Por Joaquim Sempere
Profesor emérito de
Sociología de la Universidad de Barcelona
La ILP presentada al Congreso y
avalada por más de 1.400.000 firmas pedía que se legislara la dación en pago
para saldar hipotecas en caso de no poder pagarlas y la opción del deudor a
conservar la vivienda durante cinco años pagando un alquiler, evitando así el
desahucio. Mereció el desprecio de la mayoría parlamentaria y del gobierno del
PP, que tuvo la desfachatez de alegar que generaría “inseguridad jurídica”. Al
gobierno le preocupa que los inversores gocen de seguridad jurídica para ir
engrosando sus beneficios y le importa un bledo la inseguridad jurídica,
económica, familiar y vital de la gente corriente.
Pero el PSOE quitó también
importancia a la ILP cuando se opuso, con el PP, a la comparecencia ante la
Comisión del Congreso del magistrado José Mª Fernández Seijo, el mismo que, al
elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha sido el
desencadenante del dictamen de este organismo que establece que con la actual
legislación española sobre hipotecas no se garantiza suficientemente la
protección de los deudores frente a cláusulas abusivas de los bancos. Según el
dictamen de este alto tribunal los jueces pueden paralizar un desahucio antes
de que se haga efectivo, incluso sin denuncia de la víctima, actuando de
oficio.
La conducta autoritaria es servil
con los de arriba y prepotente con los de abajo: ésta ha sido la reacción
inmediata tanto de la patronal bancaria como del gobierno de España. Uno y otra
se habían opuesto con ahínco, ferocidad y desprecio a las propuestas de la ILP,
avalada por una insignificante y despreciable ciudadanía. Al conocerse el
dictamen del TSUE, en cambio, no han tardado en reaccionar diciendo la patronal
que considera el dictamen “constructivo y razonable” y el gobierno que va a
incorporar su contenido a una nueva ley hipotecaria. Tratándose de quien se
trata haremos bien en observar con lupa cuáles son los pasos que vayan a dar y
no darles respiro hasta que se logre una solución humana aceptable a la
situación, sin olvidar a quienes ya han sido desahuciados y arrastran deudas
insoportables, además de haber vivido un infierno durante meses o años.
Un logro importante de este
dictamen –suponiendo que se aplique como se debe— es que da a los jueces la
oportunidad de detener la ejecución de los desahucios cuando se detecten cláusulas
abusivas. No obstante, me quedan varias dudas: ¿todos los jueces implicados
actuarán con el criterio de dar preferencia a una necesidad humana básica –el
acceso a una vivienda digna— sobre los privilegios del dinero? ¿Cómo se
interpretará si una cláusula es o no abusiva?
En cualquier caso, es evidente
que este dictamen va a evitar muchas situaciones trágicas y seguramente a
salvar unas cuantas vidas. En sí mismo es ya una victoria de las Plataformas de
Afectados por Hipotecas y un revés para la banca y su gobierno títere.
Hay quien dice que esto empeorará
la situación de quienes pidan hipotecas porque los bancos van a endurecer los
requisitos para concederlas y a aumentar los intereses. A este argumento se
puede replicar que si esto ocurre –como es probable tratándose no de una banca
pública, sino de una banca privada orientada a hacer negocio— seguramente no es
malo en sí mismo, pues una solución más razonable al problema del acceso a la
vivienda es el alquiler. Las autoridades debieron priorizar la construcción de
un parque suficiente de vivienda de alquiler –“social” o no— en vez de ceder a
la alianza de dos de los sectores más poderosos del gran capital español: las
grandes constructoras y la gran banca. Ambos sectores tienen un enorme interés
en promocionar la vivienda de propiedad y la consiguiente necesidad de crédito
para financiar su adquisición. Esta alianza ha sido, sin duda, el origen de la
burbuja inmobiliaria y los males consiguientes a su estallido.
La Europa que tenemos no es
atractiva ni recomendable por la inspiración claramente neoliberal de sus
esquemas de funcionamiento. Pero en algunas cosas aún nos puede ser útil; la
razón es que nuestra oligarquía financiera y sus servidores políticos son tan
prepotentes, tan faltos de una mínima sensibilidad democrática, que sus modales
chocan con los criterios de respeto a la ciudadanía que en otros países
europeos se dan por descontados.
Se han ganado posiciones. Pero
sigue la guerra para lograr que las personas, sus necesidades y su dignidad
estén incondicionalmente por encima del poder del dinero.
Fuente: diario Público.es,
15/3/2013. Disponible en:
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