Por Íñigo de Barrón
Diario El
país, 24/3/2013.
España está batiendo muchos
récords con esta interminable crisis financiera. Uno de ellos es tener nueve
juicios abiertos contra otras tantas entidades financieras: Bankia, Caja
Madrid, Banca Cívica, CAM, Banco de Valencia, Caixa Penedés, Caja Castilla La
Mancha y Eurobank, cuya quiebra se produjo en 2004. En total, se estima que
pueden estar imputados unos 90 ejecutivos (74 ahora juzgados en la Audiencia
Nacional y otros 16 de Banca Cívica que están pendientes del traslado de la
causa desde el juzgado de Pamplona). A estos 90 habría que añadir dos más:
Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán: un juzgado de Instrucción de Madrid
investiga posibles
irregularidades en el crédito de 26,7 millones concedido por Caja
Madrid al que fuera presidente de la CEOE. Y si prospera una denuncia
presentada por Adicae contra Catalunya Banc, está entidad y sus directivos
entrarían en la lista.
¿Errores de gestión o
culpabilidad?
El mayor temor ciudadano es que
por motivos legales o la dificultad de demostrar una culpabilidad clara, estos
casos acaben en nada. “La diferencia entre un error de gestión y un fraude es
comprobar si se hace con reiteración y si alguien se beneficia de una forma
continuada”. Este será un principio clave, según cuenta uno de los
investigadores. Hasta ahora los directivos admiten haber cometido errores, por
desconocimiento, hundimiento del mercado o nueva legislación. Es decir, sin
dolo o culpa personal. Sin embargo, fuentes jurídicas apuntan que el concepto
ha evolucionado jurídicamente. “A partir de 2009, cuando ya estaba aquí la
crisis, cabe preguntar a los gestores si las decisiones que tomaron eran las mejores
para el banco. Si firmaron una refinanciación a 60 años con pocas garantías y
luego la operación ha tenido graves perjuicios para la entidad, puede haber
indicios para atribuir el dolo o la administración desleal”. Andrés Herzog,
abogado de UPyD, señala que con la apertura de juicios orales, “cambia la
actitud inicial de que nadie culpa a nadie. Pueden empezar las acusaciones”. Lo
que nadie duda es que pasará tiempo hasta que se juzguen estos casos. El fiscal
general del Estado dijo esperar sentencias en dos años, pero son pocos los que
creen que se cumplirá este plazo.
Esta judicialización de buena
parte de la actividad financiera no es una casualidad. Las entidades
investigadas han recibido 37.700 millones de dinero público (en su mayoría),
así como de aportaciones del propio sector financiero a través del Fondo de
Garantía de Depósitos. Esta inmensa fortuna supera todos los recortes que ha
hecho el Estado en educación y sanidad. Hasta el momento, los contribuyentes
han perdido para siempre unos 6.000 millones utilizados para reflotar el Banco
de Valencia (vendido por
un euro a La Caixa) y 400 millones destinados a tapar la morosidad
de la cordobesa Cajasur.
La situación ha provocado una
indignación social sin precedentes contra el sector financiero. Ahora está
pendiente una depuración de responsabilidades de los directivos de los grupos
caídos para aclarar cómo ha sido posible una ruina de tal magnitud. La
sociedad, y parte de los partidos, sobre todo IU y UPyD, exigen que se
investigue a fondo la quiebra de algunas de estas entidades, una sensibilidad a
la que no parece ajeno el Poder Judicial.
Sin embargo, existen diferencias
muy importantes. Se puede decir que los supuestos delitos investigados se
dividen en tres categorías. Por un lado están las supuestas operaciones
fraudulentas con perjuicio para la entidad o beneficio para unos pocos. Este
sería el caso de la CAM,
Banco de Valencia y CCM.
En otro grupo se analizan indemnizaciones y prejubilaciones vergonzosas de
ejecutivos que se fueron, dejando la entidad en insolvencia. Este es el caso de
Novagalicia, Caixa Penedés, Banco de Valencia y CAM.
Por último, están las fallidas salidas a Bolsa, como Bankia y Banca Cívica. Muchas de
estas entidades emitieron
participaciones preferentes, lo que complica los casos.
Tras las graves acusaciones (sin
pruebas) de los inspectores del Banco de España sobre que la cúpula de la
entidad “miraba para
otro lado ante los indicios de delito”, el actual supervisor y el
Gobierno no quieren que nadie diga que no se investiga a fondo. Por eso, han
contratado especialistas en detectar fraudes e irregularidad, que forman grupos
de forensic que trabajan para el FROB, el Banco de España y Bankia. KPMG tiene
el equipo más importante, con casi 100 personas entre Madrid y Barcelona. Desde
PwC también se investigan algunos de los casos citados. Muchos banqueros han
pasado en poco tiempo de los lujosos despachos a la dureza de banquillo.
» Bankia. Es el caso que acumula
todos los récords por imputados, magnitud de afectados y daños al Estado. En
julio de 2012 UPyD presentó una querella contra 33
miembros consejeros de la entidad, contra Bankia y Banco Financiero
y de Ahorros por delitos de falsificación de cuentas, maquinación para alterar
el precio de las cosas y apropiación indebida. Entre los imputados figuran el
exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de Bancaja José
Luis Olivas, el exministro del Interior Ángel Acebes; el presidente de la CEIM,
Arturo Fernández; el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, el
ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada, y la
exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced.
» Banco de Valencia.
Se investigan ocho querellas
prestadas por el Estado a través del FROB por supuestos delitos de
estafa, administración desleal y apropiación indebida. Hay ocho imputados,
entre ellos el expresidente de la Generalitat y de Bankia José Luis Olivas
(también imputado en Bankia), el ex consejero delegado del Banco de Valencia
Domingo Parra y el exvicepresidente de la entidad, Antonio Tirado.
» CAM. ¿Hasta
qué punto la situación que llevó a la intervención de Caja Mediterráneo (CAM)
en julio de 2011 fue resultado del exceso y la imprudencia o consistió en un
saqueo en toda regla? Son interrogantes a los que trata de responder el juez
Javier Gómez Bermúdez, de la Audiencia Nacional, que el 6 de marzo ordenó un
registro de los domicilios en Alicante del que fuera director general, Roberto
López Abad, y del ex director general adjunto de inversiones inmobiliarias,
Daniel Gil Mallebrera. Gómez Bermúdez está tomando declaración a 30 consejeros
y directivos de la entidad entre los años 2006 y 2011 sobre los créditos
millonarios concedidos al expresidente de la comisión de control Juan Ramón
Avilés.
» Caixa Penedés.
Los hechos investigados encajan como delito
societario continuado de administración desleal. Están imputados
cuatro ex altos cargos de la entidad: Ricardo Pagés, Manuel Troyano, Santiago
José Abella y Juan Caellas. El juez entiende que los responsables de Caixa
Penedés “diseñaron una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse
ilícitamente una desproporcionada ganancia patrimonial a costa y a espaldas de
la entidad”. Tanto Pagès como Santiago José Abella han tenido que prestar
fianzas de 11,6 millones y de 1,8 millones, respectivamente.
» Novagalicia. Querella de
la Fiscalía Anticorrupción contra cinco ex altos directivos: Julio
Fernández Galloso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán Oscar Rodríguez y
Francisco Javier de Paredes. Se les considera supuestos responsables de
administración desleal y apropiación indebida tras cobrar 30 millones de
indemnizaciones. La entidad necesitó 8.000 millones de ayudas del Estado. Están
en libertad con fianzas que superan los 10 millones o en procedimiento de
embargo de sus bienes.
» Caso Caja Castilla
La Mancha (CCM). El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido
a CCM
las actas de la comisión ejecutiva en la que se aprobaron más de 20 préstamos y
otras operaciones presuntamente irregulares. Según el Banco de España pudieron
causar un quebranto a la entidad de 267 millones. La querella está presentada
contra el socialista Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de la entidad, y el
director general (nombrado por el PP) Ildefonso Ortega.
» Banca Cívica.
El 11 de marzo el juez Eloy Velasco admitió a trámite la querella
de UPyD contra los consejeros de Banca Cívica por irregularidades en
la fusión y salida a Bolsa de la entidad. Se investigarán delitos de
falseamiento contable, administración fraudulenta, maquinación para alterar el
precio de las cosas, y apropiación indebida. El juzgado de Pamplona quedaría
con la investigación de la denuncia del colectivo Kontuz por el escándalo del
cobro de dietas en Caja Navarra de hasta 8.000 euros por mantener tres
reuniones en un solo día. Percibieron este dinero la presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina; el expresidente Miguel Sanz; el alcalde de Pamplona,
Enrique Maya, y los miembros de UPN José Iribas y Ana Elizalde, que anunciaron
que devolverán las dietas.
» Caso Eurobank.
En abril de 2005, la Audiencia
Nacional aceptó la competencia de las diligencias que se seguían en
un juzgado de Barcelona en el que se investigaba si los responsables de
Eurobank, encabezados por su expresidente Eduardo Pascual, cometieron delitos
societarios, de falsedad, de apropiación indebida y estafa.
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