelva a los inversores las acciones y demás
instrumentos de capital de Popular. Además, se pide una compensación
equivalente al valor neto de los activos de Popular a fecha de 7 de junio de
2017.
En su recurso, se reclama que se interrogue a Elke König,
presidenta de la JUR; Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión
Europea; al propio Guersent, que firma el documento de Bruselas; Luis de
Guindos, ministro de Economía, y Luis María Linde, gobernador del Banco de
España, entre otros.
También han recurrido ante el TJUE la decisión de la JUR
Cremades & Calvo-Sotelo en nombre de casi 4.000 inversores agrupados en
torno a la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas
(Aemec); Adicae; el bufete Rúa en representación de 2.000 minoristas, y
Kirkland & Ellis, de parte de Antonio del Valle y otros inversores
mexicanos.
Los fondos Anchorage, Algebris y Ronit, a los que asesora
Quinn Emanuel, han presentado varios recursos. Asimismo tienen previsto
recurrir Ramón C. Pelayo Abogados en representación de la Sindicatura de
Accionistas de Popular, y Andrónico Luksic, al que asesora Roca Junyent. A esto
se suman recursos contra la resolución del Frob ante la Audiencia Nacional,
además de acciones penales.
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