Por Miriam
García-Torres
Contexto.es,
31/10/2018.
Hace tiempo que ya no toca el río. Desde que lo represaron,
cuenta, tiene un color verdoso, como de difunto. Rudy Estela Posada, campesina
y cofundadora del movimiento Ríos Vivos Antioquia, suspira cuando le preguntan
sobre los impactos que Hidroituango está provocando en los pueblos ubicados en
el Cañón del río Cauca, en Colombia. “Perdimos nuestras casas, nuestro trabajo,
nuestra cultura, nuestro bosque seco tropical. La mayor pérdida que hemos
tenido es nuestro arraigo al territorio”.
La conflictividad generada por este megaproyecto
hidroeléctrico, que incluye la construcción de una presa de 225 metros de
altura y un embalse de 79 kilómetros de largo con capacidad para 20 millones de
metros cúbicos de agua, dura ya varios años. Pero el conflicto está en una
nueva fase desde que en la madrugada del pasado 28 de abril un derrumbe
obstruyó uno de los túneles de desvío de la presa. Los torrentes provocados por
la crecida del río como consecuencia de los taponamientos y vaciados de agua,
se llevaron por delante puentes, casas, y los medios de vida de cientos de
familias de la zona.
Saltó entonces la primera alarma que poco después se
convirtió en emergencia tras varios desprendimientos de tierra, la aparición de
grietas en la montaña y filtraciones de agua en la presa. La situación estaba
fuera de control. Las autoridades colombianas decretaron la alerta roja y más
de 13.000 personas fueron evacuadas permanentemente de forma preventiva: la
obra de mayor envergadura del país estaba en riesgo de colapso y se temía que
pudiera provocar una avalancha de proporciones catastróficas.
La emergencia social y ambiental es de tal magnitud que en
junio la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental (ANLA) suspendió
provisionalmente la construcción del megaproyecto –a excepción de las obras de
contención de la emergencia–, a la espera de que un grupo de peritos expertos
determine su viabilidad.
Mientras continúa la alerta roja de evacuación en varios
municipios y la incertidumbre permanente para alrededor de 200.000 personas, la
Contraloría General de la República ha señalado en un informe lo que las
comunidades organizadas en torno a Ríos Vivos vienen denunciando desde hace
diez años: que los estudios eran insuficientes e inadecuados, y que fueron
realizados “más para cumplir un requisito en el licenciamiento ambiental que
para el adecuado desarrollo del proyecto”. El informe recoge 35 irregularidades
que ponen en tela de juicio tanto a EPM, la empresa a cargo del proyecto, como
a la propia ANLA. Solo así se entiende que hayan pasado por alto 11 fallas
geológicas, la cultura y la economía de más de 26.000 personas, y la memoria de
entre 500 y 900 víctimas de desaparición forzada del conflicto armado cuyos
cuerpos quedarán sin ser localizados bajo el agua.
En la zona de influencia del megaproyecto el 60% de la
población es víctima del conflicto armado. A la violencia ocasionada por el
conflicto colombiano se suma ahora la provocada por Hidroituango. Es más, para
Ríos Vivos, existe una coincidencia histórica entre los hitos temporales de un
proceso y otro, de manera que el megaproyecto se habría beneficiado de las
masacres y desplazamientos provocados durante las últimas décadas en la zona.
Porque entender el conflicto armado es comprender su vínculo con la disputa por
el control de unos territorios que resultan estratégicos para los intereses del
poder político-económico nacional y transnacional. Un problema estructural, el
del acaparamiento del territorio para la profundización del modelo económico,
que ha quedado fuera del proceso de paz y que explica en gran medida por qué
los asesinatos de líderes sociales se han incrementado de forma alarmante tras
la firma del acuerdo en 2016. Solo en los primeros ocho meses de este año han
sido asesinados en Colombia 110 líderes sociales. Más del 5% de ellos defendían
su territorio frente a los impactos de Hidroituango.
La huella de la marca
España
Cuando en abril de 2011 se constituyó el movimiento Ríos
Vivos en Colombia, las comunidades afectadas por Hidroituango ya venían
denunciando el señalamiento de líderes sociales opuestos al megaproyecto y la
ausencia de información sobre los impactos que éste generaría. El conflicto era
manifiesto. Pese a ello, tres meses después Ferrovial Agroman, la filial de
construcción de Ferrovial, anunciaba la firma de un contrato por 55 millones de
euros para la construcción de los túneles de desviación de la presa.
Aunque debían estar finalizados para el año 2013, la empresa
española acumuló retrasos y sobrecostes en las obras, de manera que el contrato
pasó a manos del consorcio colombo-brasileño CCC. Según evidencia ahora el
informe de la Contraloría, la modificación del diseño de los túneles que se
realizó posteriormente no contaba con la licencia requerida al momento de
iniciar las obras. Este dato es importante, porque es precisamente en los
túneles de desvío donde se originó la crisis el pasado mes de abril.
Pero la participación de Ferrovial en Hidroituango no es la
única huella de la marca España. En diciembre de 2017 el BID Invest, la institución
del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, concedió una
línea de crédito de mil millones de dólares a EPM para la construcción de la
hidroeléctrica. De ellos, 650 millones provenían de un préstamo otorgado por
varios bancos comerciales internacionales e inversores institucionales, entre
los que se encuentran BBVA y Santander.
En ese momento los impactos sociales y ecológicos de este
megaproyecto –que antes de la emergencia ya había provocado 10 desalojos
forzosos y la pérdida de los medios de vida de más de 500 familias– eran más
que evidentes. También eran conocidas las campañas de difamación, amenazas,
seguimientos y asesinatos cometidos contra integrantes de Ríos Vivos,
denunciadas por organizaciones internacionales de derechos humanos. Sin
embargo, nada de esto parece suponer un impedimento para que BBVA siga
incluyendo este megaproyecto en su sección sobre “financiación responsable de
proyectos”, por un préstamo puente que el banco había concedido ya en el año
2012.
Este caso muestra, una vez más, que tras la rentabilidad de
los negocios del IBEX35 se ocultan con frecuencia graves daños socioecológicos
y violaciones de derechos humanos. Y no es un caso aislado. El informe “El IBEX
35, en guerra contra la vida” de Ecologistas en Acción recoge otros ejemplos en
los que empresas españolas como Repsol, ACS, Iberdrola, Gas Natural Fenosa
(ahora Naturgy), Acciona y Renovalia están involucradas. La lista es extensa
porque el problema es sistémico.
En riesgo de colapso
El caso de Hidroituango encuentra similitudes con otros
muchos de los 2.584 conflictos socioecológicos que el Atlas Global de Justicia
Ambiental tiene registrados en todo el mundo. Megaproyectos hidroeléctricos,
mineros, petroleros, agroindustriales o de infraestructura se imponen en
aquellos territorios donde se encuentran los recursos naturales que resultan
estratégicos para alimentar una economía global en permanente crecimiento.
Los patrones de despojo comparten rasgos comunes: alianzas
entre el poder político y económico, entre la oligarquía nacional y el capital
transnacional, vínculos con fuerzas armadas estatales y no-estatales, y una
concatenación de violencias sobre las comunidades locales, consideradas daños
colaterales de los intereses económicos de una élite global. Solo se pueden
permitir este privilegio quienes se saben protegidos por su poder económico,
sus influencias políticas, su capacidad mediática y por marcos jurídicos
conniventes con sus intereses. En otras palabras, quienes se saben impunes.
La semana pasada se celebró en Ginebra la cuarta sesión para
negociar un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre empresas
transnacionales y derechos humanos que contribuya a poner freno a la impunidad
de las grandes corporaciones. El proceso, centrado este año sobre la discusión
del borrador cero –un documento que ha dejado fuera gran parte de las
propuestas de la sociedad civil– sigue sufriendo la obstaculización de la Unión
Europea.
Lo que está en juego no es poco. La posibilidad de contar
con un marco normativo vinculante y –hay que precisar– adecuado, es crucial
para que sea posible establecer responsabilidades civiles y penales a las
grandes corporaciones cuando cometen violaciones a los derechos humanos, para
disponer obligaciones sobre las instituciones financieras y económicas
internacionales, o para que las normas sobre derechos humanos no estén
subordinadas a los tratados de comercio e inversión, entre otras cosas. Se
trata –haciendo una analogía con Hidroituango– de la necesidad de contar con un
dique de contención para una emergencia socioecológica global que cada año se
salda con el asesinato de más de 200 personas defensoras del medio ambiente en
todo el mundo.
Pero, aquí también, aspirar a resolver el problema pasa
necesariamente por atender a sus causas estructurales. Y la cuestión clave en
este sentido es que nos encontramos en un momento histórico en el que debemos
hacer frente a un escenario global que –como Hidroituango–, está en alerta roja
por riesgo de colapso. El IPCC acaba de alertar en su último informe sobre la
necesidad de limitar el incremento global de temperatura a 1,5ºC si queremos
mantenernos dentro de un nivel de riesgo asumible en un contexto mundial
marcado por el cambio climático. Al ritmo actual de emisiones nos quedan 12
años para llegar a este escenario. Apenas una década para emprender
transformaciones estructurales en sectores como la agricultura, la industria,
la construcción o el transporte, que lleven a una reducción de la demanda
energética global. Los países de la Unión Europea, que tienen una
responsabilidad histórica indiscutible, deberán reducir sus emisiones al menos
un 55% hasta 2030, es decir, una disminución del 7% anual.
El reto es mayúsculo y la conclusión, clara: acometer esta
transformación sin precedentes es incompatible con la lógica de los grandes
megaproyectos, con el modelo de acumulación de capital inherente al
funcionamiento de las grandes corporaciones, y con la esencia misma de un
sistema económico suicida en términos sociales y ecológicos. Ante un futuro
próximo marcado por la inevitable reducción de la disponibilidad de energía y
materiales, la sociedad civil organizada deberá tener un papel central si
queremos aspirar a construir otros modelos socioeconómicos basados en criterios
de justicia social y ambiental. Algo así como poner en marcha un
desmantelamiento controlado del orden existente, para construir otros
sostenibles y equitativos. Un desmantelamiento controlado, como el que demandan
las comunidades organizadas del Cañón del Cauca para Hidroituango.
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