Por José Santos
Pulido Mancebo (ATTAC, Plataforma por una Banca Pública)
Nueva Tribuna.es,
11/04/2018.
El pasado 28 de marzo el diario digital El Confidencial
publicó un artículo del economista Juan Ramón Rallo, sobre la elevada
proporción de acreditados morosos y dudosos, a 31 de diciembre del 2016, en los
préstamos concedidos en 2010 y 2011 por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Una situación conocida por el reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre la
actividad del ICO.
Ese hecho ha servido de excusa al profesor Rallo para
demonizar al sector de Cajas de Ahorro, además de elucubrar sobre las nefastas
consecuencias para el Estado de haber una Banca Pública, cargando de paso
contra el partido Podemos que apoya ese proyecto.
No cabe entrar en una discusión con el señor Rallo sobre las
teorías económicas que sustentan o reniegan de un sector financiero público,
pero sí cabe rebatir las inexactas afirmaciones del artículo citado y el
tendencioso titular: 83% de morosidad: así sería la banca pública, que en modo
alguno corresponde a los datos reales.
Es indiscutible que en 2011 comenzó una profunda crisis del
sistema financiero español que aún colea. No voy a entrar en su origen, pero es
cierto que esa crisis afectó a todas las entidades de crédito en mayor o menor
medida, aunque no todas hayan recibido ayudas significativas del Estado por tal
motivo.
También asumo que la solución del Gobierno, con el
conocimiento del Banco de España, apoyando a algunas entidades y las medidas
aplicadas estarían debidamente sustentadas técnicamente. Y considero que, al
margen de este artículo, esa solución era mejor que dejarlas caer para
liquidarlas, porque el Estado hubiera tenido que devolver los depósitos
garantizados por los Fondos correspondientes.
Pero no estoy de acuerdo en que se llegara a situaciones de
crisis porque las entidades involucradas fueran las Cajas de Ahorros, ni que,
según dice Rallo, las Cajas fueran el “tramo público del sistema financiero”,
un nuevo concepto creado. Otro dato que apunta Rallo sobre la maldad de las
Cajas de Ahorro es que el 70% de su cartera crediticia estaba ligada al sector
inmobiliario frente a un 50% de los bancos. Pero eso ha sido así
tradicionalmente y las Cajas han sido más activas que los bancos en ese ámbito.
Pretender que las Cajas son banca pública no se ajusta a la
verdad y nunca ha sido así, pues estaban definidas como fundaciones privadas,
aunque alguna en el pasado gozara de la garantía de ente público. Tampoco les
confiere a las Cajas de Ahorros carácter público la intervención de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en la designación de algunos miembros de
sus Órganos de Gobierno, pues otras entidades (Iglesia, sindicatos e
impositores) también designaban sus representantes en los órganos directivos.
Además, una vez designados los miembros concretos de los
Órganos de Gobierno, recae en esas personas la responsabilidad de la gestión de
la entidad. Así se ha puesto de manifiesto en los procedimientos judiciales que
afectan a miembros de algunas entidades financieras, pues en ellos se ha
investigado (y en algún caso se ha condenado) a los miembros de los Órganos y
no a los partidos políticos que propusieron su nombramiento: se juzga a Rodrigo
Rato y no a Mariano Rajoy, por ejemplo. Por tanto, cabe concluir que la crisis
de las Cajas de Ahorros ha sido por las actuaciones de personas concretas, por
acción u omisión, y no por la personalidad jurídica de las Cajas. Entre esos
responsables también estarían los miembros de la Alta Dirección de las Cajas y
no solo sus Órganos colegiados.
Además, si hubiera sido determinante ser una Caja de Ahorros
para entrar en crisis también hubieran caído La Caixa, Unicaja, Ibercaja y las
tres Cajas vascas. Pero no ha ocurrido, han salido reforzadas y han aumentado
su tamaño. Además de que las antiguas Cajas, salvo dos pequeñas, han acabado
como bancos privados. Las personas aficionadas a las conspiraciones pensarán
que, con decenas de miles de millones de euros por medio, se ha logrado lo que
algunos siempre han querido en el sector financiero: la desaparición de las Cajas
de Ahorros de las finanzas españolas.
También quiero recordar que en junio de 2017 el Banco
Popular fue intervenido por el FROB e inmediatamente vendido al Banco de
Santander por un euro. Por ahora esa operación no ha costado nada a las arcas
del Estado, pero ya se verá qué sucede cuando arranque el aluvión de demandas
judiciales de antiguos accionistas y bonistas del Banco Popular en España y
otros países.
Veamos ahora el papel del ICO, que Juan Ramón Rallo utiliza
como ariete contra la banca pública. En primer lugar, cabe señalar que el ICO,
definido como Agencia Financiera del Estado, actúa como banco de inversión bajo
la supervisión del Banco de España, según las directrices del Gobierno. Pero el
ICO no capta fondos entre el público en general ni dispone de medios para
operaciones de activo a acreditados corrientes. Lo que implica su absoluta
dependencia de las entidades de crédito privadas para desarrollar su tarea
crediticia.
El informe del Tribunal de Cuentas sobre el ICO se ciñe a
los saldos de los préstamos en vigor a 31 de diciembre de 2016; lo que los
acreditados deben en esa fecha descontados los importes devueltos. Este matiz
es importante al analizar qué se pretende, pues la cifra de morosidad que se
cita más adelante puede ser muy superior a la real de la línea.
No obstante, a partir de los datos del informe, se puede
avanzar que de los 34.237 millones de euros de los préstamos en vigor del ICO a
31 de diciembre del 2016, solo 749,9 millones corresponden a operaciones
efectivamente aprobadas por este, es decir el 2,2%. Ahora, y después de un
farragoso camino por las páginas de informe, se puede llegar al resultado de
que, de esos 749,9 millones de euros, el saldo contable de la línea ICO Directo
es 54,4 millones. Cifra a la que se llega partiendo de 211,5 millones de saldo
vivo más ajustes; esta última cifra es la que se utiliza como denominador para
calcular la ratio de impagados y fallidos del 83% citada en el artículo.
Pues bien, Rallo coge el rábano por las hojas cuando afirma
que la excesiva morosidad presentada en la línea ICO Directo (que además es
insignificante tanto en el organismo como en el sistema financiero español en
su conjunto) supone que todas las operaciones concedidas por cualquier entidad
financiera pública llevarían el mismo camino. Es tan absurdo que basta
simplemente con recordar la ejecutoria del Banco Hipotecario de España sin ir
más lejos. Lo más adecuado sería preguntarse cómo se ha llegado a esa anómala
situación, para demandar responsabilidades o para evitarla en un futuro.
En el sentido de lo expuesto más arriba hay que entender que
la decisión de crear esa línea le vino impuesta al ICO por el Gobierno, y se
hizo ante la sensación de que las entidades de crédito privadas abandonaban
apresuradamente la financiación de PYMES y autónomos. La causa más plausible de
esa elevada morosidad es que la calidad crediticia de casi la totalidad de las
solicitudes era pésima y no deberían haber sido atendidas, y esos errores se
explicarían por la falta de experiencia de los empleados del ICO. Sin embargo, resulta que, como han publicado
los medios, el ICO contrató exempleados de banca como analistas para revisar
las solicitudes.
Ante la carencia de medios para atender las instrucciones
recibidas, el ICO en 2010 contrató la comercialización de ese producto con dos
grandes bancos (BBVA y Santander, según los medios). Eso significa que fueron
esos bancos los que presentaron a los candidatos de la línea ICO Directo.
En las alegaciones del ICO al informe se menciona que sus
analistas rechazaban el 87% de las solicitudes que revisaban, lo que significa
que se aceptaba aproximadamente una de cada diez. Si a posteriori hubo
incidencias en la mayoría de las concedidas, huelga decir cómo serían las
rechazadas. Sin entrar en como BBVA y Santander hicieron la selección previa de
los candidatos presentados al ICO, lo inconcebible es que en ese tipo de
operaciones hubiera esa falta de calidad crediticia en esos bancos, y ahí lo
dejo.
Siempre hay que sacar partido a cualquier circunstancia, y
ello me hace pensar que el error del Gobierno al plantear la línea ICO Directo
fue creer que el ICO sería capaz de llevar a cabo el plan. Pero de haber habido
una banca pública de proximidad, hubiera sido el vehículo ideal para la
inyección urgente de fondos en la economía real, ante una situación
desesperada.
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