Por David Bollero
Público.es, 05/11/2018
La justicia, ya sea con mayúscula (como tercer poder) como
con minúscula (como concepto), está hipotecada en España. Lo sentimos la
ciudadanía, convencida de que fue una llamada telefónica el motivo del Tribunal
Supremo (TS) para recular en su decisión sobre el pago del impuesto de las
hipotecas. Lo supimos tod@s, cuando a la propia banca no le tembló la voz
cuando aseguró que si le toca pagar, lo repercutirán en l@s clientes.
El tan esperado fallo del TS de hoy no supondrá grandes
cambios en nuestras vidas. Si me apuran, hasta casi sería preferible que sean
l@s clientes quienes continúen haciéndose cargo del impuesto, con la salvedad
de quienes que podrían recuperar lo que ya les han robado los bancos. De
fallarse lo contrario, ¿de veras creen que no habrá que litigar con las
entidades bancarias para conseguir que se cumpla una sentencia judicial?
Ya ha sucedido con las preferentes o con las plusvalías. Un pago por parte de la
banca que debería ser inmediato está, pese a las sentencias, condicionado a que
l@s afectad@s tengan que llevar caso por caso a los tribunales. Un escándalo
que horroriza a todas las personas menos a la clase política, a la banca y a la
Justicia. Exactamente lo mismo sucede con las fórmulas que aplican las
Comunidades Autónomas (CCAA) para poner valor a los inmuebles de segundamano
cuando hay compraventa: a pesar de existir sentencia del Supremo que la tira
por tierra -entre otras cosas, porque ni siquiera esa fórmula se basa en las particularidades del inmueble-, las
CCAA continúan reclamando a las familias compradoras miles y miles de euros.
Nos roban, nos roban al amparo de la Justicia.
Tome la decisión que tome hoy el Supremo ha quedado a la
altura del betún con su presidente, Carlos Lesmes, apareciendo como un
pusilánime indigno del cargo (y los más de 135.000 euros al año que se
embolsa). Condicionar su fallo, como de hecho ha hecho, al impacto económico
que podría tener (hablamos de un pago de unos 640 millones al año y de familias
pudiendo reclamar más de 2.300 millones), es admitir que la justicia no existe,
que nos encontramos en el más absoluto desamparo. El TS ha perdido nuestra
confianza, sentencie lo que sentencie hoy, y tardará mucho en recuperarla, si
es que lo consigue alguna vez.
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