Por Diego Larrouy
El Diario.es,
22/04/2018.
Las reglas deben ser las mismas para todos. Esta frase se ha
convertido en un mantra en el sector financiero cuando se habla sobre los
cambios legislativos que llegan a transformar esta industria, como es el caso
de la nueva directiva de medios de pago, conocida abreviadamente como PSD2.
Este nuevo marco obliga a la banca a abrir los datos de clientes a terceros,
cuando estos otorguen el consentimiento, lo que da pie a la entrada de nuevos
actores, que pueden ser incluso las temidas Google, Facebook o Amazon.
La que más alto ha hablado en este sentido ha sido Ana
Botín, presidenta de la mayor entidad financiera española, Banco Santander. La
directiva defendía esta semana en una entrevista en el británico Financial
Times que "la teoría de la normativa estaba muy bien pero tiene que ser
justa" y que, por tanto, necesitaba ser "revisada". Preguntado
por estas críticas, un portavoz de la patronal española, AEB, subraya que
"es importante que a la misma actividad, haya las mismas normas".
Las críticas se centran en un punto clave: los datos. La
banca antes tenía el "monopolio" sobre la información financiera de
los clientes, como señalan expertos en el sector que prefieren no ser
identificados, y ahora se ven obligados por esta normativa a abrirlos a
terceros para realizar pagos. De este modo, se abre la puerta a la entrada de
nuevos competidores que van desde las fintech, a las grandes tecnológicas o
incluso el comercio, que puede lanzar sus propias herramientas de pago.
Si antes cualquier pago que no fuera en efectivo se hacía
con intermediarios, como las tarjetas o las propias entidades financieras,
ahora los bancos estarán obligados a abrir sus datos a nuevos operadores, que
conectarán directamente al emisor del cobro con la cuenta del consumidor. Los
expertos señalan que esta normativa está llamada a introducir competencia en
los medios de pago, a incluir mayor seguridad en los mismos y a impulsar la
digitalización del negocio.
Más allá de Botín y de algunas declaraciones de José María
Roldán, presidente de la AEB, el sector no ha levantado en exceso la voz contra
la normativa, pero los expertos reconocen que preocupa a todos por igual. La
principal crítica que se hace es que, mientras ellos tienen que ceder sus datos
a terceros, estos no se los ceden a ellos. Es decir, Google o Facebook pueden
entrar a conocer los movimientos en la cuenta de un usuario si crean una
pasarela de pagos y este les otorga el permiso, pero una entidad no puede
acceder a la información que estos gigantes de internet tienen sobre sus
clientes. Estos datos pueden ser, por ejemplo, las búsquedas que realizan o las
páginas que les interesan, lo que permitiría segmentar e individualizar mejor
sus productos.
Fernando Rufilanchas, responsable de servicios financieros
de Accenture, puntualiza que la directiva incluye recomendaciones y que los
requisitos específicos no se formalizarán hasta el año que viene, cuando se
completará la entrada en vigor de esta normativa. El directivo defiende que la
normativa será "beneficiosa" para todas las partes implicadas.
"El aumento de la transparencia y la competitividad permitirá elegir más y
mejor a su proveedor de información", subraya. La consultora tecnológica
defiende que el banco podrá acceder con estas herramientas a nuevos
consumidores.
Otros expertos, sin embargo, señalan que la nueva
legislación abre dos vías para la pérdida de ingresos para la banca. Por un
lado, el acceso de terceros a datos de los clientes de las entidades permitirá
que puedan hacer ofertas a los consumidores para mejorar las condiciones que
tienen con sus bancos. Por otro, al perder también el papel protagonista en las
operaciones de pago, tendrá un impacto en sus ingresos, según señalan estos analistas.
El mismo artículo en el que Botín critica la regulación, el
Financial Times cita un informe de
Citigroup en el que se cifra en más de un tercio el volumen de ingresos
que perderán los bancos hasta 2025 por la disrupción digital en negocios como los
pagos o los créditos a las pymes. Esta estimación no estudiaba únicamente el
impacto de la PSD2 sino de los cambios tecnológicos en el sector.
Los analistas puntualizan que la nueva normativa es un
"reto" para la banca de la Europa continental. Señalan que si se
trasladara a otros negocios, como los créditos al consumo, transformaría por
completo su modelo de negocio, muy basado en dar muchos servicios a un cliente,
en lugar de que éste tenga los distintos productos disgregados entre varias
entidades, como ocurre por ejemplo en Reino Unido.
Aunque no todo es negativo para la banca, según los
expertos. Igual que la llegada de nuevos actores puede afectar a la presión
competitiva, cada entidad podrá optar por adentrarse en estos negocios más
modernos para arañar clientes a otros rivales. Estos analistas entienden que es
un gran reto y que los vencedores serán los que se adapten mejor a costa de los
competidores.
La directiva entró en vigor el pasado 13 de enero. Sin
embargo, una quincena de países, entre los que se encuentra España, todavía no
han formalizado su inclusión en la regulación nacional. En el caso español, la
Comisión Europea comunicó al Gobierno recientemente la apertura de un expediente sancionador por el
retraso en los trámites. El Ministerio de Economía confía en aprobar el Real
Decreto antes de este verano.
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