Crónicas de Lanzarote,
27/06/2018.
El Parlamento de Canarias ha apoyado, con la única
abstención del Grupo Nacionalista (CC-PNC), tomar en consideración la
Proposición de Ley elaborada por Podemos Canarias para modificar el Estatuto de
los Consumidores/as y Usuarios/as del año 2003 de cara a “reforzar y actualizar
la protección de los derechos e intereses legítimos” de la ciudadanía canaria
“debido a la aparición de nuevas prácticas comerciales” y con el fin de adaptar
la normativa autonómica de hace 15 años a la legislación europea.
El texto, que ha sido defendido por la secretaria general y
portavoz parlamentaria de la formación morada, Noemí Santana, incluye acabar
con las cláusulas abusivas de los bancos y con la publicidad engañosa, haciendo
especial hincapié en los productos dirigidos a menores.
“Muchas veces los poderes públicos y gobiernos han protegido
a las grandes empresas y han dejado en el olvido los abusos que se cometen con
los clientes, que somos la mayoría de la población, y por eso queremos plantear
que hay alternativa y que es posible proteger los intereses de las personas que
consumen”, ha asegurado Santana.
Para ello, el texto que ahora inicia su tramitación para ser
aprobado antes de que concluya 2018 plantea que cuando una persona que ha
contratado una hipoteca para comprar su vivienda habitual no pueda hacer frente
a los pagos, se establezca la obligación de acudir a la mediación o arbitraje
antes de que se inicie el procedimiento judicial para intentar que el banco y
el consumidor lleguen a acuerdos que permitan que éste pueda conservar la
vivienda habitual.
“La actual Ley es del año 2003 y durante sus 15 años de
vigencia los sucesivos gobiernos de Canarias no han sido capaces ni siquiera de
aprobar el reglamento que la desarrolle”, ha incidido Santana.
Séptima Ley de la
formación morada
Ésta es la séptima proposición de ley que la formación
morada presenta en esta Legislatura y, como las anteriores, recoge las demandas
que asociaciones y colectivos de consumidores han trasladado a la formación
morada para actualizar la legislación en materia de protección de las personas
consumidoras y usuarias en el Archipiélago.
“Esta propuesta de modificación de ley no surge de antojos
de economistas ni de programas electorales hechos en despachos, viene de la
gente, es algo reclamado por la ciudadanía. Y creemos que para esto estamos
todos los partidos en las instituciones: para atender las demandas de la
gente”, ha defendido.
La líder de Podemos Canarias ha recordado que la
Constitución establece en su artículo 51 que corresponde a los poderes públicos
garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses
económicos de los mismos y que en Canarias es el artículo 31.2 del Estatuto el
que atribuye la competencia exclusiva en materia de defensa del consumidor y
usuario.
“No se puede legislar pensando en las empresas del Ibex35,
en las grandes cadenas hoteleras o en empresarios de la seguridad privada, y
este es un proyecto de Ley con el que debemos volver a demostrar que en este
Parlamento estamos para resolver los problemas de la gente”, ha insistido
Santana durante su intervención.
Servicios esenciales
Por lo que respecta a la luz o el agua, que son servicios
esenciales y mínimos para tener una vivienda digna, el texto plantea que las
empresas no pueden dejar de prestar el servicio cuando no se abona una factura
o recibo porque se hace una reclamación.
La propuesta incluye una serie de procedimientos para
facilitar darse de baja de servicios de telefonía móvil, luz o agua, que en la
actualidad resultan más complejos y dificultosos que los que se exigen para
contratarlos.
Además, en relación con determinados colectivos
especialmente protegidos, se eliminan las barreras de acceso a la información,
concretamente para personas con discapacidad física o psíquica o con
dificultades para la comprensión lectora, fomentando “la utilización del
sistema braille en los productos alimenticios”.
La modificación del vigente Estatuto de los Consumidores y
Usuarios presentada por la formación morada incluye la necesidad de hacer
transparente la información sobre la titularidad de los derechos de los
créditos hipotecarios u ordinarios cedidos a un fondo de titulización, pues es
frecuente que cuando no se puede pagar el préstamo o se ejecuta una hipoteca la
personas afectadas se encuentren en una situación de indefensión al desconocer
a quién deben el dinero.
“Cuando no se puede pagar el préstamo o se ejecuta una
hipoteca la ciudadanía se encuentra en muchas ocasiones con que la deuda la
está reclamando el banco y a lo mejor ya no es el titular del préstamo”, ha
recordado Santana.
Compras ‘on line’
Con la finalidad de garantizar la protección de los consumidores
que adquieren productos o contratan servicios a distancia, a través de internet
o fuera de las tiendas donde normalmente se venden, el texto presentado por la
formación morada refuerza los requisitos de información que los consumidores
han de recibir antes de proceder a la compra o contratación: descripción exacta
del producto , a quién se lo está comprando, quién lo ha fabricado, el precio
final (incluyendo los gastos de envío, muy habituales en Canarias) y formas de
pago.
La proposición de ley aceptada por el arco parlamentario
incide en la necesidad de que como las competencias en defensa de los
consumidores no solo recaen en una sola consejería, y existen en la Comunidad
Autónoma otros servicios de inspección destinados a defender los derechos de
los consumidores y consumidoras, se deben establecer mecanismos que acaben con
la actual descoordinación y conflictos de competencias.
Además, la formación morada cree necesario crear equipos
multidisciplinares que permitan garantizar la defensa de los derechos de
usuarias y usuarios y hacer más eficientes y eficaces las labores inspectoras
en todas la islas.
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario