Por Eva Contreras
La Información,
14/08/2017.
La conflictividad judicial parece amainar para la banca pero
no hay tregua con sus ‘derramas’. La hucha reservada por el sector para encarar
todotipo de litigios rebasaba a finales del pasado mes de junio todavía los
10.340 millones de euros. Por tener una idea de la magnitud de la cifra supone
una factura que, de poder liberarse, batiría los más de 8.000 millones que la
industria ha conseguido anotarse en beneficios en un primer semestre de 2017
casi de récord, gracias a la dinamización del negocio insuflada por la firme
recuperación económica.
El cómputo recoge las cifras detalladas por una decena de
entidades en los informes semestrales financieros presentados en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Faltaría por agregar, por ausencia del
citado registro, las cifras de Kutxabank, BMN y Cajamar. Se trata del dinero
‘apartado’ por obligación normativa o simplemente por política de prudencia
para atender compensaciones si se declaran fallos desfavorables en procesos
judiciales iniciados y por discrepancias fiscales después de inspecciones de
los tributos.
Si bien con el arranque de la crisis se dispararon las
disputas por abusos en la comercialización de productos, que aún no han
remitido, y se desbordaron los presupuestos con conflictos como la salida a
bolsa de Bankia o las cláusulas suelo hipotecarias, el grueso de la partida
acopiada por la industria corresponde a conflictos fuera de España.
La razón responde a que casi dos terceras partes de la hucha
la nutrió el Santander, que en apenas seis meses ha registrado un incremento de
esta red desde 5.712 millones hasta 6.905 millones de euros coincidiendo con la
consolidación contable del Popular. Del sexto banco español por activos hereda,
por ejemplo, 461 millones para atender eventuales devoluciones de dinero
cobrado de más por aplicación de cláusulas suelo. Bajo este epígrafe no se
incluiría, en cambio, la compensación que ofrecerá a los accionistas que
acudieron a la ampliación de 2016 y perdieron la inversión con la resolucion de
la entidad, ya que su coste, por hasta 680 millones, se incluyó en el ajuste
patrimonial efectuado por el Popular antes de que pasase a ser propiedad del
Santander.
Litigios en Brasil,
Alemania y Reino Unido
Ahora bien, el cajón dotado busca, sobre todo, dar cobertura
a discrepancias fiscales en distintos países donde opera el grupo, compensar a
clientes por venta inadecuada de productos -sobre todo en Reino Unido y
Alemania- o antender por reclamaciones de otra índole como las legales que le
afectan principalmente en Brasil. Allí arrastra pleitos derivados de la compra
de ABN Amro en 2007 y en EEUU por doble imposición internacional.
En un ranking frente a estos imprevistos le seguiría
Caixabank, pero con una red que ni siquiera supone una cuarta parte de la
acopiada por el grupo cántabro, con unos 1.400 millones entre recursos para
litigios y 625 millones para los topes hipotecarios. A pesar de la gran
diversificación internacional, BBVA guarda apenas 720 millones. En el banco
Sabadell el riesgo roza los 380 millones aún cuando su hucha declarada para
litigios se limitan a 41 millones. Y la razón es que los 339 millones asociados
a cláusulas suelo los contabiliza como ‘correcciones de valor’ para conciliar
su férrea defensa de la legalidad de estos topes con un ejercicio de prudencia
de cara al inversor.
Son partidas que en el último año han subido más de un 25%
después de que el Tribunal de Luxemburgo obligase de devolver el dinero cobrado
por topes hipotecarios con total retroactividad. Crecen incluso en los primeros
compases de 2017, con la llamativa excepción de Bankia, que en el primer
semestre la reduce de 421 a 207 millones. Esta evolución contrasta con que hace
poco más de un año se enfrentaba a casi 1.900 millones en compensaciones a los
inversores particulares que acudieron a su OPV en 2012 y otros 200 millones por
los topes al euríbor en hipotecas. Su capacidad para ‘achicar’ el problema
radica en que decidió devolver el dinero a unos y otros afectados a través de
un sistema rápido de arbitraje, un gesto que se interpreta dentro de su
singularidad al ser un banco controlado por el Estado.
Más de 10.000
millones en compensaciones
La foto fija general apenas refleja que las entidades llevan
miles de millones ya consumidas en indemnizaciones durante la crisis porque
cuando sofocan un foco de riesgo se inicia otro. Se estima que todas las
contingencias derivadas de esa salida a bolsa, junto las cláusulas suelo y
otras disputas por abusos en la comercialización de productos -participaciones
preferentes, convertibles, swaps, créditos multidivisas, etc- devorarían por
encima de los 10.000 millones de euros.
Más de la mitad de la factura era imputable a los topes
hipotecarios donde el sector apenas reserva ahora unos 2.120 millones lo que
revela que ha remediado buena parte del problema. Al menos de éste, porque en
los últimos tiempos han tomado el relevo las demandas contra los gastos de constitución
de las hipotecas o el IRPH, el índice sustitutivo del euríbor. La confianza es
que la reforma hipotecaria que ultima el Gobierno fije reglas de juego claras,
no interpretables a golpe de fallos judiciales, y de un respiro a las
castigadas cuentas del sector.
La alta litigiosidad ha sido un fenómeno de la banca global.
Según datos del Banco Central Europeo (BCE) las entidades del Viejo Continente
habían efectuado provisiones entre 2008 y 2015 por valor de 144.000 millones,
casi la mitad del beneficio neto cosechado en el mismo periodo de tiempo y
equivalente a un 3,5% de su reserva de capital de máxima calidad. Su estudio,
elaborado hace un año, pronosticaba que aún debían subir 44.900 millones a la
partida por los riesgos latentes.
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