Por Diego Larrouy
El Diario.es,
29/11/2018.
El Congreso de los Diputados ha puesto punto y final a más
de año y medio de investigación sobre las causas de la crisis financiera. Una
comisión por la que han pasado decenas de expertos, de directivos, de
responsables políticos y de supervisores con papel destacado durante el
periodo. El informe de las conclusiones muestra una severa crítica a los
supervisores, especialmente el Banco de España, pero incluye otras lecturas
sobre la crisis y la situación actual.
Uno de los aspectos que aborda el documento, y que ha provocado
que Ciudadanos votara en contra, ha sido todo lo referente referente a la
gobernanza de las cajas de ahorros y la influencia de los partidos políticos en
los consejos de administración de éstas. El documento desliza en un largo
apartado que "queda desmentida la influencia política como causa
explicativa del mayor impacto de la crisis de las cajas de ahorro".
"Si bien la preparación y capacidad de los miembros de
los órganos de gobierno puede resultar relevante para la buena marcha de las
entidades, dado que son los responsables últimos en las tareas de control, esta
relación no implica que la potestad de determinadas instituciones públicas en
el nombramiento directo de consejeros sea negativa de por sí, aunque lo fuera
en casos concretos", reza el texto.
En concreto, el informe de conclusiones de las causas de la
crisis financiera subraya que "son determinados grupos de personas muy
concretos con motivaciones e intereses particulares". "Son las
personas que toman de manera efectiva las decisiones últimas en relación a la
gestión en el seno de las diferentes entidades las máximas responsables de la
crisis", apunta el documento, que se ha aprobado principalmente con el
voto a favor del PP y PSOE, mientras que Unidos Podemos y Compromís se han abstenido
y Ciudadanos ha votado en contra.
Así, el documento culpa a la intención de mejorar los
resultados de estas entidades, que llevó a la asunción elevada de riesgos en
materia de créditos hipotecarios, así como el establecimiento de sistemas de
remuneración e incentivos ligados a la consecución de objetivos, "que
promueve una visión cortoplacista de la gestión y un abandono de la toma en
consideración de otros criterios relacionados con la asunción de riesgos, la
ética o la propia sostenibilidad del sistema".
Además, frente a la lectura general que se ha hecho sobre la
crisis financiera señalando la responsabilidad de las cajas de ahorros sobre
los bancos, el informe del Congreso lo matiza. Asegura que éstos también
tomaron decisiones de asunción de riesgos basadas en las "malas
prácticas" con el objetivo de entrar a competir con las cajas en su
principal negocio, las hipotecas.
Crítica al modelo de
supervisión europea
Entre otros puntos, destaca la utilización del caso del
Banco Popular para deslizar una importante crítica por parte del Congreso de
los Diputados hacia el modelo de supervisión bancaria europea basada en los
exámenes de los test de estrés, así como a instituciones como la Junta Única de
Resolución, a la que critica por falta de transparencia.
Banco Popular fue la primera entidad resuelta según la
normativa comunitaria. En este sentido, el informe del Congreso subraya la
situación viciada del balance del banco por su alta exposición al sistema
financiero y su posición de solvencia y rentabilidad. Sin embargo, subraya que
"fue capaz de pasar numerosos test de estrés, de realizar dos ampliaciones
de capital y de colocar en el mercado un volumen importante de bonos
contingentes convertibles". Esto significa, prosigue, "superó pruebas
regulatorias y pruebas de mercado sin problemas aparentes y, de repente, se
manifestó como un banco con problemas graves de gestión que venían
arrastrándose en el tiempo".
El informe asegura que esto merece "una seria
reflexión" sobre la eficacia del modelo de "visión a futuro" del
Mecanismo Único de Supervisión, que vigila a las entidades sistémicas en
Europa. Para analizar este caso, se basa en las palabras del ex director
general del Banco de España, Juan de Frutos, que aseguró en su comparecencia
"para que vas a mirar al futuro si no sabes cuál es el presente",
apuntó. "Todos los modelos de test de estrés no sirven para nada (...) el
banco que va mal ocupa sus problemas", subrayó. Así, concluye el Congreso, la supervisión
debe basarse en la calidad de activos.
Además, siguiendo con el caso del Banco Popular, el
documento asegura que la comisión "tuvo oportunidad de comprobar que el
tono general alrededor de la resolución, la motivación de su inicio, su
proceso, la decisión y el período posterior han estado regidos por una falta
total de transparencia e información". Así, subraya que el Banco de España
no pudo dar todos los datos porque el BCE no le dio permiso y que la presidenta
de la Junta Única de Resolución, "se negó a dar una respuesta clara".
"El principio de transparencia debería primar, para dar respuesta a la aún
incomprensible resolución de la sexta entidad financiera más grande de España
de la noche a la mañana", subraya el congreso.
Se pudo hacer más
Otro de los mensajes que desliza el documento es que se pudo
hacer más para evitar la debacle del sector financiero. En concreto, critica
que responsables de organismos
supervisores como Jaime Caruana, Miguel Ángel Fernández Ordoñez o el
exministro de Economía Pedro Solbes, aseguraran que "se hizo lo que se
pudo".
A este respecto, el informe puntualiza que "existían
herramientas de intervención que no fueron empleadas o lo fueron de una manera
laxa, lo que invalida la argumentación expuesta por estos altos cargos".
Para llegar a esa conclusión se basa en declaraciones de distintos inspectores
del Banco de España que aseguraron que había "soporte jurídico" para
intervenir.
En este sentido, apuntan que se podría haber obligado a
aportar más al Fondo de Garantía de Depósitos, obligar a aumentar las reservas,
controlar el porcentaje del valor del inmueble que se daba en hipoteca, o
imponer coeficientes de liquidez distintos. "Se debió frenar la
irresponsable política de gestión del suelo y de promoción inmobiliaria a
escala municipal, porque lejos de responder a principios de competencia e
idoneidad favorecía la especulación", apunta el documento.
Por último, el documento subraya que algunas de las medidas
que sí se tomaron fueron erróneas. Es el caso de los conocidos como SIP, que
era la herramienta para fusionar antiguas cajas de ahorros en problemas, como
el caso de Bankia en el que se señala que la ley "alentó" que se
produjera. Este sistema estaba ideado para unir cajas problemáticas con el
objetivo de dar una única entidad que tuviera una mayor fortaleza para asumir
las exigencias regulatorias. "Los SIP no tuvieron el éxito deseado, pero a
su vez comprometieron recursos públicos y supusieron una pérdida de tiempo que
incidió en el empeoramiento de la situación de las entidades", concluye el
escrito.
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