Por Alejandro
González
Público.es,
11/04/2018.
Un tercio de los altos cargos y altos funcionarios del
departamento de la Comisión Europea que regula el sector financiero cruzaron la
puerta giratoria entre el sector público y privado, según expone el último
informe del Observatorio Europeo de Corporaciones (CEO).
Esta ONG, que aboga por la transparencia en las
instituciones europeas, denuncia que 19 de los 61 mayores responsables de la
Dirección General para la Estabilidad Financiera, los Servicios Financieros y
la Unión de Mercados de Capitales (DG FISMA) entraron y salieron de este
departamento al sector privado durante los años posteriores al estallido de la
crisis (2008-2017).
"Es legal con respecto a las normas, pero otra cosa es
que sea legítimo", explica Margarida Silva, responsable del CEO sobre
transparencia en los lobbies y ética en la regulación.
Para Silva el caso de este departamento de la Comisión
"es solo un ejemplo, pero si coges otra Dirección General puedes encontrar
niveles similares de puertas giratorias. Es un problema generalizado en la
Comisión Europea".
El propio presidente de esta institución entre 2004 y 2014,
José Manuel Durao Barroso, fichó por Goldman Sachs para hacer lobby ante las
instituciones europeas y dos de los tres comisarios de Finanzas que ha tenido
este organismo entre 2008 y 2017 también cruzaron la puerta giratoria para
continuar su carrera en el sector privado.
La Unión Europea permite a sus cargos públicos trabajar en
el sector privado una vez hayan dejado su puesto si respetan un periodo de
tiempo de enfriamiento de unos dos años entre el paso del sector público al
privado para dar cierta distancia a ambos ámbitos. También tienen un límite de
doce meses para representar a lobbies o grupos de interés pero solo en el caso
de que sean sobre compañeros de trabajo o en materias que ellos mismos hubieran
regulado anteriormente. Según Margarida Silva, el problema está en que
"los límites de la Comisión no se implementan siempre bien o no se
estudian e interpretan correctamente las posibilidades de conflictos de interés
que puede haber".
"La investigación muestra también un problema cultural:
tú puedes tener las mejores normas del mundo, pero, si la cultura está mal,
estas normas no se implementarán de la forma apropiada”, argumenta Silva.
Para el CEO, "el deber de representar el interés
general de los altos funcionarios de la DG FISMA, podría entrar en conflicto
con sus proyecciones laborales futuras”, lo que podría suponer un problema para
el proceso de toma de decisiones. La organización expone como ejemplo el caso
de cuatro de los cinco directores generales de este departamento. Estos
terminaron sus carreras en el sector financiero, lo que podría suponer que
“tuvieran en mente este siguiente paso en sus carreras estando aún en cargos
públicos”.
Añadido a esto, una investigación realizada por la
asociación de transparencia ALTER-EU muestra que el 92% de las reuniones de la
Dirección General de Finanzas con diferentes representantes de la sociedad
civil fueron con lobbies o grupos de interés corporativos, la mayoría de ellos
del sector financiero.
Según explica Silva, el interés que despiertan estos
políticos en las empresas radica en que pueden llevarse su influencia a sus
nuevos puestos de trabajo y aportar su experiencia sobre el funcionamiento de
las instituciones y del sector para beneficiar a sus nuevos empleadores.
Las puertas
giratorias de la DG FISMA
El lobby que coordinó el Director General del Fisma,
Jonathan Faull, fue uno de los que más atención recibió tras el Brexit por
parte de una delegación de la que Faull había formado parte cuando era un cargo
público. Comisión Europea
El lobby que coordinó el Director General del Fisma,
Jonathan Faull, fue uno de los que más atención recibió tras el Brexit por
parte de una delegación de la que Faull había formado parte cuando era un cargo
público. Comisión Europea
Según documenta el CEO, de los cinco directores que ha
tenido este departamento de Finanzas de la Comisión en el periodo analizado, la
trayectoria profesional de cuatro de ellos ha discurrido entre el sector
público y privado.
Después de abandonar el puesto de Director General del FISMA
en 2015, Jonathan Faull fue reclutado para una delegación europea que debía
convencer a los votantes ingleses de permanecer en la UE, pero, con el triunfo
del Brexit, Faull decidió pasar al sector privado para entrar a trabajar en la
consultora de lobbies Brunswick en Bruselas. Y esta asesora a entidades como el
Banco de Escocia, el de América o Paypal, entre otros.
Faull también entró en el consejo asesor del think tank
'Centro para la Reforma Europea', que fue fundado, entre otros, por American
Express, Deutsche Bank, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan y Lloyds. En el
periodo entre octubre de 2016 y mayo de 2017, poco después de que Faull dejase
sus responsabilidades públicas, este lobby tuvo más reuniones que cualquier
otro (aparte del gran lobby europeo Bussiness Europe) con la delegación para el
Brexit que había liderado Faull.
Algo similar se produjo con David Wright que dejó la
vicedirección del FISMA para integrarse en la comisión que implementó las
políticas de la troika en Grecia, donde estuvo hasta 2012. Después de otro
puesto regulador en la Organización Internacional de Comisiones de Valores,
Wright pasó a trabajar para la consultora-lobby Flint Global.
Este tipo de actuaciones no solo pertenecen a los directores
y vicedirectores generales del FISMA sino también a cargos inferiores. Por
ejemplo, seis de los 27 jefes de unidad del departamento han trabajado en el
sector privado, en firmas como KPMG o el banco BNP Paribas, antes de acceder a
sus puestos públicos. Además, siete de 22 subjefes de unidad siguieron el mismo
sendero para acabar en corporaciones como Hill & Knowlton, ING o la
Asociación Europea de Bancos (European Savings Banks Group).
Aunque CEO ha podido documentar también seis ejemplos de
saltos entre el sector público y el privado en puestos más bajos, Margarida
Silva asegura que “no sabemos el número real de casos de puertas giratorias en
los niveles inferiores”.
Este es el caso de Sebastien Bagot, que trabajó para Lehman
Brothers cuando el banco colapsó, desembocando en la crisis financiera de 2008.
De ahí, pasó a PriceWaterhouseCoopers y continuó su carrera en el mundo
comercial y financiero en el holding japonés Nomura hasta 2010, año en el que
pasó a regular sobre el sector financiero en la Comisión Europea.
Entre 2009 y 2011, Lee Foulger asesoró a la Dirección
General de Mercados encargándose de temas como la banca que opera en la sombra,
la arquitectura de las autoridades financieras europeas que se encargan de la
supervisión de este mercado y sobre resoluciones bancarias, es decir,
decisiones políticas para supervisar la estabilidad financiera de los bancos y
evitar posteriores rescates. En 2011 pasó a trabajar para Deutsche Bank como
jefe de los lobistas que presionaban a la Comisión sobre regulación para la
seguridad de los mercados. Allí ejerció hasta 2014, cuando cruzó de nuevo la
puerta giratoria para volver a la UE como asesor del comisario de Finanzas de
la UE, Jonathan Hill.
Más allá de la DG
FISMA
La Unión Europea tuvo tres comisarios de Finanzas entre 2008
y 2017. De estos, dos acudieron a las puertas giratorias. El primero fue
Charlie McCreevy y el segundo fue el mismo Jonathan Hill que contrató a Lee
Foulger como asesor.
Hill tenía una larga trayectoria como lobista antes de ser
comisario y en su carrera profesional ha cruzado la puerta giratoria hasta en
cinco ocasiones.
Charlie McCreevy, por su parte, se convirtió en el primer ex
comisario al que la organización europea impidió saltar al sector privado por
posibles conflictos de interés, concretamente a un banco londinense . Sin
embargo, cuando el periodo de espera para pasar de un ámbito a otro pasó,
McCreevy fichó por el Bank of New York Mellon.
Además, destaca el ejemplo del ex presidente de la Comisión,
José Manuel Barroso, que fue contratado por Goldman Sachs para realizar
actividades de lobby ante la UE.
Para el CEO, los casos que aparecen en su informe son
suficientemente clarificadores como para considerar que existe un alto riesgo
de que una gran proporción de altos cargos de la DG FISMA no tengan la
necesaria distancia y neutralidad de las entidades que se suponen deben regular.
Y esto podría poner en entredicho su actuación como cargos públicos de modo que
sean “demasiado comprensivos con los intereses del sector financiero”.
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