Por Dani Cordero
El País, 23/08/2014.
Ni investigaciones sobre el dinero de narcos gallegos
de hace casi tres lustros. Ni la más reciente operación Emperador contra la
evasión de capitales de las mafias chinas. Por no hablar de los casos de
evasión fiscal protagonizados por famosos como la tenista Arancha
Sánchez-Vicario o la soprano Montserrat Caballé. Nada había enturbiado el día a
día pirenaico de Andorra y nada había atemorizado a las clases dirigentes del
país. Nada hasta
que cayó el caso Pujol, con la demanda de información por la
investigación abierta por blanqueo de capitales contra el primogénito del
matrimonio Pujol Ferrusola y la herencia paterna que el expresidente de la
Generalitat confesó que su familia había tenido oculta en el Principado durante
los últimos 34 años.
El escándalo ha dejado heladas
las tripas del Principado: la banca, responsable del 16% del PIB del país, y el
Gobierno, en manos del liberal Demòcrates per Andorra y con cuatro de sus ocho
ministros procedentes del sector financiero. Se niegan a
dar explicaciones en público y mantienen un importante celo acerca
de sus próximas actuaciones. “No nos hace ningún bien”, apenas ha dicho sobre
el caso el jefe de Gobierno, Toni Martí, quien en una reunión con los
representantes de la banca para hablar de las relaciones con la OCDE supo que
los Pujol contaban con entre cuatro y cinco millones de euros en cuentas
andorranas.
La banca teme que las comisiones
rogatorias cursadas desde España para obtener la información fiscal demandada
obtengan respuesta y puedan dinamitar el que ha sido su principal activo
durante décadas: el secreto bancario. “Creen
erróneamente que pueda haber una importante fuga de depósitos de sus clientes,
que podrían llegar a la conclusión de que si se da información de Jordi Pujol
la van a dar de cualquiera”, asegura el primer secretario del Partido
Socialdemócrata Toni López sobre los responsables bancarios. “Estoy convencido
de que el Gobierno quiere que se dé esa información”, opina Jaume Bartumeu, ex
jefe de Gobierno y artífice de que la OCDE sacara a Andorra de la lista gris de
paraísos fiscales en 2010.
Bartumeu defiende que su país no
puede entenderse como unas Islas Caimán de las montañas pero subraya que la
banca se negaba a cambiar de estatus y que, de hecho, fue esa oposición la que
le hizo perder las elecciones en 2011. Otras fuentes financieras aseguran que
la banca también está en contra de la firma del convenio de doble imposición.
Precisamente, el presidente español Mariano Rajoy
se reunirá con Martí la primera semana de septiembre para abordar
exclusivamente el citado convenio, según publicó el Diari d'Andorra. La banca,
según las mismas fuentes, también intenta retrasar al máximo lo posible la
implantación del sistema de intercambio automático de la información fiscal
acerca de los ahorros bancarios. “Tendría que estar listo en 2015, pero quizás
no estemos listos y hasta 2016 no podamos. Pero ellos intentan a ver si se
puede retrasar hasta 2017”, señalan las mismas fuentes financieras.
Hay diferencias entre unos y
otros, pero los propietarios saben que cada minuto más de statu quo financiero
reparte más dividendos. El ejecutivo de una multinacional del derecho, que
reclama anonimato, asegura que ya aprovecharon en su momento que Suiza relajaba
su opacidad fiscal para ganar fondos de clientes acaudalados mientras hacían la
vista gorda con la legislación local. “Hay algún banco poco sofisticado que
cree que todavía se puede coger más dinero con ese modelo, pero lo cierto es
que la situación y la presión internacional les supera”, dice, en referencia al
control de las transacciones bancarias que se impuso tras los atentados del
11-S para controlar la financiación del terrorismo.
La última amnistía fiscal aprobada
por el Gobierno español y las posteriores condiciones para
regularizar —tipos del IRPF más multas— han dejado congeladas muchas cuentas,
ya que cualquier transferencia puede convertirse en una pista para las agencias
tributarias y regularizar puede suponer perder todo el dinero e incluso más, si
se tienen en cuenta las multas. “Para el ministro Montoro, el caso Pujol es una
victoria”, señala Antonio Durán-Sindreu, expresidente de la Asociación Española
de Asesores Fiscales.
Pero si los clientes están entre
la espada y la pared, los bancos también. Porque además de lucrarse con los
40.000 millones de euros que administran tienen que dar salida a las ganancias
que han amasado durante años y que les han llevado, por ejemplo, a ser muy
activos en España, haciéndose con fichas bancarias, contratando directivos y
comprando gestoras de activos. Y esa alta exposición en España hace suponer que
tampoco le plantearán la guerra al Gobierno español.
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