Público.es, 28/11/2018.
La Abogacía del Estado defendió a la banca en los recursos
examinados entre el pasado 5 y 6 de noviembre por el Pleno de la Sala de lo
Contencioso-Adminitrativo del Tribunal Supremo relativos al impuesto sobre
actos jurídicos documentados (AJD), cuyo fallo dictaminó que fuera el cliente
el que abone el impuesto que se aplica a las hipotecas.
"De esta circunstancia deduce la representación del
Estado que carece de sentido el recurso, por cuanto fue admitido para aclarar,
matizar, revisar o ratificar una doctrina jurisprudencial sobre la base de un
pronunciamiento que se ha visto ya superado y rectificado por dos sentencias
del mismo Pleno de la Sala de lo Civil de este Tribunal que se han alineado con
la doctrina de esta Sala de lo Contencioso-administrativo", recoge una de
las resoluciones.
Sin embargo, un día después de conocerse la polémica
decisión de la Sala Tercera, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
anunció a bombo y platillo que modificaría la ley de 1993 a través de un
decreto ley para "que nunca más los españoles paguen este impuesto".
Dicho y hecho. El 8 de noviembre, el Consejo de Ministros
aprobó la modificación de la normativa del Impuesto sobre Sociedades para que
las entidades financieras no puedan deducirse AJD de las hipotecas. Asimismo,
se hizo mediante un real decreto, "y así no deja dudas", apostilló la
ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
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