Comunicado de la Plataforma
por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por una Banca Pública
Han hecho falta la expulsión de cientos de miles de familias de sus
hogares, desde que empezó la crisis, para que el Gobierno decrete una moratoria
de dos años en los desahucios. La medida es resultado exclusivo de la gravedad
de la situación y de la lucha ejemplar de muchas personas, afectadas e
indignadas por lo que está sucediendo, con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas
(PAH) a la cabeza, que demuestran que la lucha merece la pena aunque se esté
lejos de haber solucionado el problema. Pero debemos denunciar que no es una
solución sino un parche mínimo que no resuelve el problema de fondo, pues
seguirá habiendo miles de desahucios y miles de familias atrapadas por deudas
impagables y sin derecho a una vivienda digna. Nuestra Plataforma quiere
manifestar su condolencia a los familiares de los fallecidos y sumarse al gran
número de movilizaciones y protestas expresadas desde muchos sectores de la
sociedad.
En realidad, el Gobierno está aplicando la medida que la propia banca
anunció hace unos días. Y no nos sorprende, pues el PP es el representante
directo de la propia banca y de las grandes empresas, no en balde su ministro
de Economía proviene de los consejos de administración de las entidades
financieras.
Por su parte, la actual dirección socialista demostró
durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero que carece de una alternativa real
porque defiende una política económica muy similar, y que ahora les ata de pies
y manos a la hora de plantear medidas efectivas para resolver los problemas que
hay planteados. En este tema, como en los demás, el PSOE va a tener que elegir:
o con los banqueros o con los desahuciados.
El derecho a la vivienda, a pesar de estar recogido en la Constitución,
nunca se ha cumplido. Siempre se la ha considerado una mercancía, un negocio;
nunca un bien de primera necesidad y un derecho. Antes de la crisis, muchas
personas no podían acceder a una vivienda y otras sólo podían hacerlo
comprándolas a unos precios muy por encima de su valor real, lo que les obligó
a contraer unas deudas enormes. Con esas operaciones, constructoras,
inmobiliarias y, en última instancia, las entidades bancarias, ganaron enormes
sumas de dinero.
La crisis ha puesto sobre la mesa que las viviendas no valían lo que
nos pedían por ellas, pero quieren exprimirnos hasta la última gota. Cuando
empezó la crisis, todas esas deudas se convirtieron en una auténtica trampa
para cientos de miles de familias, que han tenido que hacer enormes sacrificios
para seguir pagando su hipoteca o se han visto abocadas a perder sus casas. Y,
en muchas ocasiones, no sólo pierden su hogar, sino que arrastran una deuda que
lastrará el resto de sus vidas.
Sin embargo, mientras a las familias se las desahucia, el Estado y el
Banco Central Europeo han puesto a disposición de las entidades bancarias
cientos de miles de millones de euros. El Estado está avalando a las entidades
financieras, les presta dinero, les inyecta capital y, finalmente, va a
comprarles las viviendas y suelos que no pueden vender a un precio suficiente
para recuperar sus pérdidas. Precisamente el mismo Consejo de Ministros que ha
aprobado esas escasas medidas contra los desahucios, ha dado luz verde a la
creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como banco malo, que se
encargará de comprar los activos inmobiliarios de los bancos con dinero
público.
El resultado es que el Estado se hace cargo de la deuda privada
incobrable de los bancos, aumentando la deuda pública, y haciendo más recortes
en el gasto social. No es ninguna casualidad que el plan de rescate al sistema
financiero español venga vinculado a medidas de “reforma”, que, en realidad,
son ajustes y recortes en los servicios públicos y en los derechos sociales.
Quienes defienden esta política económica, jamás podrán resolver el
problema de los desahucios dado que son los primeros responsables, porque están
gobernando en beneficio de los grandes accionistas de las entidades
financieras, y no de la mayoría de la sociedad. Cientos de miles de familias
carecen de vivienda, no porque la sociedad carezca de ellas, sino porque se
tratan como una mercancía más que se utilizan para hacer negocio. Hay millones
de viviendas vacías, y buena parte de ellas son propiedad de los bancos.
Medidas y reivindicaciones de la Plataforma
Ante esta situación, conscientes de la necesidad de tomar medidas
urgentes y no meras reformas cosméticas que no solucionen el problema de fondo,
la Plataforma por la Nacionalización de
las Cajas de Ahorros y por una Banca Pública reclama que:
a) Todas las viviendas propiedad de los bancos y de las antiguas cajas, que reúnan las condiciones adecuadas, deben
incorporarse a un parque público de viviendas en régimen de alquiler, lo
que permitiría tomar medidas rápidas para atender a las familias desahuciadas.
Las enormes sumas de dinero público destinadas a los bancos bastarían para
justificar esa medida.
b) Ninguna familia debe ser desahuciada por carecer de recursos para hacer frente a
su hipoteca, sino que, en última instancia, se le debe de aplicar la dación en
pago e incorporar su vivienda al parque público y que pueda seguir viviendo en
ella con un alquiler al que pueda hacer frente.
c) Debe aplicarse la dación en pago con carácter
retroactivo a todas aquellas personas que han sido desahuciadas.
Estas medidas colisionan con los intereses de los grandes accionistas
de las entidades bancarias y sus representantes políticos. Los banqueros ya han
alertado sobre el riesgo de cambiar “las garantías crediticias”, pues muchas de
las hipotecas ya han sido vendidas a terceros en el mercado, y el gobierno no
tiene ninguna intención de tomar medidas que les perjudiquen; por el contrario,
les va a hacer una nueva entrega de dinero público.
Esta situación, con una banca pública controlada democráticamente jamás
se hubiera producido. Es imprescindible unir las anteriores reivindicaciones a
las siguientes:
- Nacionalizar de forma integral y definitiva todas las cajas de
ahorros y sus bancos participados, a fin de convertirlos en el pilar
central de una banca pública. Todas las ayudas públicas que puedan necesitar
el resto de entidades bancarias (incluidos los préstamos del BCE) se
transformarán en acciones públicas, con entrada de representantes públicos
en los consejos de administración de las mismas.
- No se transferirá ni un solo euro público más a ninguna entidad hasta
que se complete una auditoría pública y transparente de las cuentas de
todas las entidades financieras españolas que permita establecer un plan de
saneamiento efectivo.
- Hasta que no esté terminada la auditoría se decretará una moratoria
en el pago de la deuda pública, la cual también tendrá que ser sometida a
una auditoría por el mismo procedimiento y con los mismos criterios que la
realizada a las entidades financieras.
- Los primeros en asumir las consecuencias de su situación deben ser los
accionistas. Los siguientes, los acreedores. A partir de la
información suministrada por la auditoría se establecerá qué deuda devolver y
qué deuda se considera ilegítima y, por tanto, no se devolverá, forzando una quita
de la misma. La devolución del resto se reestructurará de forma que no
impida el desarrollo de la sociedad. Sólo después de dar los anteriores pasos,
se inyectará dinero público a fin de garantizar los depósitos de los
impositores.
Disponible en: <
http://bancapublica.info/el-derecho-la-vivienda-es-posible>
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