Por Miguel M. Mendieta
Las irregularidades en la gestión
en las cajas de ahorros están en manos de los tribunales. La intervención o
nacionalización de una quincena de entidades ha desencadenado una cascada de
denuncias, tanto por el cobro de indemnizaciones millonarias por parte de
exdirectivos, como por la comercialización fraudulenta de productos
financieros. La máxima expresión de todos los procesos abiertos es el planteado
el pasado miércoles contra 33 exconsejeros de Bankia y su matriz, BFA, entre
los que se encuentra el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. En la
querella, presentada por el partido UPyD y admitida a trámite por la Audiencia
Nacional, se denuncia la comisión de delitos de estafa, administración desleal,
falsificación de las cuentas anuales, apropiación indebida y manipulación para
alterar el precio de las cosas.
Los juristas consultados tienen
serias dudas de que los procesos abiertos puedan llegar a desembocar en
condenas penales, pero su repercusión en términos políticos, y en el descrédito
generalizado del sector de cajas, será evidente.
Hasta el momento, la Fiscalía
Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar posibles irregularidades
en una decena de cajas: Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Duero, Caja España,
Caixa Penedès, Caja Mediterráneo, Caja Castilla La Mancha (CCM)...
Este último caso es el que más
avanzado está en términos judiciales. El expresidente de la entidad, Juan Pedro
Hernández Moltó, y otros consejeros y directivos fueron sancionados por el
Banco de España por su mala gestión al frente de CCM. En diciembre de 2010, se
inició un procedimiento judicial en la Audiencia Nacional, que aún no ha
concluido. En uno de los últimos giros del juicio, la fiscalía reconoció que ni
Moltó, ni el ex director general, Ildefonso Ortega, se habían enriquecido por
la gestión.
"Dependerá de cada caso,
pero en general va a ser difícil que las acusaciones puedan demostrar que ha
habido dolo en la actuación de los directivos", explica un abogado que
lleva procesos penales en la Audiencia Nacional.
Los dos casos que más alarma
social causaron fueron los de Caja Mediterráneo y Novagalicia. En ambos se está
investigando si algunos de sus directivos se concedieron generosos sueldos,
indemnizaciones y pensiones, pocos meses antes de que sus respectivas entidades
fueran intervenidas o nacionalizadas.
Otro de los aspectos penales que
tiene mayores visos de prosperar es la comercialización de participaciones
preferentes de forma irregular, entre clientes que no entendían la complejidad
del producto.
Novacaixagalicia. 30 millones
en indemnizaciones y el escándalo de las preferentes
Novacaixagalicia ejemplifica los
graves problemas que pueden aparecer al mezclar política y finanzas. El
proyecto de fusionar las dos cajas regionales, Caixa Galicia y Caixanova, fue
apadrinado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La combinación
de dos directos competidores obligó a realizar un alambicado ejercicio de
reparto de funciones directivas y de sedes corporativas.
Con el deterioro de la situación
económica, el proyecto se vio desbordado, lo que forzó el relevo de sus
gestores. Entre cuatro altos cargos (José Luis Pego, Gregorio González
Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García De Paredes), se repartieron
30 millones de euros entre indemnizaciones y pensiones, a pesar de que a los
pocos meses la entidad tuvo que ser nacionalizada y recibir varios miles de
millones de euros de dinero público.
-Fiscalía anticorrupción. El
clamor popular que surgió tras hacerse públicas las indemnizaciones cobradas
por los directivos provocó que la Fiscalía Anticorrupción decidiera tomar
cartas en el asunto. Hace dos semanas, decidió presentar una querella ante la
Audiencia Nacional contra estos exdirectivos, argumentando que todos ellos han
actuado "con abuso de las funciones de su cargo y pleno conocimiento de la
dificilísima situación económica" de la caja, en referencia al aumento de
las retribuciones que se aprobó durante la fusión a espaldas del consejo y del
Banco de España. El entonces presidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso,
también ha sido incluido en la querella al considerado último responsable.
-Preferentes. Además del
escándalo de las indemnizaciones millonarias, la fiscalía ha demandado a la
entidad por la comercialización fraudulenta de preferentes, donde le pide que
deposite una fianza de 1.108 millones.
Caja Mediterráneo-CAM. La
pensión millonaria de Amorós y la venta de cuotas participativas
El caso de Caja Mediterráneo
(CAM), fue el primero en el que se empezó a atisbar que la gestión de las cajas
de ahorros podía saltar de la imprudencia al dolo. La entidad fue intervenida
hace un año, y posteriormente adjudicada en subasta a Banco Sabadell, con una
importante subvención económica. Unos meses después de que el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recapitalizara la entidad financiera,
comenzaron a hacerse públicos los lucrativos contratos firmados por varios de
sus directivos cuando la caja ya estaba al borde del abismo.
María Dolores Amorós, directora
general en el momento de la intervención, cobraba un sueldo anual de 600.000
euros y, además, pactó una pensión vitalicia por 370.000 euros anuales.
-El juicio. Cuando el Banco de
España retiró a Amorós de su cargo por despido disciplinario, la exdirectiva
emprendió acciones legales para reclamar su pensión. El juzgado dio la razón al
Banco de España y dejó a Amorós sin indemnización ni pensión.
-La Fiscalía Anticorrupción ha
abierto una investigación para valorar si Amorós pudo haber cometido algún delito
al pactar su remuneración y la generosa pensión vitalicia. Además, la Audiencia
Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por la plataforma de
afectados de Caja Mediterráneo contra una decena de directivos de la entidad,
incluido el anterior director general, Roberto López y el expresidente, Modesto
Crespo. Los afectados son, fundamentalmente, clientes que invirtieron en cuotas
participativas.
CCM. Sus gestores aún no han
sido juzgados, tres años después de ser intervenida
Cuando el Banco de España decretó
la intervención de Caja Castilla La Mancha (CCM), el futuro del sector ya
estaba escrito, aunque pocos lo querían reconocer. Tres años después de que el
supervisor apartara a los gestores de la entidad, la recapitalizara y la
vendiera en subasta pública (a Cajastur, ahora en Liberbank), la causa judicial
abierta por las presuntas irregularidades cometidas en la administración de la
caja aún sigue en pleno proceso judicial. El coste máximo del rescate de esta
entidad se podría elevar a 4.100 millones de euros, costeados por el Fondo de
Garantía de Depósitos (FGD).
-Iniciada en 2010. La causa
contra los exdirectivos de la caja castellanomanchega se inició en diciembre de
2010. El Banco de España ya impuso a varios de los exconsejeros y directivos
sanciones administrativas, pero la mayor parte de los implicados la han
recurrido.
-Créditos polémicos. El juez de
la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, encargado de la instrucción, ha pedido al
Banco de España un dictamen sobre una serie de créditos polémicos concedidos
por CCM a Luis Portillo, Luis Delso, la familia Fermoselle, Domingo Díaz de
Mera y los hermanos Barco, por un importe total de 400 millones de euros.
-Opinión de la fiscalía. La
Fiscalía Anticorrupción ha concluido que el expresidente de Caja Castilla La
Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general de la
entidad, Ildefonso Ortega, no se enriquecieron personalmente durante su gestión
al frente de la caja manchega. En un escrito enviado al juez, la fiscalía
concluye que "después de la investigación efectuada por la Guardia Civil,
no se han detectado indicios de patrimonio oculto respecto de ninguno de los
dos imputados".
Caixa
Penedès. Investigación sobre los planes de pensiones
Caixa Penedès, integrada ahora en
grupo BMN, también está siendo objeto de una investigación por las
indemnizaciones que recibieron algunos de sus directivos y que, en conjunto,
superan los 20 millones de euros. Estos profesionales son el ex director general
(Ricard Pagès), el ex director general (Joan Caellas), el ex director general
(Manuel Troyano) y el ex director de recursos humanos (Jaume Jorba). Las
indagaciones las comenzó la Fiscalía Superior de Cataluña y después tomó el
testigo la Fiscalía Anticorrupción. De la cantidad señalada, Ricard Pagès
habría recibido cerca de 11 millones.
-Posición de BMN. El consejo del
grupo Banco Mare Nostrum -donde está integrada Caixa Penedès, junto a
Cajamurcia, Caja Granada y Sa Nostra- ha exigido a los cuatro exdirectivos
investigados la devolución de los más de 20 millones que tenían en pensiones
depositadas en otra entidad. De todas las entidades con problemas legales, BMN
es la única que no ha sido intervenida ni nacionalizada, aunque sí que ha
recibido un préstamo del FROB por importe de 916 millones, y podría tener
problemas para continuar siendo independiente.
Bankia. La Audiencia Nacional
imputa a 33 exconsejeros de la entidad
La admisión a trámite de la
querella interpuesta por UPyD contra 33 exconsejeros de Bankia y de su matriz
BFA ha provocado un fuerte terremoto en amplios círculos políticos y
financieros de Madrid y Valencia. El segundo grupo financiero español, producto
de la fusión de siete cajas (entre las que estaban Caja Madrid y Bancaja), fue
bendecido por todas las autoridades políticas y supervisoras, tanto en su
constitución, como en su decisión de salir a Bolsa. Su nacionalización y la
solicitud de 19.000 millones de capital, ha revelado los fallos de diseño del
grupo.
-El juicio será uno de los más
relevantes de la historia de España. No solo por las miles de personas
afectadas (entre accionistas, empleados y tenedores de participaciones
preferentes), sino por el perfil de los imputados: Rodrigo Rato
(exvicepresidente del Gobierno), José Luis Olivas (expresidente de la
Generalitat valenciana), Ángel Acebes (exministro de Interior). Entre las
personas que han sido llamadas a declarar en la fase de instrucción están el
exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la CNMV, Julio
Segura.
-Participadas. Tras conocerse la
imputación, algunos de los exconsejeros de Bankia y BFA que permanecen en los
consejos de participadas han empezado a renunciar a sus cargos. El grupo ya
tenía previsto reducir drásticamente el número de consejeros y que este proceso
estuviera culminado para el próximo septiembre. Ahora, sin embargo, podría
acelerarse.
-Los delitos denunciados se
refieren al enorme agujero patrimonial hallado tras la nacionalización, el
fiasco de la salida a Bolsa, a la comercialización de participaciones
preferentes y a la obtención de pensiones y créditos por parte de consejeros en
condiciones ventajosas. UPyD ha llegado a solicitar la intervención judicial
del grupo financiero, que actualmente está dirigido por José Ignacio Goirigolzarri,
presidente ejecutivo desde que Rodrigo Rato abandonó el cargo. La Fiscalía es
partidaria de imputar también a algunos directivos del grupo que no formaban
parte del consejo de administración.
Catalunya Caixa. Sospechas
sobre los sueldos de los exdirectivos de la entidad
Catalunya Caixa es otro de los
juguetes rotos del sistema bancario español. El intento de integrar un
colectivo de cajas catalanas para ganar tamaño y sortear la crisis nunca acabó
de funcionar. La entidad ha acabado siendo nacionalizada y está pendiente de la
recepción de hasta 4.300 millones de dinero público para recapitalizarse. A
pesar de este fiasco, algunos de los antiguos exdirectivos se fueron con
jugosas indemnizaciones antes de la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa.
-Investigación. La Fiscalía de
Barcelona ha abierto una investigación para conocer si existen indicios de
delito o de irregularidades en los sueldos que percibieron altos cargos de la
entidad. El Fiscal quiere determinar si esas remuneraciones son compatibles con
que la entidad recibiera ayudas públicas: 2.968 millones de euros vía Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que todavía no ha devuelto al Estado.
Algunas informaciones apuntan a
que el ex director general de Caixa Catalunya entre 1998 y 2008, Josep María
Loza, pudo cobrar cerca de 10 millones de euros en concepto de indemnización y
de pensión.
-El caso Unnim. El otro grupo
catalán de cajas que acabó siendo nacionalizado, y posteriormente vendido en
subasta a BBVA, también tuvo una investigación por parte de la Oficina
Antifraude de Cataluña (OAC), después de que se hiciera público que el último
director general, Enric Mata, pudo haber cobrado cerca de ocho millones de
euros tras dejar el cargo. Este organismo acabó concluyendo que los pagos se
habían ajustado a derecho.
Banco de Valencia. La entidad
denuncia a los anteriores gestores
La debacle de Banco de Valencia
-filial de Bancaja y, posteriormente, de Bankia- dio la señal de alarma sobre
lo que se avecinaba para el resto del grupo. El 28 de octubre de 2011, dimitía
su presidente, José Luis Olivas, presagiando la tormenta que se avecinaba.
Olivas, que también era presidente de Bancaja, había empezado a tener problemas
con sus socios en la alianza de cajas (especialmente con el presidente de Caja
Madrid y del grupo, Rodrigo Rato). Le reprochaban que la entidad había inflado
la valoración contable de Banco de Valencia, para ganar una mayor cuota en el
capital de Bankia. Un mes después de la salida de Olivas, el Banco de España
intervenía la entidad.
-Accionistas. En una convulsa
junta de accionistas, donde se aprobó que el Estado se hiciera con el control
del 91% de la entidad, también se acordó que Banco de Valencia ejerciera una
acción social de responsabilidad contra los anteriores gestores, especialmente
contra el que fuera el director general de la entidad durante 17 años, Domingo
Parra, que pactó una indemnización de 7,5 millones.
Fuente: diario Cinco Días,
07/07/2012. Disponible en:
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