Por Alberto Garzón
Espinosa
El País, 31/01/2016.
Durante los próximos meses nuestro país tendrá que enfrentar
nuevos e importantes retos sociales, políticos, económicos y ecológicos. Por
eso no parece que tenga mucho sentido que el debate actual, sobre la
conformación de un nuevo Gobierno, esté girando en torno a abstracciones y
riñas de poder en el seno de los partidos. El clásico quítate tú que me pongo
yo. Al contrario, lo sensato es el planteamiento de propuestas concretas,
programáticas, que ofrezcan una respuesta válida a todos esos retos. Y, sobre esas
propuestas, el debate serio y honesto.
Uno de esos retos es el que afectará al sistema financiero
español. Como es sabido, la reciente crisis financiera y la política de los
últimos gobiernos han cambiado completamente el panorama del sector. Las cajas
de ahorro se han transformado definitivamente en bancos —en un proceso en el
que, no obstante, llevaban inmersas muchos años— y unas pocas entidades se han
hecho con el control del mercado. Al mismo tiempo, la política de privatización
de las ganancias y socialización de las pérdidas del Gobierno del PP ha
permitido sanear los balances de muchas entidades e incluso nacionalizar de
facto algunas de ellas. Sin embargo, la economía real no parece haberse
beneficiado de todo ello y, en tanto el sistema financiero vive de la economía
real —cosa que tiende a olvidarse demasiado a menudo—, han vuelto las tensiones
al sector.
Y es que la presunta recuperación económica —en realidad
bonanza macroeconómica y miseria microeconómica— está basada en la inyección
billonaria de dinero en el sistema financiero internacional. Los principales
bancos centrales del mundo desarrollado han abierto una barra libre de liquidez
que ha inundado el sistema financiero y ha animado los mercados durante los
últimos años. Subieron las bolsas, bajó la prima de riesgo y, en suma, aquellos
actores que operaban en el sistema financiero vieron cómo continuaba el flujo
de dinero —y de especulación— y con ello también sus ganancias. Pero por lo
general ese dinero no ha bajado a la economía real, que sigue asolada por el
paro, la precariedad y la desigualdad, y estas prácticas solo han servido para
mantener los indicadores macroeconómicos aparentemente sanos. Pero lo que
realmente hay de fondo es la crudeza de las burbujas financieras, y las tensiones
y las contradicciones no tardarán mucho en estallar. De hecho, ya vemos algunas
señales en la situación reciente de las bolsas en Estados Unidos y China.
Una nueva crisis financiera internacional es una hipótesis
cada vez más plausible, y las condiciones objetivas ya se dan. Las
consecuencias para una economía como la nuestra serían dramáticas, más aún
cuando los últimos años no han sido aprovechados para fortalecer los
instrumentos públicos. Sin embargo, estamos a tiempo de responder si un nuevo Gobierno
manifiesta y pone en marcha tal voluntad política. Y la propuesta aquí es
clara: paralizar de forma inmediata el proceso de privatización de las
entidades financieras nacionalizadas y aprovechar la situación actual para
conformar y extender un polo de banca pública que permita afrontar con mayores
garantías los retos próximos.
No cabe duda de que el sistema financiero español, como el
europeo, necesita una regulación más estricta que alinee sus intereses a los de
la economía real. Hay que revertir esa desconexión que existe entre el mundo
financiero y la economía real. Al tiempo que es fundamental que exista un polo
de banca pública con la que poder proteger a la ciudadanía y a nuestros
ahorros, facilitar una política de alquiler público barato, reducir el
imponente poder de la oligarquía financiera, establecer líneas de crédito a
sectores productivos relevantes y transformar nuestro modelo productivo. Todo
eso es necesario pero también posible… si se quiere.
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