Por Carlos Huerga
Público.es, 12/03/2014.
La gestión de la crisis por parte
del Gobierno nos tiene acostumbrados a titulares que dejan claro para quién
trabajan las instituciones. Una de las últimas noticias que nos hace
reflexionar sobre esto es la sentencia del juzgado de lo social número 8 de
Barcelona, que obliga al Estado a indemnizar al
expresidente y exconsejero de Catalunya Banc con 1,2 millones de
euros (600.000 a cada uno) ya que sus despidos se consideran improcedentes.
En toda sociedad existe un pacto
social en torno al cual se legisla. Es imposible que sobre esta legislación no
surjan contradicciones: medidas legales pero injustas. El problema viene cuando
lo que se pueden considerar hechos legales pero vacíos de legitimidad se
convierten en el día a día. El caso de Catalunya Banc nos brinda varios
ejemplos sobre al respecto.
Rescate de Catalunya Banc
Es la segundad entidad que más
dinero ha recibido del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB): más de 12.000
millones de euros. El gobierno ya ha asumido que se perderá
parte de este dinero público.
En su momento, su subasta se vio
frustrada por no encontrar
comprador. Sin embargo, la intención del Ministerio de Economía es
privatizar la entidad antes del verano. Cabe recordar el camino que siguió
NovaCaixaGalicia, rescatada por 9.000 millones de euros y vendida por
1.000 millones. Estas operaciones son legales.
Los recortes en el gasto público de
educación, sanidad y dependencia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
del año 2012 se acercaban a los 12.000 millones de euros. Estos recortes
también son legales.
Saneamiento de activos tóxicos
Para que se produjera el rescate
bancario, una de las condiciones que puso la Unión Europea era que la banca
nacionalizada estuviera saneada. Con este objetivo se creó la SAREB y Catalunya
Banc le traspasó 6.708
millones de euros en activos tóxicos, entre ellos, viviendas
desahuciadas o por desahuciar. Esta operación es legal.
La SAREB, fundada con casi un 50%
de capital público, en lugar de crear un parque de alquiler público con los
pisos que ha comprado a la banca rescatada, está vendiendo este parque a fondos de
inversión extranjeros a precios muy bajos. Mientras, el Banco de
España publicó una nota informativa, en la que se muestra que los desahucios
siguen aumentando. Expoliar el patrimonio público a la vez que se
desahucia es legal.
Indemnización a los gestores
Como comentábamos. Los dos
principales dirigentes de Catalunya Banc serán indemnizados con 1,2 millones de
euros. El Estado va a recurrir esta sentencia ante el Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya, pero si se ratifica, los directivos también tendrían
derecho a sus fondos de pensión, que suman más de cinco millones de euros. Que
te indemnicen por llevar un banco a la quiebra y lo tengamos que rescatar entre
todos es legal.
Coca Cola Iberian Partners, la
empresa embotelladora de Coca Cola resultante de la integración de las siete
empresas embotelladoras en España, ha planteado un ERE a los sindicatos que
afecta a cerca de 1.200
trabajadores y trabajadoras. Ante esto, la plantilla se ha puesto en
huelga indefinida desde el 17 de febrero. Esta empresa tiene unos beneficios de
900 millones de euros al año. Despedir cuando tienes beneficios es legal.
Es imposible que no surjan
debates en torno al eje legalidad-legitimidad. El problema surge cuando una
parte significativa de las decisiones que se toman para gestionar la crisis está
constantemente posicionándose del lado de los de arriba: rescate bancario
frente a recortes, venta de viviendas a fondos de inversión frente a
desahucios, indemnizaciones millonarias a directores de bancos nacionalizados
frente a despidos de miles de trabajadores en empresas que dan beneficios, etc.
Toda esta serie de
acontecimientos, más muchos otros que nos vamos encontrando día a día, no hacen
más que cuestionar la legitimidad de las instituciones y de las actuaciones del
partido de turno que las gestiona.
¿Cuando dicen que estamos
saliendo de la crisis se refieren a esto?, ¿es esta la Marca España de la que
tanto hablan? Más bien lo que parece es que la crisis económica es una gran
estafa organizada que saca a relucir las miserias de nuestro sistema político.
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