El Diario.es, 06/11/2018.
"Borchornosa",
"inaudita", "una aberración" e
"impugnable" han sido algunos de los epítetos utilizados por las
asociaciones de consumidores tras la resolución definitiva que ha tomado este
martes el Tribunal Supremo que ha decidido, con 15 votos frente a 13, que los
clientes paguen el impuesto sobre actos jurídicos documentados.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que
la justicia "se ha vuelto a poner de nuevo del lado de los más
poderosos". Para Álvarez, este nuevo cambio de criterio del Alto Tribunal
genera "inquietud, incertidumbre y desconfianza de la ciudadanía en la
justicia", sobre todo después de que hace unas semanas el mismo Supremo
cambiase la doctrina presente hasta este momento fallando a favor de los clientes.
"Se trata de una sentencia difícil de entender", ha declarado Álvarez
a Europa Press.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha
lamentado la resolución, que ha calificado de "bochornosa" por
perjudicar a más de 12 millones de familias en España. Para la OCU se trata de
una sentencia "inaudita" que supone una marcha atrás sin precedentes
en contra de la propia jurisprudencia de Tribunal, que hace unas semanas emitió
un dictamen contrario al acordado finalmente en el pleno.
Por ello, la organización de consumidores considera que esta
sentencia pone en cuestión la independencia del poder judicial frente al poder
de la banca y que crea una situación de desconcierto e inseguridad jurídica en
la sociedad. "Hoy gana la banca y pierden los consumidores y toda la
sociedad", dice en un comunicado, además de pedir la inmediata dimisión del presidente de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo , Luis
Díaz Picazo, por su "gestión pésima".
Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y
Seguros (Adicae) ve la decisión del Alto Tribunal "impugnable", tanto
a nivel europeo como a nivel español y considera que la justicia europea
"volverá a sacar los colores" a España por este caso.
La asociación entiende que queda abierta todavía la vía
civil para las reclamaciones y seguirá adelante con 83 demandas colectivas que
tienen listas contra el pago de los gastos hipotecarios, incluido el impuesto.
Además, Adicae solicita al Congreso que en la tramitación de una nueva ley
hipotecaria se incluya que estos costes correspondan al banco, y no al cliente.
En el caso de Facua han calificado como "una
aberración" la sentencia del Supremo, aunque no se han sorprendido "
después de que en 2013 decidiera que la banca se quedara con todo lo que
defraudó con la cláusula suelo. Por fortuna, después el TJUE hizo
Justicia". La asociación ha mandado
un tui con el hastahg #Supremohipotecado.
El Supremo decide que el cliente pague el
impuesto de las hipotecas. Una aberración. Pero no nos sorprende después de que
en 2013 decidiera que la banca se quedara con todo lo que defraudó con la
cláusula suelo. Por fortuna, después el TJUE hizo Justicia. #SupremoHipotecado
— FACUA (@facua) 6
de noviembre de 2018
Respecto a los futuros pasos procesales, Ramiro Salamanca,
director Legal de reclamador.es, apunta que “el peor escenario posible para los
hipotecados se ha confirmado. Se trata de una decisión tremendamente
perjudicial para los clientes hipotecarios. Pese a esto, los consumidores
pueden seguir reclamando en los Juzgados civiles la abusividad de la cláusula
de gastos de hipoteca, incluyendo el Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados, apoyando su reclamación en las sentencias del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea que han declarado que los efectos de la abusividad
no se pueden moderar ni integrar".
"El banco que impone al consumidor una cláusula abusiva
que se declara nula no se puede beneficiar de ello, la nulidad tiene un efecto
disuasorio e implica reponer al consumidor en la situación en que se
encontraría si la cláusula no existe, restituyendo la totalidad de lo pagado en
cumplimiento de la misma", asegura el director Legal de reclamador.es.
Sin embargo, el jefe de estudios de Idealista, Fernando
Encinar, apunta que "teniendo en cuenta que en ningún otro país europeo es
el banco quien paga el AJD, sería posible que el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea ratificara esta decisión".
Encinar también ha apostillado que sería
"deseable" que esta sentencia "acelerara" la aprobación de
la nueva ley hipotecaria y que esta se hiciera "sin ambigüedades e
indefiniciones" con el objetivo de crear un "ámbito jurídico
seguro" para evitar estas situaciones.
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