Por Alberto Pozas
Cadena Ser, 01/11/2016.
En la película Mary Poppins (1964), Walt Disney dejó para la
posteridad una escena de auténtico pánico bancario: el pequeño Michael forcejea
con el señor Dawes, director del banco en el que trabaja su padre, para que no
se quede con los pocos peniques que lleva encima. En plena pelea, una mujer
sospecha que el banco ha dejado de devolver su dinero a los clientes, y ordena
a gritos sacar “hasta el último penique” de su cuenta. La incertidumbre se
desata y en apenas unos minutos una avalancha de clientes anega las oficinas
del banco, que termina cerrando sus puertas.
¿Quién es el culpable de la quiebra del banco? Para el
fiscal que supervisa el concurso de acreedores de Banco Madrid, filial
intervenida de la también intervenida Banca Privada de Andorra (BPA), la culpa
es de los directivos del banco, que supuestamente hicieron la vista gorda con
las prácticas de blanqueo de criminales rusos y chinos, y no de las autoridades
estadounidenses que dieron la voz de alarma o de los acreedores que sacaron 124
millones de euros de sus cuentas en apenas tres días. Por esa razón, en un
escrito al que ha tenido acceso la SER, el fiscal Carlos García-Berro hace esta
comparación cinematográfica, pide que el concurso de la entidad sea calificado
de culpable y que los antiguos responsables del banco, como el señor Dawes en
Mary Poppins, tengan que devolver el dinero de su bolsillo y sean inhabilitados
durante cinco años.
La historia de este hundimiento se remonta a hace un año y
seis meses: las autoridades estadounidenses acusaban a la Banca Privada de
Andorra (BPA) de permitir el blanqueo de capitales de organizaciones criminales
rusas y chinas, y las fichas de dominó del desastre bancario empezaban a caer.
Miles de pequeños y grandes accionistas sacaban su dinero del banco y Andorra
nacionalizaba la entidad. Poco después, el Banco de España hacía lo mismo con
Banco Madrid, la filial española de la entidad, de donde huyeron 124 millones
en apenas tres días, según la Justicia, presa del “pánico”.
La crisis desembocó en diversos procesos judiciales, uno de
ellos el concurso de acreedores de Banco Madrid que tramita el juzgado
mercantil nº 1 de la capital: el fiscal que supervisa el concurso ha exigido
por escrito que sean los exdirectivos y dueños de la filial los que paguen de
su bolsillo el dinero perdido por los acreedores. En un informe presentado hace
unos días, el representante del Ministerio Público califica de culpable el
concurso de acreedores de Banco Madrid y responsabiliza, entre otros, a los
hermanos Higini y Ramón Cierco.
El fiscal explica que los responsables últimos de la
desbandada en Banco Madrid fueron sus directivos, que decidieron “colocarse al
margen de la legalidad en materia de blanqueo de capitales”, provocando la
posterior ruina de la entidad. Explica que “su complacencia ante las
infracciones cometidas en materia de prevención de blanqueo de capitales abocó
a la entidad al sobreseimiento generalizado de sus obligaciones de pago”, y no
la voz de alarma dada por Estados Unidos, el gobierno de Andorra, el Banco de
España o el Servicio de Prevención de Blanqueo (SEPBLAC). El banco estaba al
margen de la legalidad aunque tuviera las cuentas en orden, asegura, y era
cuestión de tiempo y también lógico que eso desembocase en un desastre
bancario: “Al margen de la legalidad sólo hay un riesgo de generación de la
insolvencia inminente que se materializará tan pronto como se activen los
resortes jurídicos del Estado”.
Mary Poppins y el
concurso de acreedores
En su escrito, el representante del Ministerio Público
apunta directamente a seis exdirectivos de Banco Madrid y su matriz en Andorra:
los hermanos Ramón e Higini Cierco, el expresidente de la filial José Pérez, el
exconsejero delegado Joan Pau Miquel, el exsecretario del banco Rodrigo
Achirica y el exconsejero Ricard Climent.
Explica el fiscal con una referencia cinematográfica que
fueron ellos, y no la voz de alarma dada por las autoridades, los que
contribuyeron al “pánico” del que habla el juzgado mercantil en sus autos: es
en la película Mary Poppins en la que dos niños, Jane y Michael, acuden al
banco en el que trabaja su padre y se encuentran con el director del banco, el
señor Dawes, que les invita a abrir una cuenta con los pocos peniques que llevan
encima. En el transcurso de la discusión, una clienta del banco entiende que la
entidad ha cerrado el grifo y provoca una avalancha de gente que intenta
recuperar sus ahorros en las ventanillas, “lo que inmediatamente genera una
situación de pánico bancario”, dice el fiscal. “¿Quién es el responsable de la
insolvencia inminente?”, se pregunta. La culpa, para el fiscal, es del señor
Dawes – el responsable del banco – por intentar apoderarse de los peniques de
los niños, y no las autoridades antiblanqueo, representados por “la señora que
da la voz de alarma sobre la fechoría del banquero” en el caso de Banco Madrid.
En la práctica, la declaración de un concurso de acreedores
como culpable obliga a los responsables a pagar a los acreedores todo el dinero
que no hayan recuperado en la liquidación de la masa activa del banco, y
también pide el fiscal que los responsables les indemnicen por daños y
perjuicios, que devuelvan el dinero que haya obtenido “indebidamente” del
concurso y también que los seis sean inhabilitados durante cinco años para
administrar bienes ajenos. Por el momento, aquellas personas con menos de
100.000 euros en el banco han recuperado su dinero a través del Fondo de
Garantía de Depósitos, y el juzgado ha aceptado que se anticipen pagos incluso
sin esperar a la liquidación.
La investigación
penal, a Plaza de Castilla
La intervención de Banco Madrid por parte del Banco de
España en marzo de 2015 se terminó traduciendo al cabo de un año en una
querella por parte de dos empresas que guardaban más de tres millones de euros
en la entidad: se hizo cargo del asunto el juez Fernando Andreu de la Audiencia
Nacional, aunque en abril de este año decidió inhibirse y enviar la causa a la
justicia ordinaria por entender que pudo haberse cometido un delito de blanqueo
de capitales, pero no un delito de insolvencia punible.
Según confirman fuentes jurídicas, la causa se instruye en
estos momentos en un juzgado de Plaza de Castilla.
Terremoto bancario y
judicial en Andorra
Las acusaciones de blanqueo de capitales por parte de
Estados Unidos hace ahora año y medio también supusieron un auténtico terremoto
para la banca del país vecino: en marzo el gobierno de Andorra intervenía BPA y
arrancaba un proceso que culminó con cambios profundos en la legislación bancaria
nacional. En abril del año pasado nacía una nueva Ley de Reestructuración y
Resolución de Entidades Bancarias, que entre otras cosas creaba una Agencia de
Reestructuración y Resolución (AREB) para bancos, un Fondo de treinta millones
de euros para hacer frente a una posible liquidación de BPA y un ‘banco malo’
para hacerse cargo de todos aquellos activos supuestamente ilícitos del banco
ya entonces nacionalizado. Ha sido precisamente la AREB la que ha gestionado en
los últimos meses la que ha adjudicado la venta de BPA al fondo estadounidense
JC Flowers por 29 millones de euros.
Desde el primer momento, el gobierno andorrano tuvo también
que mover ficha, empujado en ocasiones por los partidos de la oposición: tres
meses después de la intervención nacía en el Consell del Principado una
comisión “de vigilancia y prevención para la estabilidad financiera” en torno
al caso BPA, impulsada por los partidos de la oposición.
El terremoto bancario no tardó en trasladarse también a los
juzgados del Principado: la magistrada especializada en delitos económicos
Canòlic Mignorance tramita una decena de causas desglosadas a partir de las
acusaciones de blanqueo contra BPA y también su intervención. A finales del mes
de agosto, la ‘batlle’ dictó auto de procesamiento contra una veintena de
encausados y pedía que fuese archivada en lo que respecta a los hermanos
Cierco, que declararon como imputados el mes de julio a raíz de una querella
interpuesta por el gobierno andorrano.
Fuentes cercanas a la defensa de los exdirectivos aseguran
que se han cometido diversos errores procesales a lo largo de la instrucción,
criticando también que la instructora trate la figura del empresario chino Gao
Ping como alguien condenado cuando el caso todavía se investiga en la Audiencia
Nacional española.
BPA y el ‘caso Pujol’
El conocido como ‘caso BPA’ ha cruzado su camino varias
veces con las investigaciones abiertas por la fortuna del expresident catalán
Jordi Pujol: era en la banca andorrana donde supuestamente guardaba millones de
euros que después la familia Pujol intentó regularizar en España a través de la
filial en Madrid en julio de 2014, según el juez José de la Mata de la
Audiencia Nacional. Según desveló en exclusiva Ràdio Barcelona el pasado mes de
agosto, el exdirectivo de BPA, Higini Cierco, denunció en su declaración ante
la jueza de Andorra que entregó información confidencial de las cuentas de los
Pujol a la policía española “por miedo” y “bajo coacciones”. Una declaración
que sirvió a gestores del banco procesados para pedir la nulidad del ‘caso BPA’
por contaminación del ‘caso Pujol’, a la justicia andorrana para abrir una
investigación y también a la familia Pujol para querellarse contra Cierco por
revelación de secretos bancarios.
De la misma manera, los hermanos Cierco presentaron una
demanda el pasado mes de junio exigiendo más de 350 millones de euros al
Principado de Andorra por los perjuicios económicos que aseguran haber sufrido
por la nacionalización de BPA, de la que poseían más del 75 por ciento como
accionistas mayoritarios.
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