Por Nicolás M.
Sarriés
Expansión, 03/03/2018.
La crisis de Popular lleva a la UE a replantearse la Unión
Bancaria. Dos informes independientes señalan las debilidades del modelo
actual.
La caída de Banco Popular sigue coleando y su eco aún
resuena entre las autoridades europeas. Para evitar un caso así en el futuro,
la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo ha pedido su opinión a
expertos independientes. Estos proponen, entre otras medidas, la creación de un
mecanismo de liquidez «creíble» que permita al Banco Central Europeo (BCE) dar
financiación a las entidades sometidas a resolución. Así consta en un informe
firmado por Alexander Lehmann, investigador del think tank Bruegel, y remitido
a los miembros de la comisión de la eurocámara.
Lehmann plantea que este mecanismo de liquidez
extraordinario (backstop) podría financiarse con los recursos y la garantía del
Fondo Único de Resolución europeo (SRF, por sus siglas en inglés, un organismo
dependiente de la Junta Única de Resolución), incluyendo las derramas futuras
de los bancos obligados a contribuir anualmente. «Este sería un modelo similar
al usado por el Banco de Inglaterra, donde no existe una limitación de liquidez
previa», explica este académico.
El informe propone también que se revise el acuerdo firmado
entre el BCE y las distintas autoridades nacionales para la prestación de
líneas de liquidez extraordinaria (ELA). El actual modelo presenta varios
defectos, en opinión del autor, ya que hay un importante número de entidades
financieras (como demostró el caso de Popular) para las que la herramienta de
liquidez tal cual está diseñada ahora no resulta de utilidad en el caso de que
se enfrenten a fuertes salidas de depósitos.
El trabajo de Lehmann pretende tomar nota de las lecciones
aprendidas a raíz de la crisis de Popular, que condujo a la caída y resolución
del sexto banco español debido (al menos así consta oficialmente) a una crisis
de liquidez producto de una salida masiva de depósitos. Al margen del backstop
extraordinario para el BCE, este investigador propone a los europarlamentarios
otras dos medidas necesarias para evitar y abordar estas crisis en el futuro.
La medida más inmediata sería lograr una mayor coordinación
entre la JUR y el BCE, las dos principales autoridades bancarias de la zona
euro. «Esto mejoraría la consistencia y la rapidez en la adopción de soluciones
de resolución, e idealmente tendría en cuenta los puntos de vista del BCE
respecto a los riesgos sistémicos de liquidez y los potenciales contagios. La
otra medida propuesta por Lehmann es lograr una armonización en todos los
países de Europa de las herramientas de moratoria con las que las autoridades
pueden imponer corralitos temporales a depósitos y otros pasivos en aquellas
entidades en problemas.
El informe pide tener en cuenta las alarmas lanzadas desde
el sector respecto a los posibles riesgos de una herramienta como las
moratorias a los depósitos, así como la importancia de respetar los derechos de
los acreedores. Sin embargo, para que no sean más problemáticos futuros casos
de resolución de bancos transfronterizos o de entidades con importantes
exposiciones en terceros países, el informe apuesta por crear un marco único
que deje claras a los inversores unas reglas comunes de moratoria.
El SRF, ¿prestamista
de última instancia?
Los miembros del comité económico del Parlamento Europeo
también tienen en sus manos un segundo informe, en este caso firmado por Willem
Pieter de Groen, investigador del think tank CEPS, en el que se analizan las
debilidades de la actual unión bancaria para casos de crisis de liquidez y
retiradas de depósitos masivas. En este informe también el precedente de Banco
Popular supone un hito de extrema importancia a la hora de extraer conclusiones
respecto al actual modelo institucional europeo.
De Groen, como también hiciera Lehmann en su informe,
constata que las ratios regulatorias de cobertura de liquidez (LCR, por sus
siglas en inglés) se han demostrado inútiles a la hora de evaluar la
resistencia de un banco para sortear una crisis sostenida con fuertes retiradas
de fondos. Son necesarios datos más granulares y frecuentes tanto de la
liquidez como del capital de las entidades problemáticas. Como mostró el caso
de Popular, el acceso de los bancos en problemas a las líneas extraordinarias
se restringen (mediante la aplicación de haircuts), lo que acaba por hacer
inservibles estas medidas precisamente cuando más se necesitan.
Por ello, el CEPS propone a los legisladores europeos que
reformen la normativa del SFR para que este fondo pueda proveer a los bancos en
resolución (o en peligro de estarlo) con liquidez extraordinaria una vez que
nadie más acepta sus colaterales. Esto convierte al SRF, «de facto», en el
prestamista de última instancia dentro de la unión bancaria europea. Como
actualmente dispone de unos recursos relativamente escasos para lidiar con la
crisis de los mayores bancos de la zona euro, desde este think tank apuestan
por dotar al fondo a su vez de una facilidad de crédito proporcionada por el
Mecanismo Europeo de Estabilidad, que tiene una capacidad total para financiar
hasta 500.000 millones de euros si fuera necesario.
Un modelo como este ya existe en países como Estados Unidos,
donde el Fondo de Garantía de Depósitos (que a su vez actúa como fondo de
resolución) no solo dispone de sus propios recursos gracias a las aportaciones
de las entidades supervisadas, sino que cuenta con la potencia de fuego del
Tesoro en el caso de que fuera necesario.
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